La criminalización a la defensa de derechos humanos en Nicaragua deja en completa vulnerabilidad a las comunidades de los pueblos originarios y sus defensores, sostienen activistas y líderes indígenas.
Nicaragua no cuenta con organismos defensores de los derechos humanos, ya que las personas que ejercían esta labor fueron obligados al exilio forzado producto de la represión instaurada por la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, a raíz de abril 2018 dejando de esta manera a la población desprotegida y sin espacios donde ejercer la denuncia.
Si bien es cierto que esto afecta a todo el país para las comunidades indígenas de los pueblos originarios de Nicaragua se complica mas «tomando en cuenta que se ha desarticulado el tejido social organizativo, esto quiere decir que la gente se siente sin respaldo, solos , expuestos y vulnerables todo esto siempre limita la denuncia, también existe una vigilancia activa con un proceso de restringir la información que pueda salir», dijo a intertextual un líder comunitario bajo condición de anonimato.
La situación que atraviesa Nicaragua en cuanto a la violación de derechos humanos es preocupante tomando en cuenta el reciente informe de Front Line Defenders, que posiciona al país en el séptimo lugar donde se registran asesinatos a defensores y en el segundo lugar a nivel de Centroamérica.
Los datos del informe son alarmantes para los organismos que trabajan en la documentación de violaciones a los derechos humanos de los y las nicaragüenses.
«Las violaciones al derecho defender derechos en Nicaragua no solo se deriva si no que e un sistema mas complejo que eso ya que atreves de una persecución institucionalizada se han unificado todos estos hechos, en Nicaragua no es posible ejercer la defensa de los derechos humanos y para esto han instaurado un esquema de represión aplicando al menos 17 leyes represivas», dijo el abogado y defensor de derechos humanos Juan Carlos Arce.
«Es importante tener en cuenta que en el caso de los territorios indígenas desde hace mucho tiempo no hay mucha información, esto se dificulta para dale seguimiento a lo que ha pasado considerando un comportamiento histórico de los fenómenos, aunque ahora existe vulneración en los territorios indígenas esto es de vieja data» explica el líder comunitario a su vez refiere, que la situación en los pueblos originarios la situación es más difícil e intenso que hace 7 años atrás.
Todas estas violaciones a derecho se reflejan en el cierre de mas de las 3,742 organizaciones, defensoras y defensores han sido obligados al exilio forzado, allanadas sus viviendas y desnacionalizados, la criminalización haca los defensores ha sido uno de los atropellos que realizado la dictadura y que ha puesto en evidencia ante los organismos internacionales que trabajan en la defensa de los derechos humanos.
Continúa explicando el líder comunitario «el cierre de las universidades que deberían tener un pensamiento crítico y los medios de comunicación en las comunidades indígenas como el caso de la radio de Yatama se ha quitado el derecho a los comunitarios a denunciar, lo bueno es que no tenemos otras alternativas como medios de comunicación y las redes sociales en la que podemos seguir realizando las denuncias atreves del anonimato».
En Nicaragua la defensa a los derechos humanos esta criminalizada y es una actividad de altísimo riesgo, a ninguna organización defensora de derechos humanos se le es permitido operar en el país los defensores que continúan en resistencia son constantemente asediados, amenazados y hostigados, desde el colectivo aplaudimos este informe que nos sirve como alerta para continuar desde el colectivo documentando los casos de violación a los derechos humanos de los y las nicaragüenses.
