La opositora Concertación Democrática Nicaragüense (CDN-Monteverde) y la ONG Colectivo Nicaragua Nunca Más condenaron este martes la desnacionalización y confiscación de sus bienes a los 135 excarcelados políticos nicaragüenses que fueron desterrados a Guatemala el pasado 5 de septiembre tras una negociación con Washington y Managua.
En una declaración, la CDN-Monteverde condenó «la ilegal decisión de la Corte Suprema de Justicia, al servicio del régimen Ortega Murillo, de despojar de la nacionalidad nicaragüense y confiscar los bienes de las 135 personas presas por razones políticas que, por gestiones del Gobierno de Estados Unidos, la semana pasada fueron excarceladas y desterradas a Guatemala».
«Con esta acción arbitraria de despojo de la nacionalidad se afecta el gozo efectivo de los derechos humanos y se deja más vulnerables a los 135 presos de conciencia, que ahora se suman al primer grupo de 222 reos y al de 94 personas de diferentes sectores de la sociedad, contra los que en febrero de 2023 se cometió este delito», reprochó ese movimiento opositor nicaragüense en el exilio.
«A ellos se suman otros cientos de nicaragüenses a quienes de facto también han despojado de la nacionalidad», agregó.
Violan Convención para Reducir la Apatridia
La CDN-Monteverde advirtió que el Gobierno que preside Daniel Ortega junto con su esposa Rosario Murillo, «en su estrategia de persecución política contra las voces disidentes, nuevamente violó los artículos 8 y 9 de la Convención para Reducir la Apatridia de 1961».
«El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas ha manifestado que la privación arbitraria de la nacionalidad menoscaba el pleno disfrute de todos los derechos humanos y la libertad fundamental de un individuo», argumentó.
Por su lado, el defensor de derechos humanos del Colectivo Nicaragua Nunca Más, Braulio Abarca, también lamentó la desnacionalización de los excarcelados enviados «arbitrariamente» a Guatemala.
«Desde el Colectivo Nicaragua Nunca Más solicitamos a la comunidad internacional que continúe monitoreando las graves violaciones a los derechos humanos, los crímenes de lesa humanidad, así como también se realicen procesos de rendición de cuentas y de monitoreo de las violaciones a los derechos humanos en el país», abogó el activista.
La Sala Uno del Tribunal de Apelaciones de Managua emitió este mates una resolución en la que ordenó «la pérdida de la nacionalidad nicaragüense a 135 personas condenadas por hechos delictivos que atentaron contra la soberanía, independencia y autodeterminación del pueblo nicaragüense, incitando y promoviendo la violencia, el odio, terrorismo y desestabilización económica, alterando la paz, seguridad y el orden constitucional».
Entre los declarados apátridas se encuentran los artistas plásticos Kevin Laguna y Oscar Danilo Parrilla, quienes fueron detenidos en noviembre de 2023 cuando pintaban un mural artístico en honor a la entonces recién coronada Miss Universo 2023, la nicaragüense Sheynnis Palacios.
Otros desnacionalizados son el periodista Víctor Ticay, colaborador del Canal 10 de la televisión nicaragüense; el filósofo, sociólogo y catedrático Freddy Quezada; la excarcelada opositora Olesia Muñoz, el dirigente estudiantil Jasson Salazar; el expolicía Fanor Ramos, 13 personas que pertenecen a la organización evangélica Ministerio Puerta de la Montaña de Nicaragua, por los que abogó Washington por su liberación; entre otros.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».
EFE….
