Guardando las distancias del mundo de la gastronomía que bien hace a la vida humana, el régimen de Daniel Ortega y de Rosario Murillo han configurado en Nicaragua un amplio menú con “variopintos” instrumentos para causar sufrimiento a los exiliados y sus familiares.
Para opositores, activistas y defensores de derechos humanos, se trata de una “extensión del terror y de torturas” que imperan desde antes del 2018 y en Nicaragua, ahora gobernada por la fuerza de las armas por el matrimonio de los septuagenarios Ortega y Murillo.
Los especialistas han empezado a llamarle “represión transnacional” a las acciones del régimen que incluye vigilancia; desnacionalización y destierro, ataques y asedio a familiares, además de uso de leyes para acusar, enjuiciar y condenar a quienes se encuentran fuera de Nicaragua. Eso aunque ya convivan con el sufrimiento de vivir en exilio forzado.
Ha agregado presión a bancos regionales para el cierre de cuentas; aviso de detenciones ante la Interpol, amenazas de muerte directas e incluso lo más grave: ataques contra la integridad física.
Todo forma parte de los mecanismos de represión que, desde el El Carmen, la residencia en Managua, donde viven Ortega y Murillo, ordenan a sus funcionarios fieles y que cumplen aunque sepan que son actos reñidos con la ley.
Expertos en derechos humanos consideran que la persecución internacional es una forma de prolongar la crisis de graves violaciones y de crímenes de derecho internacional que desde 2018 viven los nicaragüenses.
Juan Carlos Arce, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, comentó que el régimen sandinista, desde hace dos años ha retomado la represión transnacional “como estrategia para perseguir y reprimir a quienes considera opositores o disidentes”.
“Pero además –añade– la ha diversificado, agregando al menos una decena de acciones que tienen como objetivo desmovilizar y silenciar a través del castigo a sus blancos (los opositores exiliados) o incluso núcleos familiares”, dijo.
Una dictadura de Daniel Ortega de “brazo largo”
Para Arce, a través de este mecanismo, la dictadura se muestra “implacable, de brazo largo, que puede alcanzarte, sin importar el lugar en el que estés”. “Es una dictadura sin límites que incluso puede llegar a violar el territorio de los países que acogen a población solicitante de algún tipo de protección, como el caso de Costa Rica, principal país donde registramos este tipo de acciones”, denunció.
Para contrarrestar tales actos de represión del orteguismo, Arce considera que se necesita denunciar y presionar ante la comunidad internacional “para que no permita estas acciones que incluso pueden llegar a transgredir su soberanía con la presencia de cuerpos de seguridad en su territorio”.
“Reforzar medidas de seguridad para mitigar los impactos de estas acciones y denunciar lo que sucede en Nicaragua”, son otras acciones que Arce considera deben implementarse. Este tema, se expuso inicialmente en el reciente encuentro entre exiliados y organismos de derechos humanos en Asunción, Paraguay, a propósito de la 54 Asamblea General de la Organización de los Estados Americanos.
Ahí se compartió la idea de que es un grave asunto de derechos humanos y que se debe visibilizar con prontitud en otras instancias.
El abuso de “las notas rojas”
Aun en el exilio, el profesor Gabriel Putoy vive un calvario por el “brazo largo” de la dictadura de Ortega que lo ha alcanzado hasta Costa Rica, país al que se trasladó por el constante acoso y amenazas que sufría en Nicaragua.
Fue encarcelado en su país en julio de 2018, acusado de matar a un policía y luego fue liberado en 2019 por la polémica Ley de Amnistía. Putoy participó en las protestas contra la dictadura y desde entonces paga las consecuencias. “Este país (Costa Rica) está prestando mucho oído a los delitos fabricados por la dictadura”, ha dicho Putoy al conocer que desde el año pasado, se han girado órdenes de captura en su contra a través de Interpol.
Otro caso, es el de Douglas Gamaliel Álvarez Morales, identificado como opositor al régimen sandinista; fue deportado de Costa Rica y entregado a las autoridades policiales de Nicaragua el 16 de febrero de este año. El régimen emitió una Nota Roja (alerta de detención) a Interpol por su presunta participación en el asesinato de una policía y un trabajador administrativo en la comunidad Buena Vista, del municipio de El Castillo, Río San Juan, en 2022.
