La Iglesia Católica en Nicaragua enfrenta creciente persecución, exilio forzado, acoso a familiares y restricciones a rituales en hospitales.
En Nicaragua,la persecución contra la Iglesia Católica ha alcanzado niveles alarmantes bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, donde la práctica de la fe católica en espacios públicos se ha vuelto una actividad restringida y de alto riesgo.
Según los datos presentados en un reciente informe del Colectivo Nicaragua Nunca Más, la represión ha llevado a que la Iglesia católica deba funcionar, en muchos casos de forma clandestina, mientras que las detenciones, torturas y destierros de religiosos aumentan.
El documento revela que al menos 74 personas religiosas fueron arrestadas arbitrariamente desde el 2022 y que hasta septiembre de 2024 el régimen cerró 843 organizaciones religiosas, incluidas varias vinculadas a la iglesia católica. Entre estas se encuentra Cáritas de Nicaragua, una de las mayores instituciones humanitarias, cuyos trabajadores enfrentan acusaciones de lavado de dinero.
Iglesia católica: Continúa el exilio de religiosos y vigilancia
La abogada e investigadora Martha Molina y autora del informe “ Iglesia perseguida en Nicaragua” expresó en redes sociales este 06 de noviembre que “ nada sigue normal”ante la continuidad del exilio de religiosos apuntando.
“La última semana un sacerdote salió al exilio producto de la persecución policial. Ya añadió a su preocupación que “ en hospitales están prohibiendo el ingreso de sacerdotes para que lleven los Santos Óleos para la unción de los enfermos”, informó la abogada.
En Nicaragua, la persecución religiosa no se limita solo a los líderes y miembros de la iglesia católica que permanecen en el país, sino que también afecta a quienes han debido exiliarse y familiares. De acuerdo a lo que indica la abogada Molina. “ Las religiosas continúan acosadas y los familiares de sacerdotes en el exilio en extrema vigilancia”.
Destierros tiene efectos perturbadores
En febrero de 2023, el régimen Ortega Murillo aprobó la Ley 1145, que permite la pérdida de nacionalidad y el destierro de personas consideradas opositoras. Como consecuencia más de 450 nicaragüenses , entre ellos decenas de sacerdotes y monjas, fueron expulsados y convertidos en apátridas.
El Colectivo de Derechos Humanosa dvierte que la desnacionalización y el exilio “ tiene efectos perturbadores a nivel personal, familiar y social”, ya que, al ser despojados de su identidad y patria, los desterrados se encuentran en un limbo legal sin acceso a derechos ni protección.
Tanto el Colectivo como la abogada Martha Molina en sus informes hacen un llamado urgente a la comunidad internacional para que intervenga y exige al gobierno de Daniel Ortega que detenga la persecución religiosa y garantice la libertad de culto.
