El IX Censo Nacional de Nicaragua y V Censo de Vivienda, inicialmente previsto para finalizar en mayo de 2024, se enfrentan a serias acusaciones. Las irregularidades en la gestión financiera, la contratación de personal y el uso de recursos han generado una creciente desconfianza sobre la calidad de los datos recolectados y la transparencia del proceso.
María – nombre ficticio por motivos de seguridad – recorrió las calles de su municipio en la Costa Caribe de Nicaragua durante un mes, como parte de la más de 7,966 personas entrevistadoras que participaron en el IX Censo Nacional de Población y V Censo Nacional de Vivienda en Nicaragua (CEPOV).
Armada con una tabla Samsung, María recopiló información sobre las características de las viviendas, los integrantes de las familias y la economía familiar.
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Pese a estar programado el censo para finalizar en mayo. “El Instituto Nacional de Información de desarrollo (INIDE) extendió el plazo del censo, sin dar detalles específicos ” sostiene el Observatorio de Urnas Abiertas, y explican que la recolección de datos estuvo marcada por un clima de desconfianza debido al temor de represalias.
“Las personas que como María anduvieron en todos los municipios del país aplicaron un instrumento –al que Urnas Abiertas tuvo acceso– para identificar el estado de las viviendas e, incluso, para averiguar sobre la “migración internacional” de los y las nicaragüenses. Por medio de fuentes consultadas se supo que no en todos los hogares hicieron estas preguntas y, en otros hogares, las personas prefirieron dar información errónea debido al clima de desconfianza en el que se realizó el Censo Nacional” dice el Observatorio en su informe.
Censo Nacional en Nicaragua con nueve años de retraso
Este censo, que llegó con nueve años de retraso, ha sido objeto de críticas por la falta de transparencia en su ejecución financiera.
El último censo realizado, el de 2005, tuvo un costo de 14 millones de dólares y fue financiado por un préstamo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y por donaciones de Japón, del Sistema de Naciones Unidas y de otras instancias.
Según la investigación de Urnas Abiertas, el costo total del actual censo es desconocido y las prácticas irregulares en la gestión del presupuesto han generado dudas sobre la calidad de los datos recolectados.
De las 68 compras realizadas, al menos 15 se realizaron por motivo del Censo por un total de 17.7 millones de córdobas (480 mil dólares): una como “Contratación Menor” y 14 compras bajo la modalidad de “Contratación Simplificada”.
El medio de comunicación “Confidencial” estimó el costo en 92 millones de córdobas solo para la contratación del personal, pero este dato no coincide con el presupuesto asignado al INIE para 2024.
La financiación y los gastos del censo, incluyendo la compra de equipos y contratación de servicios, se han manejado con hermetismo.
Censo Nacional en Nicaragua: Irregularidades, hermetismo y desconfianza
Para la comunidad internacional, la calidad de las estadísticas nacionales ha sido de gran preocupación, así se demuestra en los acuerdos de los fondos recibidos en los últimos años a través de préstamos y donaciones para mejorar el Sistema Estadístico Nacional (SEN).
El informe de Urnas Abiertas apunta que el Fondo Monetario Internacional (FMI), en su última declaración técnica sobre Nicaragua, en noviembre de 2023, resaltó que “son necesarios mayores esfuerzos para reforzar los marcos de anticorrupción y de gobernanza y su aplicación efectiva, en particular el Estado de Derecho (“rule of law”)”. Sin embargo alabó a las autoridades gubernamentales porque “se ha progresado en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública”.
Sin embargo aunque el FMI celebre el progreso en la aplicación de la Ley de Acceso a la Información Pública, manifestó el observatorio “la realidad es que en este momento toda la ejecución presupuestaria del Censo está siendo manejada bajo total hermetismo, pues ni en el Presupuesto General de la República, ni en el presupuesto específico del INIDE, se ha incluido una partida para cubrir los gastos.”
El único aumento significativo en los presupuestos de las instituciones involucradas se observó en el Instituto de la Vivienda Urbana y Rural (INVUR) con un incremento del 110% respecto a 2023.
El Banco Mundial y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) han sido fuentes clave de financiamiento para el censo, pero la falta de transparencia en la ejecución de estos fondos ha sido preocupante. La firma auditora Grant Thornton Hernández y Asociados, S.A. encargada de revisar los estados financieros, ha estado involucrada en casos de corrupción, lo que socava la confianza en la integridad del proceso.
Denuncias de los empadronadores: Promesas incumplidas
María empadronadora que participó en el censo, compartió su experiencia de trabajo en condiciones lejos de lo prometido. Según relata, las promesas de pago de transporte, compensación extra por trabajar fines de semana, un bono al finalizar e incluso un bono por el treceavo mes, nunca se materializaron. “ Nos dieron el pago que estaba en el contrato, que eran 9 mil córdobas y ya.”
Urnas Abiertas también reportó la insatisfacción generalizada entre los empadronadores debido al escaso monto recibido para viáticos de alimentación “360 córdobas para zonas rurales (unos 10 dólares) y 180 córdobas en zonas urbanas”. Además , se reportaron casos de “ favoritismo”, donde supervisores cercanos de las autoridades municipales recibieron trato preferencial, obteniendo puestos y salarios superiores.
El INIDE responsable de la ejecución del censo, añade Urnas Abiertas “tuvo dificultades para reclutar a personal adecuado”. En algunos municipios, se rechazó a postulantes por no contar con carnet de militancia sandinista, a pesar de que esto no figuraba como requisito en la convocatoria pública.
Fiscalización internacional por falta de transparencia
Tanto los contratos de trabajo como los recibos de pago de viáticos fueron emitidos por el INIDE. Según una de las compras públicas adjudicadas revisadas por Urnas Abiertas, el INIDE ordenó a la empresa ZEGESA la impresión de todos los contratos del personal involucrado en el Censo.
Urnas Abiertas argumenta que, “la falta de transparencia en la gestión financiera del Censo,a pesar de los esfuerzos de la comunidad internacional mediante préstamos y donaciones, ensombrece estos esfuerzos y genera desconfianza en la población respecto a las estadísticas producidas.”
Además, que “ la información recabada revela una decisión deliberada de ocultar la gestión financiera del censo, en la que participan tanto INIDE, como el Banco Central, ambas instituciones receptoras de fondos de instituciones financieras internacionales” sostuvo y concluyó “La comunidad internacional ,que ha financiado en gran medida este censo, debe ser riguroso en la fiscalización del uso de los fondos para asegurar que se utilicen de manera efectiva y transparente en beneficio de la población nicaragüense.”
