El régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, han convertido a Nicaragua desde el año 2023, en un país que ejecuta destierros en masa de sus ciudadanos.
Los gobernantes considerados dictadores por sus abusos y su permanencia en el poder con el uso de las armas de policías y paramilitares, han perfeccionado una maquinaria represiva que persigue, secuestra, tortura y expulsa a sus ciudadanos, ante la indiferencia de una comunidad internacional que no pasa de “tibios” comunicados de críticas y condenas.
Lo que comenzó como una campaña para silenciar a la disidencia, ha evolucionado en una política de Estado, calificada por organizaciones de derechos humanos locales y del exterior como un crimen de lesa humanidad, que ha dejado a miles de nicaragüenses sin patria, ni derechos ciudadanos y lo peor, enviados a sobrevivir en el extranjero, lejos de sus familias.
“Son acciones graves, estas personas se encuentran en una vulnerabilidad extrema”, califica Carolina Jiménez de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, WOLA (por sus siglas en inglés). Para la activista, la comunidad internacional debería de darle al régimen una respuesta que frene ese tipo de agresiones contra los derechos humanos.
La persecución institucionalizada de Daniel Ortega
Desde el estallido de las protestas antigubernamentales en 2018, el régimen de Ortega ha intensificado su represión, superando la violencia callejera inicial que dejó 355 muertos según el conteo documentado de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, además de más de 2,000 heridos y una avalancha de denuncias de tortura, violaciones, exilio forzado, desapariciones y otras brutalidades.
Para consolidar su control contra los ciudadanos y evitar que protesten públicamente por el sistema vertical que impuso en el país, el régimen ha institucionalizado la persecución, utilizando el aparato estatal para ejecutar secuestros, detenciones arbitrarias y juicios sin garantías legales.
El punto de inflexión llegó en febrero de 2023, cuando el gobierno de Ortega y su esposa, reformó el artículo 21 de la Constitución para despojar de su nacionalidad a quienes considera «traidores a la patria».
Ese mismo mes, 222 presos políticos fueron expulsados a Estados Unidos bajo falsas acusaciones de terrorismo y desestabilización. Poco después, 94 opositores más, la mayoría exiliados, también fueron desnacionalizados y despojados de sus bienes, etiquetados como traidores sin un juicio justo y con base en sus opiniones en redes sociales.
“Esta es una política que no solo viola los derechos fundamentales, sino que también busca silenciar cualquier voz crítica en Nicaragua”, afirma el abogado Uriel Pineda, él mismo, víctima de la represión y la apatridia, tras denunciar violaciones de derechos humanos en su país.
Destierro: un crimen de lesa humanidad
Lo que podría parecer un castigo político más, es en realidad una táctica sofisticada que, según organismos internacionales como la CIDH y las Naciones Unidas, ONU, constituye un crimen de lesa humanidad.
La desnacionalización aplicada por Ortega-Murillo, priva a las personas de uno de sus derechos más fundamentales: su identidad y pertenencia a un país. La CIDH ha declarado al respecto que la privación de la nacionalidad que conlleve a la condición de apatridia es arbitraria y está prohibida por el derecho internacional.
Al despojar a sus ciudadanos de su nacionalidad, el régimen no solo los expulsa físicamente, sino que los condena a la invisibilidad legal, dejándolos sin la posibilidad de regresar a su país, acceder a servicios o incluso solicitar asilo y protegerse de la misma persecución.
En diciembre de 2023, la CIDH recordó que ningún Estado tiene derecho a convertir a una persona en apátrida, como lo ha hecho el régimen de Nicaragua. No obstante, Ortega y Murillo, han ignorado esta advertencia, consolidando un sistema de destierro como parte integral de su estrategia de poder represivo en el país.
La Ley como una arma
El régimen ha convertido las leyes del país en un arma para suprimir cualquier desafío a su autoridad. La Ley Especial que Regula la Pérdida de la Nacionalidad Nicaragüense, aprobada en 2023, se suma a otras normativas, como la Ley 1055 (Ley de la Soberanía), que también se ha utilizado para perseguir a opositores bajo cargos de traición.
Estas leyes, permiten que cualquier ciudadano que critique al régimen sea calificado como «traidor a la patria», privándolo no solo de su libertad, sino también de su ciudadanía. Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, califica esta legislación de “nula” por contradecir el artículo 20 de la Constitución, que establece que “ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad”.
En la práctica, la Ley es un instrumento que legitima la represión estatal de la familia Ortega-Murillo. La reforma constitucional que permitió la desnacionalización de más de 322 personas en 2023, ilustra cómo el sistema judicial ha sido manipulado para perseguir a opositores bajo una apariencia de legalidad.
Sufrimiento en el exilio
Para las víctimas de estas acciones represivas, el destierro no es solo un traslado forzado, sino un proceso de deshumanización. Los 135 presos políticos desterrados a Guatemala este 5 de septiembre, los primeros 222 y los otros 94 ciudadanos, son un ejemplo de cómo se les priva de su derecho a vivir en su país, de sus propiedades, ahorros, pensiones y cualquier recurso económico.
Muchos de estos exiliados han solicitado acogerse a programas migratorios en Estados Unidos, donde esperan obtener residencia permanente y permisos de trabajo, pero por ahora, solo viven en la incertidumbre sobre su futuro.