Aunque su defensa ha dicho que la acusación fue inventada y es parte de las medidas represivas de Ortega, el Gobierno de Costa Rica lo extraditó a Nicaragua y lo entregó a las autoridades de ese régimen.
Reinaldo Picado Miranda, quien se encuentra detenido en Costa Rica y es acusado por los mismos delitos de Álvarez, también fue requerido por las autoridades de Nicaragua a través de Interpol y pende sobre él la deportación.
Ambos son excombatientes de la llama Contra, los exmilitares que lucharon contra la revolución sandinista en los años 80. Ambos también participaron en las protestas contra el régimen de Ortega en 2018. Ello causó que huyeran a Costa Rica ese mismo año por la represión que desató la dictadura contra los opositores.
El acoso bancario llega a Costa Rica
El régimen de Ortega ha ocupado al sistema bancario de Nicaragua para cerrar las cuentas de quienes considera opositores y esta situación se ha extendido al sistema bancario de Costa Rica.
El profesor Putoy es uno de los afectados. Comenta que cuando quiso abrir cuentas en bancos de Costa Rica para que le depositaran su salario, en las entidades bancarias le decían que no podían porque “se disparaba una alerta cada vez que se ingresaba su nombre”.
Así se enteró que era requerido por Interpol y que tenía orden de captura. Putoy no ha podido integrarse plenamente a laborar y le ha sido imposible abrir una cuenta bancaria en ese país. Y claro vive con miedo a una captura y proceso de extradición, pese a ser un rostro conocido en la lucha cívica contra el régimen nicaragüense.
Desterrada cuando menos lo esperaban
18 de noviembre de 2023. Nicaragua celebraba que Sheynnis Palacios había ganado el título de Miss Universo. Las calles del país se llenaron de miles de nicaragüenses que con bandera azul y blanco, salieron sin miedo, lo que no agradó al régimen de Ortega y de Murillo.
Cuando Karen Celebertti y su hija pretendían regresar a Nicaragua, tras viajar a El Salvador al concurso de belleza, fueron notificadas que no podían ingresar a su país. Habían sido desterradas.
Celebertti había trabajado por 23 años como la directora de la franquicia de Miss Universo en Nicaragua y el régimen la consideró una enemiga política. Su calvario no terminó ahí, su esposo y su hijo fueron encarcelados y acusados de lavado de dinero y otros delitos.
“En el Año 2018, los señores Karen Celebertti, Martín Argüello Leiva (esposo de Celebertti) y Bernardo Martín Argüello Celebertti (hijo), dueños de la Franquicia Miss Nicaragua, Miss Universo, y Silhuetas, Modelos e Impulsadores, Sociedad Anónima, participaron activamente en redes y calles, en las acciones terroristas del intento fallido de Golpe de Estado” … decía una nota de prensa de la policía del régimen.
Y agregaba: “En el año 2019, traidores y apátridas, como los que nos ocupan, continuaron cometiendo delitos de terrorismo, lavado de dinero y crimen organizado, violentando el principio de no repetición, que las Leyes de Amnistía establecen”.
Fueron acusados por “conspiración para alterar la paz, e incitar al odio, la violencia, terrorismo y crimen organizado, traición a la patria, provocación, apología e inducción a la Comisión de Delitos, delitos contra el Lavado de Activos”, entre otros.
Toda la familia fue desterrada del país y sus bienes confiscados.
Víctima de un combo de represión transnacional
Enrique Sáenz, analista político nicaragüense, es uno de los 91 nicaragüenses que fueron víctimas de la represión de Ortega, fuera de Nicaragua.
Él es víctima de “un combo de medidas”, denuncia este economista. Además de desnacionalizarlo, fue despojado de sus bienes personales (también a sus familiares), cierre de las cuentas bancarias que tenían en el país y despojo de la pensión del Seguro Social tras años de trabajo.
“Despojados de nuestros derechos civiles y políticos, a perpetuidad… ¿Qué es lo pretendía el régimen con estas medidas? La muerte civil, aniquilarnos civilmente, políticamente, socialmente porque fueron borrados nuestros registros y aniquilarnos moralmente”, dice Sáenz.
