El próximo 13 de noviembre del 2024, en Ginebra, Suiza, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU revisará las recomendaciones para el Estado de Nicaragua en el marco del Examen Periódico Universal (EPU).
Diversas organizaciones y redes de derechos humanos han solicitado al organismo que emita recomendaciones concretas para asegurar el respeto a las libertades de expresión y prensa en el país, denunciando el deterioro de estos derechos en Nicaragua.
La sociedad Internacional de Prensa (SIP), el Comité para la Protección de periodistas (CPJ), La Fundación por la LIbertad de Expresión y Democracia(FLED), entre otros grupos firmantes, expresaron en un comunicado que el Consejo de Derechos HUmanos debe” formular recomendaciones que permitan garantizar la protección y el respeto de la libertad de expresión y de prensa en el país”.
Las organizaciones insisten en que las recomendaciones deben tomar en cuenta “las graves denuncias realizadas por las organizaciones de la sociedad civil y la información presentada por la Oficina del Alto Comisionado de las Nacionales Unidas para los Derechos Humanos.”
Desde 2018, Nicaragua enfrenta una “ grave crisis de derechos humanos” exacerbada por una respuesta estatal represiva que, tras las protestas ciudadanas de ese año, desató una persecución generalizada contra activistas, periodistas, estudiantes, miembros del clero y otros sectores críticos.
Estado de Nicaragua niega violaciones a la libertad de expresión y de prensa
El Estado, que en su reciente reporte Nacional presentado en Septiembre de 2024 afirmó que “no existe violaciones a la libertad de expresión” en el periodo evaluado, ha sido desmentido por informes de la Comisión Interamericana de derechos HUmanos (CIDH) y el propio Consejo de derechos Humanos de la ONU. Estos documentos “evidencian un cierre casi total del espacio cívico y la persecución sistemática de voces críticas” señala el comunicado.
Entre 2019 y 2023, se documentaron numerosas violaciones a los derechos de periodistas y trabajadores de medios , incluyendo “detenciones arbitrairas, espionaje, acoso judicial, secuestros y tortura”, así como exilios forzados y despojos de nacionalidad, medidas que incrementan la vulnerabilidad de quienes disienten del régimen.
Exilio forzado del periodismo en Nicaragua y cierres de ONG
Datos de la Agencia de la ONU para los refugiados (ACNUR) revelan que aproximadamente 440, 260 personas se han visto obligados a huir del país desde 2018, lo que representa el 6.5% de la población nicaragüense. Además, la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia contabilizó hasta septiembre de 2024 un total de 278 periodistas exiliados.
Las organizaciones resaltan que, hasta agosto de 2024, han sido cerradas forzosamente “cerca de 5,664 ONG nacionales e internacionales, organizaciones religiosas, asociaciones culturales y medios de comunicación” una cifra que representa la prohibición casi total de manifestar disenso en Nicaragua.
Frente a esta realidad, los grupos firmantes exhortan al estado nicaragüense a “cesar inmediatamente la persecución, criminalización y acoso contra las voces disidentes” y reafirmaron su compromiso de proteger la libertad de expresión. Asimismo, instaron al Consejo de Derechos Humanos de la ONU a adoptar recomendaciones para “prevenir, proteger y perseguir las violaciones de la libertad de expresión” como parte fundamental para la construcción de una sociedad democrática en Nicaragua.
La misiva fue firmada por AMARC-ALC, Artículo 19 oficina de México y Centroamérica, Artist at Risk, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), IFEX-ALC, PCIN, PEN Internacional y la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