“Nos han quitado todo: nuestra tierra, nuestros recuerdos, nuestras raíces”, dice para este reporte uno de los desterrados, que prefiere el anonimato por miedo a represalias contra su familia en Nicaragua.
A pesar de las condenas internacionales, las acciones concretas para frenar estos abusos han sido mínimas. Aunque la ONU y la CIDH han documentado múltiples violaciones y los han denunciado, el régimen de Ortega-Murillo sigue operando con impunidad, resistiendo la presión internacional.
La infame política de “puerta giratoria”
La tragedia de Nicaragua no solo es un reflejo del poder represivo del régimen de la familia Ortega-Murillo, sino también del fracaso de la comunidad internacional para proteger los derechos humanos.
El informe de marzo de 2024 del grupo de expertos de la ONU alertó sobre la presunción de crímenes de lesa humanidad, incluida la persecución y el destierro, pero la falta de sanciones efectivas, ha permitido que el régimen continúe con su campaña de “despojo masivo” de derechos y bienes.
El régimen ha consolidado su control a través de una política de persecución conocida como “puerta giratoria”, que lleva a los nicaragüenses del encarcelamiento arbitrario al exilio, sin garantías de justicia ni derechos.
Este sistema represivo, originado en Cuba durante la Primavera Negra de 2003, fue adoptado posteriormente por Venezuela en 2014, y finalmente por Nicaragua en 2018, utilizando secuestros exprés, desapariciones temporales y asedio constante para neutralizar la oposición sin aumentar la presión internacional.
Así ha funcionado la crueldad
Desde las protestas de abril de 2018, la dictadura ha liberado y encarcelado a miles de personas, aplicando amnistías que protegen a los responsables de las violaciones de derechos humanos mientras continúa la represión.
Luego de capturar a más de 1,350 personas en los primeros días de las protestas de abril de 2018, la dictadura liberó a cerca de 1,300, luego de golpearlos, torturarlos, humillarlos y amenazarlos, de acuerdo a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, CPDH, una organización que el régimen anuló en el país.
“La puerta” siguió girando: luego de sacar a los más de 1,300 manifestantes, ingresaron a más de 100 nuevos presos políticos. La dictadura aplicó una amnistía el 11 de junio de 2019 para proteger a policías, militares y paramilitares por los asesinatos y torturas ejecutados durante las operaciones criminales llamadas “operación limpieza”. En ese proceso, sacaron a 56 presos políticos.
“La puerta giratoria” no se detuvo y siguió atrapando inocentes: el 30 de diciembre de 2019, la dictadura liberó a 91 presos políticos. En su comunicado, la dictadura agradeció el acompañamiento del Comité Internacional de la Cruz Roja, la Procuraduría de Derechos Humanos y el nuncio apostólico en Nicaragua, Waldemar Stanislaw Sommertag.
Pocos años después, la dictadura expulsó al Nuncio y rompió relaciones con El Vaticano, eliminó a la Cruz Roja y confiscó sus bienes y funciones, mientras que la Procuraduría de Derechos Humanos perdió el estatus de reconocimiento del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y terminó en una vocería más del régimen.
Sin humanidad, por amor al poder
Luego de esas liberaciones, Daniel Ortega y Rosario Murillo, siguieron llenando las cárceles, pero esta vez, cuando llegó el momento para liberarlos cambió la modalidad: ya no los regresaban a la libertad en el país, sino que empezó a desterrarlos.
El 9 de febrero, desterraron a 222 presos políticos a Estados Unidos, mientras “torcían” las leyes para desnacionalizarlos y confiscarlos. La dictadura echó mano de sus diputados para modificar las leyes y decretar la pérdida de la nacionalidad.
Cuando fueron contra la iglesia, “la puerta giratoria” se abrió para secuestrar sacerdotes y llevarlos a prisión, para luego expulsarlos del país. El 18 de octubre expulsó a 12, acusados de traición a la patria.
El 22 de noviembre, regresó del aeropuerto internacional de Managua a la directora de Miss Nicaragua, Karen Celebertti y su hija a México, mientras detenía a su esposo y su hijo tras regresar de El Salvador, donde Sheynnis Palacios, ganó la corona de Miss Universo 2023.
A ellos dos los expulsó de la cárcel y del país el 7 de enero de 2024, luego de confiscar sus bienes y propiedades. Pocos días después, el 14 de enero de 2024, desterró a 19 religiosos de la Iglesia Católica, incluyendo al obispo de Matagalpa Rolando Álvarez.
Y el régimen siguió con su práctica. A inicios de julio, la periodista Nohelia González fue detenida y según versiones periodísticas, desterrada por la dictadura a Estados Unidos. El 7 de agosto, desterró a Roma a siete sacerdotes que tenía secuestrados y que mantenía en condición de desaparición forzosa. La última acción siniestra de esta política de terror ocurrió este 5 de septiembre: 135 nicaragüenses desterrados de su patria a otras tierras, a Guatemala.
Según el Mecanismo para el Reconocimiento de Personas Presas Políticas de Nicaragua, en Nicaragua podrían quedar en condición de presos políticos un poco más de 30 personas. Todo hace indicar que el régimen espera aumentar esos números para volver a activar la funesta “puerta giratoria”, la que sigue activa y aceitada, aplastando la libertad de los nicaragüenses y su derecho a vivir en el país que los vio nacer.
