La mamá de Gerardo, un niño de 11 años que padece diabetes está desesperada. Cada mes debe saltar los obstáculos económicos en su casa de Estelí para conseguir las agujas y cintas reactivas de glucosa para el control del padecimiento de su hijo. En el pasado, las recibía como donación en Cáritas Diocesana de esta ciudad.
Pero esta madre no es la única que sufre con el cierre de la organización católica de caridad, otros padres de más de una docena de niños con otros padecimientos crónicos también se quedaron sin la asistencia. A la lista de afectados, se suma otra cantidad de pacientes adultos, que también dejaron de recibir el apoyo que les permitía lidiar con sus males.
“Estos pacientes recibían consultas y medicinas. No se pagaba por eso, ahora nada de eso existe”, dice una antigua colaboradora de la organización cerrada por los exabruptos del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo que en el país, se han ido contra la iglesia católica, ha secuestrado a sacerdotes y obispos e ilegalizado organismos ligados a la institución religiosa como Cáritas para confiscar sus bienes.
Cadena de secuelas
Las acciones del régimen no solo han afectado a los que antes recibían los beneficios de la oenegés, sino que ha dejado sin empleos a decenas de trabajadores y varios de ellos se encuentran privados de su libertad bajo imputación de delitos que les inventaron para poder hacerse de los bienes de la organización.
Como consecuencia también, varias familias sufren por los detenidos, que son al menos ocho y se han quedado sin las personas que trabajaban para sostener sus hogares. “Las secuelas de todo esto son incontables, estos señores que gobiernan el país no tienen idea del daño que han causado a la gente necesitada, a trabajadores honrados y a familiares enteras que ni siquiera se metían en política”, dice la excolaboradora de la oenegés cerrada.
“Los hospitales públicos –le agrega otra madre de niño enfermo– no le sirven a estos niños diabéticos, ni a los otros pacientes porque les dicen que no tienen las medicinas, solo consultas ofrecen y deben esperar meses para que los vea el especialista. Casi que los condenaron a muerte”, se quejó.
“Son miles de personas las que eran beneficiadas con los programas sociales de Cáritas Diocesana, y todos han quedado en el desamparo”, agrega por su lado la excolaboradora.
Farmacias sociales, desaparecen también
La madre de Gerardo, habitante de un municipio del departamento de Madriz, explicó que antes de la intervención represiva, había un convenio con padres de familia y un organismo internacional “para poder recibir a través de Cáritas, cintas reactivas de glucosa, glucómetros y jeringas, principalmente para atender la diabetes tipo uno que es la que ataca a los niños”.
La mamá explicó además que con la oenegés funcionaba una farmacia de carácter social donde el medicamento que no donaban, se encontraba a mitad de precio en comparación con las otras farmacias comerciales. “Ahora pasamos muchas dificultades, porque la situación económica ha empeorado y a veces no logramos ajustar con los tratamientos, pues no existe ningún otro apoyo y solo con la ayuda de Dios pidiendo que el niño no se descompense”, expresó.
En mayo de 2023, el régimen ordenó secuestros contra varios trabajadores administrativos de Cáritas Diocesana Estelí. Los sacaron de sus casas y se los llevaron sin ninguna orden judicial. Solo hasta meses después, fueron procesados por el supuesto delito de lavado de dinero.
A finales de ese año al menos seis de ellos, fueron condenados a seis años de prisión en un juicio a puertas cerradas, sin que les dieran el derecho a la defensa y sin que les permitiera siquiera a sus familiares estar presentes.
Además de ellos, fueron secuestrados los exdirectores de Cáritas Diocesana y los sacerdotes católicos Eugenio Pastor Rodríguez y Leonardo Guevara. El padre Pastor, se encontraba en el grupo de los religiosos desterrados en octubre de 2023 hacia el Vaticano, mientras que el padre Guevara, que había sido liberado en meses anteriores, tuvo que salir del país ante la amenaza de una nueva detención.