Este analista político, comenta que “no se agotaron ahí las medidas”. “Quienes estamos en Costa Rica somos víctimas de una gama de medidas de represión: vigilancia digital y física abierta para ser amedrentados, pero además, algunas organizaciones con oficinas establecidas han tenido que cerrar e ir casi a oficinas clandestinas porque hemos recibido señales y amenazas”, asegura.
Atentados violentos contra opositores
10 de enero de 2024. El brazo represor y una mano llena de anillos, chereques y amuletos, ordenó a sus fanáticos halar el gatillo y alcanzar a Joao Maldonado, refugiado en Costa Rica, luego de que la dictadura de Ortega lo acusara de ser uno de los autores del asesinato del paramilitar sandinista Bismarck Martínez.
Ese día Maldonado recibió siete disparos cuando circulaba en su vehículo en las cercanías de la Universidad de Costa Rica, al este de San José. Los disparos fueron perpetrados por gatilleros a bordo de una motocicleta. También resultó gravemente herida su pareja.
“El caso de Joao Maldonado es uno de los más emblemáticos, preocupa en ese caso la falta de debidas diligencias del Estado costarricense en la investigación donde a la fecha, no se conocen los resultados”, comenta Juan Carlos Arce, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
Fue el segundo atentado que Maldonado sufría en Costa Rica. El primero se registró en 2021 y aunque se ha dicho que ambos casos fueron ordenados por personeros del gobierno de Ortega, las autoridades costarricenses aún no esclarecen los hechos. Supuestamente Maldonado era beneficiario de un programa de protección policial en Costa Rica y antes de su segundo atentado, había sido movido a una nueva casa de seguridad.
Controlar la movilidad fuera de Nicaragua
Otro de los mecanismos de represión transnacional que ejecuta el régimen orteguista es el control de la migración. En el informe sobre derechos humanos 2023, elaborado por Estados Unidos, se recoge el tema de la represión transnacional.
“Los exiliados en Costa Rica y otros lugares denunciaron acoso y opresión política por parte de parapolicías y simpatizantes del FSLN que cruzaron la frontera para atacar a los exiliados, así como por parte de funcionarios de inteligencia de la embajada de Nicaragua en Costa Rica”, dice el informe del Departamento de Estado.
Enrique Roig, subsecretario adjunto en la Oficina de Democracia, Derechos Humanos y Trabajo del Departamento de Estado de Estados Unidos, quien fue parte de los invitados en un conversatorio sobre este tema, compartió parte de los hallazgos del citado informe.
Comentó que han conocido de la persecución sistemática de familiares de exiliados, a quienes negaron acceso a documentos públicos como certificados de nacimientos, pasaportes, solicitando que fueran los mismos exiliados a pedir estos documentos.
En el informe detallan que existe un uso indebido de los instrumentos internacionales de aplicación de la ley (notas rojas de Interpol), vigilancia y acoso al aprobar el gobierno sandinista una ley de delitos cibernéticos que le permite maniobrar para la extradición de opositores.
Además, destaca los esfuerzos para controlar la movilidad de ciudadanos que se encuentran fuera de Nicaragua, al negarle servicios consulares. “Las autoridades de migración dentro del país y a través de oficinas consulares en el extranjero negaron el acceso a los pasaportes a supuestos opositores políticos y a sus familiares, impidiéndoles viajar a un tercer país. Además, el gobierno, principalmente mediante notificaciones por correo electrónico enviadas por las aerolíneas, negó la entrada a más de 40 ciudadanos que intentaban regresar al país”, dice el informe.
Grave situación
A propósito de la 54 Asamblea General de la OEA, realizada en Asunción, Paraguay, diferentes voces se unieron en un foro para conversar sobre la represión transnacional de Ortega.
“Ha hecho (el régimen de Ortega) innovaciones en medidas de represión transnacional, el desafío es cómo llevarlo a un espacio multilateral porque es creciente… nadie está inmunizado y es una amenaza no solo para los nacionales sino para los gobiernos y Estados anfitriones”, señala Sáenz.
“Pensar en el sistema trasnacional de consecuencia y transgresiones es algo más que una realidad en Nicaragua y es una forma de prolongar esta crisis de graves violaciones y de crímenes de derecho internacional”, compartió Angela Buitrago, del Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua (GHREN).
“El exilio fue un espacio seguro en un momento, ya no lo es”, remarcó por su lado el doctor Arce. “El mundo debe saber lo que hace este régimen”, denunció.
