La Corte IDH, ha ordenado medidas urgentes para proteger a 25 personas presas políticas, incluyendo al periodista Víctor Ticay, debido a las condiciones inhumanas de su detención y torturas.
El pasado 02 de julio del corriente año, La Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió resolución otorgando medidas cautelares a 25 personas entre ellas: Kevin Emilio castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz y Sergio Catarino Castiblanco Hernandez. La decisión enfatiza la necesidad de “proteger eficazmente los derechos a la vida, integridad, libertad personal, salud y alimentación adecuada” de los beneficiarios.
Corte IDH denuncia: Periodista Víctor Ticay sufre torturas en la Modelo
Víctor Ticay, es un periodista nicaragüense, trabajaba como corresponsal de Canal 10 en el municipio de Nandaime. Fue detenido el 06 de abril de 2023, un día después de haber cubierto una procesión religiosa, la cual había sido prohibida por el gobierno de Daniel Ortega.
Durante 68 días se desconoció su paradero. Posteriormente fue condenado a ocho años de prisión por el delito de “propagación de noticias falsas» y actualmente se encuentra detenido en el Sistema Penitenciario Jorge Navarro “La Modelo.”
Según la Comisión Interamericano de Derechos Humanos , Ticay Ruiz ha sido sometido a “torturas por agentes estatales, incluyendo electrochoques en los pies e interrogatorios reiterados en horas de la madrugada.” Las condiciones de su detención han sido reportadas como “ inadecuadas, con alimentación de mala calidad a veces contaminadas con insectos, acceso limitado al patio de sol, y una celda expuesta a temperaturas extremas sin la provisión de un mosquitero, a pesar de una plaga de insectos.”
Piden información por paradero de presos desaparecidos
La Corte ha solicitado al Estado de Nicaragua “determinar e informar el paradero de Freddy Antonio Quezada y Carlos Alberto Bojorge Martinez”, quienes se encuentran desaparecidos. La resolución también exige la “liberación inmediata” de todas las personas identificadas en la lista de beneficiarios.
Argumentado en el documento que la liberación debe ser inmediata “a la luz de las serias e inhumanas condiciones de detención […], los tratos crueles, inhumanos y degradantes recibidos, la falta de atención médica y el serio deterioro de su salud”.
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Lista completa de personas presas políticas está conformada por: Kevin Emilio Castillo Prado, Víctor Jobelni Ticay Ruiz, Sergio Catarino Castiblanco Hernández, Jacqueline de Jesús Rodríguez Herrera, Jonathan Euliecer Cruz Wuaguiz, Olesia Auxiliadora Muñoz Pavón, Anielka Lucía García Zapata, Melba Damaris Hernández, Freddy Antonio Quezada, Abdul Montoya Vivas y su núcleo familiar; Eddy Antonio Castillo Muñoz; Nelly Griselda López García, Juan Carlos Baquedano, Carlos Alberto Bojorge Martínez, Walner Omier Blandón Ochoa.
Añaden a José Luis Orozco Urrutia, Álvaro Daniel Escobar Caldera, Juan Carlos Chavarría Zapata, Marcos Sergio Hernández Jirón, Juan Luis Moncada, Orvin Alexis Moncada Castellano, Harry Lening Ríos Bravo, Manuel De Jesús Ríos Flores, Cesar Facundo Burgalín Miranda y Marisela de Fátima Mejía Ruiz.
Corte exige al Estado ser responsable de garantizar protección a presas y presos políticos
Para garantizar la protección de las y los detenidos, la Corte requiere que Nicaragua “facilite el contacto inmediato de los detenidos con sus familiares y abogados,” además de asegurar “el acceso a servicios de salud, medicamentos y alimentación adecuada” prestando especial atención a las necesidades de las mujeres en detención.
También insta al Estado nicaragüense “garantizar el acceso de los abogados de confianza a la totalidad del expediente judicial de los beneficiarios y al sistema de información judicial en línea” y de “abstenerse de ejercer represalias contra los familiares y representantes.”
La Corte IDH exige al Estado “informar sobre la situación de los beneficiarios y las medidas cautelares adoptadas para cumplir con esta decisión a más tardar el 19 de julio de 2024.”
La resolución destaca que, estas medidas son de carácter urgente y buscan garantizar la protección inmediata de los derechos de las personas afectadas en Nicaragua, subrayando la responsabilidad del Estado de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.
