En la Quincuagésima séptima sesión del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU), se presentó un informe alarmante sobre la situación de los derechos humanos en Nicaragua.
El documento redactado por el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), expone un panorama preocupante de “persecución política, restricción a la libertades civiles y violaciones a los derechos de los pueblos indígenas.”
Naciones Unidas: Espacios cívicos bajo ataques
El informe detalla cómo el gobierno nicaragüense ha seguido socavando los espacios democráticos y cívicos, persiguiendo a personas que expresan opiniones disidentes, incluyendo defensores de derechos humanos, periodistas y organizaciones no gubernamentales.
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Así mismo revela que las elecciones regionales celebradas en marzo de 2024 en la CostaCaribe Norte y Sur, donde reside gran parte de la población indigena, “ fueron severamente restringidas.”
El gobierno reportó un participación de 48.49%, pero observadores de la sociedad civil la estimaron en solo 13.28%, lo que “genera dudas sobre la legitimidad del procesos” expuso el Alto Comisionado de la ONU.
Las comunidades indígenas de Nicaragua han sido particularmente vulnerables a los abusos. El informe documenta incidentes de violencia contra líderes indígenas, como el asesinato de guardias forestales Mayagnas en 2023. Además , el gobierno otorgó concesiones mineras en territorios indígenas sin realizar consultas previas, violando el derecho internacional.
Detenciones arbitrarias y represión política
Desde junio de 2023 hasta mayo de 2024, las detenciones arbitrarias aumentaron drásticamente, dicta el informe. “ de 54 a 131 casos, afectando a opositores políticos y activistas. Muchos detenidos han sido sometidos a desapariciones forzadas y juicios sin garantías procesales.”
El Alto Comisionado, denuncia condiciones inhumanas en las cárceles, con malos tratos y violaciones a la integridad personal de las y los detenidos, especialmente mujeres.
Asimismo insta al gobierno de Nicaragua a cesar estas prácticas represivas, respetar los derechos humanos y garantizar un acceso adecuado a la justicia para todos los ciudadanos, especialmente para las comunidades más vulnerables.
Gobierno de Nicaragua participa en sesión de la ONU concriticas a informe de la ONU
Wendy Morales Urbina fiscal de la República de Nicaragua se presentó por video llamada ante la ONU para decir que el gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo “ reitera su firme e inclaudicable posición para manifestar ante el foro las injusticia las imparcialidades e ilegalidades que se impregna en las actualizaciones que sobre nuestro país realizar un grupo de personas al cargo de la oficina del Alto Comisionado quienes de manera infame descalifican y denigran a nuestras instituciones y autoridades nacionales.”
Morales se atrevió a manifestar que hay una agenda bien definida en contra del Gobierno que ella representa argumentando “estamos conscientes que esta agenda no incluye los avances en todos los ámbitos que nuestro país ha obtenido para el beneficio de todos los nicaragüenses en procurar los elementales derechos humanos a los que todo pueblo debe aspirar.”
Además dijo que las sesión de la ONU han sido utilizando “como instrumentos de los imperialistas de la tierra que como ya hemos manifestados lo único que conducían es la intervención en los asuntos internos de nuestro país a favor de su propia conveniencia, violentando nuestros derechos de seguir venciendo la pobreza y ejerciendo nuestro indeterminable derechos a la soberanía y a la autodeterminación.”
Reafirmamos que estos mecanismos de actualización oral violan los principios de la no intervención de acuerdo a las normas internacionales que son innegociables y ni siquiera discutibles, sostuvo la funcionaria en representación del Estado de Nicaragua.
Unión Europea avala informe del alto comisionado naciones Unidas
Unión Europea se refirió a la informe del Alto Comisionado secundando su petición de “instar a las autoridades de Nicaragua a respetar, proteger y cumplir los derechos humanos, el derechos a la nacionalidad, a la libertad académica, libertad de expresión y de asociación, libertad de religión o de credo y a respetar el estado de derecho.”
Hacen un llamado a poner fin a la restricciones a los espacios cívicos y democráticos y respetar las voces disidentes y combatir la discriminación contra pueblos indígenas y las familias de los exiliados.
La Unión Europea instó al gobierno Ortega Murillo a que ceda libertad a las personas presas políticas que aún están en las cárceles de Nicaragua.
Pueblo nicaragüense indefenso ante violaciones de derechos humanos dice grupo de expertos de la ONU
El Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua de la ONU ha informado que la situación que la situación del país ha empeorado “El gobierno nicaragüense sigue facilitando y ejecutando graves violaciones, concentrando el poder en manos del presidente y la vicepresidenta, y dejando a los ciudadanos sin acceso a justicia y rendición de cuentas.”
El poder se concentra cada vez más en las manos del Presidente y la Vicepresidenta de Nicaragua, afirmó el Grupo, y los ciudadanos de la nación no tienen a quién recurrir en busca de justicia y rendición de cuentas, lo que agrava el ya generalizado clima de impunidad.
“Nicaragua no cumple ni con el más mínimo estándar razonable de independencia judicial”, afirmó Jan-Michael Simon, presidente del Grupo de Expertos. “Continuas violaciones están dejando sectores enteros de la población en un estado de indefensión”.
Los derechos civiles también están bajo amenaza masiva. Según el Grupo, en agosto de este año, el Estado obligó a cerrar a 1800 organizaciones sin fines de lucro y confiscó arbitrariamente sus bienes.
La toma forzosa de las universidades por parte del Estado y las violaciones cometidas contra líderes estudiantiles y profesores han afectado intensamente a la educación superior de miles de estudiantes y a sus proyectos de vida, con graves repercusiones en las perspectivas y el desarrollo del país.
“Los Pueblos Indígenas y comunidades afrodescendientes sufren continuas violaciones graves de los derechos de libre autodeterminación y de derechos territoriales. Sus líderes y activistas son perseguidos sistemáticamente por el Estado por defender sus derechos”, ha dicho Simon. “El Estado, por falta de prevención e investigación, también es responsable de violaciones originadas por abusos graves de privados, particularmente, violencia de género y asesinatos”.
Simon informó al Consejo de que el Grupo de Expertos ha documentado continuas olas represivas contra miembros de la Iglesia católica y otras confesiones cristianas. «Estas olas represivas también implican violaciones del derecho de miles de personas de practicar libre y públicamente su religión, y afectan el goce de otros derechos como las libertades de conciencia, expresión y opinión”, dijo Simon.
