25 oct (EFE).- La ONG humanitaria Colectivo Nicaragua Nunca Más denunció este viernes que bajo el Gobierno de Daniel Ortega han documentado 111 casos de apatridia de facto de nicaragüenses, que es cuando una persona, a pesar de figurar como nacional de un Estado según su legislación, no puede disfrutar de los derechos y la protección asociados a dicha nacionalidad.
«Entre 2021 y 2024, este Colectivo ha sistematizado un total de 111 casos públicos de nicaragüenses a quienes se les negó la entrada a Nicaragua, fueron obligados a salir del país o no se les renovó su pasaporte en el extranjero, por lo que se encuentra en apatridia de facto causándoles graves consecuencias», advirtió en un informe esa ONG, integrado en su mayoría por activistas nicaragüenses exiliados y con sede en San José.
Ese Colectivo explicó que «si bien la apatridia se ha materializado a partir de las declaratorias de desnacionalización» de 452 nicaragüenses entre 2023 y 2024, «desde años anteriores se ha venido identificando una política que se podría traducir como una apatridia de facto, caracterizada por el impedimento de ingreso a nicaragüenses a territorio nacional, la negativa de entregarles documentos de identificación o bien ser desterrados».
En otras palabras, la persona es «nicaragüense en el papel”, pero no en la práctica, ya que no puede gozar de los derechos consignados en la Constitución Política, por lo que, para ese organismo humanitario, se trata de un delito de lesa humanidad.
Entre los grupos más afectados están personas religiosas, periodistas, defensores de derechos humanos, empresarios, feministas, músicos, sociólogos, políticos y hasta diputados como el caso del dirigente indígena miskito Brooklyn Rivera, quien en abril de 2023 fue impedido de ingresar a Nicaragua, puntualizó ese organismo.
Posteriormente Rivera ingresó por «puntos ciegos» y en septiembre de ese mismo año fue capturado, y desde entonces se encuentra desaparecido, alertó la ONG.
Primeros casos fueron denunciados en 2021
Según ese Colectivo este patrón comenzó a denunciarse en los primeros meses de 2021 cuando comenzó una represalia contra periodistas y comunicadores que fueron citados ante el Ministerio Público, en Managua, como parte de una «persecución» por informar sobre los abusos y las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen de Nicaragua a partir de abril de 2018 cuando iniciaron las protestas cívicas.
Uno de los primeros casos reportados fue el de la periodista de Univisión María Lilly Delgado, quien tuvo que exiliarse luego de que las autoridades le impusieran restricción migratoria tras ser citada ante la Fiscalía.
«A esto siguieron otros periodistas que debieron exiliarse para resguardar su vida y su integridad física ya que sus pasaportes fueron retenidos por autoridades de Migración tanto en el aeropuerto de Managua como en diferentes puntos fronterizos», añadió.
Esa ONG también mencionó el caso del sacerdote jesuita José Alberto Idiáquez Guevara, rector de la expropiada Universidad Centroamericana, que en julio de 2022 fue impedido de ingresar a Nicaragua.
Otro caso entonces fue el del doctor Joaquín Solís Piura, de 86 años, exrector de la Universidad Nacional Autónoma de Nicaragua (UNAN-Managua) y viceministro de Salud de la Docencia y Desarrollo durante el primer Gobierno sandinista (1979-1990), quien regresaba a su país luego de un viaje familiar por Estados Unidos, anotó ese organismo.
Además, según el informe, se han reportado casos de pastores evangélicos a quienes les han negado el ingreso, como el pastor Saturnino Cerrato, quien, tras un viaje a El Salvador con su esposa e hijo, en abril de 2023, fueron impedidos de regresar a Nicaragua.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, acentuada tras las controvertidas elecciones generales de noviembre de 2021, en las que el presidente Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato, cuarto consecutivo y segundo junto con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta, con sus principales contendientes en prisión o en el exilio. EFE
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