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El 18 de octubre, la jueza del Juzgado Quinto de Distrito Penal Especializado en Violencia de Managua, Henrriette Casco Batres, sentenció a prisión perpetua revisable a Giovanni Alexander Fonseca Mendieta, de 41 años, por el femicidio de su expareja, Erika Judith Martínez, crimen, perpetrado el 21 de agosto dentro del Hospital Militar Alejandro Dávila Bolaños, pone en evidencia las grietas en el sistema de protección que deberían amparar a las mujeres frente a la violencia de género.
El asesinato ocurrió a las 5:10 de la tarde, cuando Martínez, de 34 años, salía de su trabajo en el hospital. Fue interceptada por Fonseca, quien la llevó a la fuerza hasta la capilla del centro médico, donde la atacó brutalmente con 31 puñaladas. Este acto de violencia extrema fue la culminación de meses de acoso y amenazas, a las que Martínez había intentado poner fin denunciando a su agresor.
El 7 de marzo, la jueza Casco Batres había otorgado libertad a Fonseca bajo el principio de oportunidad, pese a que ya enfrentaba un proceso por violencia psicológica en perjuicio de Martínez. Este fallo permitió que el agresor continuara acechando a su víctima, violando las medidas de protección y amenazándola repetidamente. Erika había denunciado estas amenazas, expresiones como “prefiero verte muerta que con otro hombre”, pero el sistema no fue capaz de brindarle la seguridad necesaria para evitar el desenlace fatal.
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Martínez, madre de dos hijos, comenzó una relación con Fonseca en febrero de 2023, pero pocos meses después él inició un patrón de control y agresiones. Ante la creciente violencia, Martínez decidió separarse en junio de ese año y denunció formalmente el abuso. A pesar de las evidencias, las autoridades judiciales decidieron liberar al agresor, sin prever el peligro que este representaba para la vida de Erika.
La condena de prisión perpetua revisable es un paso hacia la justicia, pero no borra la realidad de que el femicidio pudo haber sido prevenido. Este caso resalta la vulnerabilidad de las mujeres en Nicaragua, un país donde el sistema judicial a menudo falla en su obligación de protegerlas, y donde las denuncias de violencia de género no siempre son tratadas con la urgencia y seriedad que requieren.
El asesinato de Erika Judith Martínez no es un hecho aislado. Refleja un patrón de impunidad que perpetúa la violencia contra las mujeres en el país. Mientras las instituciones no asuman su responsabilidad y refuercen los mecanismos de protección, muchas mujeres seguirán siendo víctimas de agresores que encuentran en la inacción del sistema un aval para sus crímenes.
Es imperativo que la sociedad y las autoridades nicaragüenses no solo condenen estos actos de violencia, sino que implementen políticas efectivas de prevención y protección que prioricen la vida y seguridad de las mujeres.
