Durante la presesión del Examen Periódico Universal (EPU) mecanismo de las Naciones Unidas, para mejorar la situación de derechos humanos en 193 países. La Articulación de Organizaciones de Nicaragua, presentó a los Estados información actualizada y denunciaron las violaciones del Estado de Nicaragua “que se mantiene en absoluto incumplimiento de las recomendaciones de este mecanismo.”
En Nicaragua el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha recrudecido las violaciones de derechos humanos como la desnacionalización, el destierro, las agresiones contra la libertad de religión y otros crímenes de lesa humanidad, y la existencia de 151 persona presas políticas que están en condición de torturas, tratos crueles , inhumanos y degradantes, revela en una nota la Articulación de Organizaciones.
7,227 asociaciones disputas en Nicaragua por el Gobierno de Daniel Ortega
Según la Asociación Centroamericana para el Desarrollo y la Democracia en el 2007 la inscripción de ONGs alcanzó un total de 7,227 con personalidad jurídica en Nicaragua antes del 2018. Sin embargo la administración del gobierno de Daniel Ortega “ ha revertido este proceso, cerrando 5,664” según expuso el representante de la asociación Efraín Ordoñez.
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Este cierre masivo refleja un grave retroceso a la libertad de asociación en el país, afectando gravemente a la sociedad civil. La disolución de organizaciones incluye a cientos de grupos religiosos, organizaciones de mujeres, colectivos de la diversidad sexual, gremios empresariales y universidades, señalaron las organizaciones durante la pre sesión.
Además se documentó la confiscación de bienes pertenecientes a estas organizaciones, transferidos al Estado, lo que refuerza la inseguridad jurídica y el control sobre la sociedad civil.
El impacto del cierre de asociaciones es devastador, según un informe elaborado por la Asociación centroamericana para el Desarrollo y la Democracia, con el apoyo del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca más, revela que, la cancelación de solo nueve organizaciones en el 2018 resultó “en la confiscación de cuatro millones de dólares en bienes, dejó sin acceso a servicios básicos a 50 mil personas anualmente , y provocó el desempleo de al menos 152 personas .”
La cancelación masiva de estas organizaciones no solo es un ataque directo a la libertad de asociación, sino que también ha “desmantelado redes de apoyo comunitario en más de 50 municipios del país, especialmente en las regiones del Norte y Caribe” subrayó Efraín Ordonéz representante de la Asociación.
Pre sesión EPU: cancelación de medios y colectivos feministas
Las cancelaciones han arrasado con al menos 56 medios de comunicación desde 2018, según el abogado Salvador Marenco, del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, esto ha generado un “silenció forzado” en la sociedad nicaragüenses, dificultando aún más la labor de las organizaciones que continúan operando en la clandestinidad o desde el exilio.
La situación de las organizaciones de mujeres es especialmente preocupante; al menos 278 organizaciones feministas han sido clausuradas, dejando a miles de mujeres sin acceso a apoyo psicológico, jurídico y protección ante situaciones de violencia y agresiones. “El cierre de estas organizaciones ha dejado a las mujeres víctimas de violencia en su situación de desamparo, aumentando su vulnerabilidad en un contexto en que obtener justicia es prácticamente imposible” añadieron las asociaciones en sesión del EPU.
Las organizaciones nicaragüenses también destacaron el uso de leyes represivas para justificar estas acciones arbitrarias. “La cancelación de organizaciones ha sido posible gracias a 17 leyes que restringen severamente las libertades de expresión y de asociación” explicó Marenco.
Estas leyes han castigado la libre información y han forzado a las pocas organizaciones restantes a colaborar con el Estado bajo amenazas de disolución, consolidando un control absoluto por parte del gobierno Ortega Murillo.
Recomendaciones de la sociedad civil nicaragüenses en el exilio
Durante la pre sesión del EPU, las organizaciones nicaragüenses presentaron recomendaciones claves: Exigen al Estado “garantizar la autodeterminación” de los pueblos indígenas y afrodescendientes, “respetando sus formas de elección de autoridades y derechos a consultas.” También piden mejorar el “acceso a la educación” para grupos vulnerables y “reducir la discriminación.”
En cuanto al espacio cívico, instan a Nicaragua a respetar la libertad de organizaciones y expresión apuntando “el Estado de Nicaragua cumpla con las disposiciones del Artículo 25 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y que se garantice el derecho a la libertad de organización y movilización ante los futuros elecciones del 2026.”
Y cesar el acoso institucional, y restituir la personalidad jurídica de más de 5000 organizaciones canceladas desde 2018. Añaden “que permita el retorno a su labor sin represalias, respetando el derecho a la libre expresión, movilización y organización.”
Llamado urgente a la comunidad internacional
Las organizaciones nicaragüenses hicieron un llamado urgente a la comunidad internacional para que promuevan recomendaciones progresivas durante el cuarto ciclo del EPU, con el fin de abordar de manera íntegra la crisis de derechos humanos en el país.
Así mismo exigieron el retorno de los mecanismos internacionales de monitoreo, como el Grupo Internacional de Expertos Independientes (GIEI), que fue expulsado en 2018, Cruz Roja Internacional entre otros.
El abogado Marenco enfatizó que “en julio de 2019, después del asesinato de Eddy Montez, la Cruz Roja Internacional jugó un papel crucial al intervenir para proteger a las personas presas políticas que fueron brutalmente golpeados. Este tipo de intervención es vital y su ausencia se siente profundamente en la actualidad” aseveró el abogado.
Y concluyó diciendo que, la represión a la libertad de asociación en Nicaragua es una manifestación más del régimen que busca silenciar cualquier forma de disidencia y consolidar su poder a través del miedo y la violencia.
