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(EFE).- El exministro de Salud de Honduras Arturo Bendaña, acusado de un presunto fraude superior a 9 millones de dólares en la compra irregular de medicamentos e insumos médicos, pasará de detención judicial (provisional) a arresto domiciliario debido a problemas de salud, informó este lunes una fuente judicial.
El juzgado de Criminalidad Organizada y Corrupción otorgó el cambio de cárcel por arresto domiciliario a Bendaña tras notificarse que el exfuncionario permanece hospitalizado, indicó a periodistas la portavoz del tribunal, Bárbara Castillo.
Agregó que el juzgado decidió cambiar la cárcel por casa al exministro de Salud, con base a que el artículo 187 del Código Procesal Penal, que señala que «no se puede dar la medida privativa de la libertad a personas mayores de 70 años y que tengan enfermedades».
Bendaña fue detenido el 26 de agosto en su residencia en la ciudad de San Pedro Sula, norte del país, luego de que el Ministerio Público (Fiscalía) de Honduras presentó en su contra un requerimiento fiscal por “compras irregulares de medicamentos, suministros médicos, equipo quirúrgico y de laboratorio, que resultó en un fraude al Estado de Honduras por más de 224,99 millones de lempiras”.
La Fiscalía hondureña acusa de “fraude, prevaricato administrativo, falsificación de documentos públicos, violación de los deberes de los funcionarios y encubrimiento” a ocho hondureños identificados como Miguel Flores, Moisés Torres, Vinicio Monterrosa, Roberto Meza, Vanessa Urbizo, Nelson Alvarenga, Reynaldo Suazo y el exjuez Carlos Rivas.
El mismo juzgado decretó auto de formal procesamiento contra el exjuez Carlos Rivas, Nelson Alvarenga y Vanessa Urbizo, quienes continuarán detenidos en el centro penitenciario ubicado en el Valle de Támara, al norte de Tegucigalpa.
“Según las investigaciones, entre 2010 y 2012 exfuncionarios y empresarios “sin escrúpulos utilizaron contratos fraudulentos, licitaciones amañadas y una figura inexistente llamada “extrafinanciamiento (como si se tratará de la adquisición de tarjetas de crédito) para cometer delitos en contra de la salud del pueblo hondureño”, señala la información oficial.
El requerimiento fiscal indica también que parte del valor defraudado fue “facilitado por el exjuez Carlos Octavio Rivas Sánchez mediante resoluciones favorables a las empresas tras demandas forzadas contra el Estado, respaldada por actas falsas e informes amañados”, precisó la Fiscalía.
El plan orquestado por esta red corrupta “privó a miles de hondureños de medicamentos y suministros médicos”, muchos de ellos se vieron obligados a “viajar largas distancias con recursos económicos limitados, enfrentaron la cruda realidad de escasez de insumos en los centros hospitalarios, regresando a sus hogares decepcionados, traicionados y abandonados por un sistema sanitario que en vez de protegerlos, los condenó en muchos casos a la muerte”, de acuerdo a la versión oficial.