El daño social
Además de los niños con diabetes, con el cierre de Cáritas Diocesana desde el 2022, la dictadura ha perjudicado a miles de personas en la zona norte, quienes eran beneficiadas con diferentes programas sociales.
Como organismo auxiliar del Instituto Nacional de la Vivienda en el periodo del presidente Enrique Bolaños, Caritas construyó centenares de viviendas, fue el organismo más presente con la distribución de alimentos, principalmente en las zonas rurales.
María Mercedes, por ejemplo, explicó que fue una de las productoras del campo beneficiada con programas de Cáritas con el que le brindaron asistencia técnica completa, los insumos, la semilla y la capacitación para la comercialización de las legumbres y granos básicos que comenzó a producir.
“Yo siempre estaré agradecida con la gente Cáritas, porque pude usar de una mejor manera mis dos manzanas de tierra. Producía chiltoma, pipián, frijoles y maíz. Ya tenía para dar de comer a mis niños y comencé a vender en los mercados”, expresó. Ella lamentó que se haya cerrado un organismo que tanto bien habían hecho.
Por su lado, Hortensia Méndez, dijo que gracias a un pequeño préstamo de Cáritas logró establecer una pequeña pulpería con la que ha mejorado su economía en un barrio de Estelí. “Yo se que ayudaron a muchas personas” expresó doña Hortensia quien sin embargo, dijo evitar cualquier opinión sobre el cierre de la organización benéfica de la iglesia Católica por temor a la represión.
Cáritas ha proporcionado apoyo a grupos vulnerables, incluyendo familias de escasos recursos, a quienes brindaba atención a través de la clínica de medicina general, la clínica odontológica, la atención ginecológica y psicológica.
Acusación sin sustento
El régimen acusó a Cáritas Diocesana de lavado de dinero, como parte de la represión y persecución contra la Iglesia Católica. Cáritas Diocesana de Estelí contó siempre con el apoyo de Cáritas de España, Caritas de Irlanda Trocaire y de Catholic Relief Services (CRS) de los obispos de los Estados Unidos.
Las acusaciones de la dictadura carecen de todo sustento y para quienes han conocido de cerca el trabajo de Cáritas, la acusación de Ortega y de Rosario Murillo, no solo fue desproporcionada, sino descabellada y abusiva.
Régimen ordenó “el exterminio de la caridad” y la ayuda social
Desde 2018, la dictadura de Daniel Ortega ha cerrado más de 3 mil 600 organizaciones no gubernamentales, ONG, en Nicaragua, como parte de la persecución sistemática en contra de toda disidencia o lo que considera como sectores críticos.
Este proceso de cancelación ha sido justificado con la premisa de que estas oenegés no cumplían con las leyes de transparencia y control financiero o que tenían sus directivas vencidas.
Producto del cierre de estas organizaciones, en Nicaragua se estima que más de 50 mil ciudadanos han perdido acceso a servicios esenciales de salud, educación, asistencia técnica en diferentes áreas y otras coberturas sociales.
Los trabajadores de estas organizaciones han quedado desempleados, y en el peor de los casos, como los trabajadores de Cáritas Diocesana de Estelí, que están presos, sus familias, principalmente sus hijos, han quedado en el desamparo. Esto solo ha seguido agravando la situación económica que vive el país.
Destruyen solidaridad
Muchas de las organizaciones no gubernamentales anuladas brindaban asistencia social y documentaban violaciones a los derechos humanos, trabajan en planes y programas de prevención a la violencia hacia la mujer y los niños, por lo que estos sectores han sido uno de los más afectados por sus cierres.
La iglesia Católica no solo ha sido afectada por el cierre de Cáritas, también han sido expulsadas varias órdenes religiosas, entre ellas hermanas de la Caridad de María Teresa de Calcuta que se encargaba de brindar asistencia médica, cuido y alimento a personas en situación de calle, los ancianos y los niños.
Además han sido confiscadas universidades y han cerrado algunas escuelas parroquiales, que mantenía la iglesia en algunos municipios.
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