(EFE).- La nueva defensora del pueblo de Colombia, Iris Marín, priorizará la violencia de género y la discriminación contra las mujeres como uno de los principales ejes de su agenda, que desarrollará durante cuatro años de gestión.
«Quiero resaltar que, desafortunadamente, una de la crisis de derechos humanos es la crisis de violencia y discriminación contra las mujeres», apuntó en una rueda de prensa en Bogotá la defensora, que asumió el pasado 1 de septiembre y es la primera mujer en ocupar este cargo.
Marín aseguró en el marco de la celebración del Día Nacional de los Derechos Humanos que la violencia machista no se suele ver «como una crisis de derechos humanos» porque al pensar en derechos humanos en Colombia «piensan en la guerra, pero ni se piensa en la violencia de género».
Entre mayo de 2023 y mayo de 2024, en Colombia se registraron 630 feminicidios y, en lo que va de año, el Instituto Nacional de Salud tiene registrados más de 100.000 casos de violencia de género, ya sea física, sexual, negligencia o abandono psicológico. Además, en 2023 el Instituto de Medicina Legal realizó más de 20.000 exámenes por presunto delito sexual, de los cuales 14.366 fueron a menores de 18 años.
Por eso, desde su gestión en la Defensoría quiere fortalecer los programas de protección, el acceso a la justicia, emitir alertas tempranas por violencia de género y mejorar la defensa técnica de las víctimas.
Conflicto, crisis climática y menores
Otros ejes de su agenda serán vigilar los derechos humanos en el conflicto, en el cambio climático y pondrá especial énfasis en los derechos de los menores.
Desde 2017, la Defensoría ha emitido 320 alertas tempranas en territorios por la situación de violencia, de las que 143 siguen activas. Este es un sistema implantado tras el acuerdo de paz para alertar a las instituciones de un posible agravamiento del conflicto y el peligro de las comunidades.
Además, hasta finales de agosto han sido asesinados 166 líderes sociales en Colombia y la defensora consideró que «la situación de protección a lideres y lideresas no está mejorando», por lo que espera que la Defensoría sirva de prevención y que «sea un actor neutral para promover que de una manera de bajo perfil se puedan adoptar acuerdos humanitarios».
En este sentido, Marín pidió que se tenga en cuenta a la Defensoría en los procesos de paz con grupos armados y fue enfática al señalar que las personas que firmaron el acuerdo de paz y luego desertaron, el Gobierno «debe exigirles las consecuencias por haber vuelto a las armas».
«No debe haber incentivos para entrar en círculos infinitos de negociación y vuelta a las armas», apuntó Marín, sin hacer referencia pero aludiendo a las negociaciones que el Gobierno acaba de emprender con la Segunda Marquetalia, disidencia comandada por
‘Iván Márquez’, quien a su vez fue negociador de paz de las FARC en el acuerdo de 2016.
Por otro lado, la defensora aseguró sobre la crisis y desastres climáticos que es importante abordarlos, sobre todo desde un enfoque de adaptación de las comunidades, y que los menores también serán prioridad, pues entre otros datos, destacó que entre 2019 y 2023 51.553 niños, niñas y adolescentes intentaron suicidarse y 1.462 lo hicieron.
Para todo ello, Marín se declaró independiente en la defensa de los derechos humanos y prometió trabajar de la mano de las comunidades y defendiendo el servicio público de la entidad: «No quiero que la Defensoría del Pueblo sea utilizada para la politización y la polarización del país», zanjó.
