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El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo de León, aseguró este domingo que su Gobierno «no permitirá» que la fuerza pública ejecute órdenes ilegales solicitadas por el Ministerio Público (Fiscalía), cuya cúpula se encuentra sancionada por Estados Unidos por corrupción.
En una rueda de prensa de urgencia, Arévalo de León advirtió que «la justicia en Guatemala está en crisis» y añadió que citó nuevamente al a fiscal general y jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, para que brinde explicaciones de su labor, como establece la ley.
Arévalo de León explicó que su Gobierno elaborará un «mecanismo» para que las fuerzas de seguridad bajo el mando del Gobierno no ejecuten órdenes «ilegales que son emitidas» por el Ministerio Público.
La decisión del presidente tiene lugar después de que el Ministerio Público allanara este domingo junto a la Policía Nacional Civil la vivienda del exministro de Comunicaciones Félix Alvarado, uno de los miembros más importantes del partido oficial, el Movimiento Semilla.
«Hoy nuevamente somos testigos de una acción espuria más del Ministerio Público», apuntó el gobernante, investido en enero pasado.
El Ministerio Público detalló en sus canales de comunicación oficiales que el caso en contra de Alvarado es por el delito de lavado de dinero y se encuentra bajo reserva, una medida judicial que brinda acceso al caso solo a las partes involucradas, por lo que no se conocen más detalles al respecto.
Alvarado dejó su cargo esta semana tras tomar el puesto en mayo, en uno de los ministerios más complicados del Gabinete, el de Comunicaciones.
El ahora exministro dijo que dejaba su cargo tras no llegar a acuerdos con Arévalo de León con respecto al camino que debía tomar la institución.
Según afirmaron analistas durante el último semestre, la llegada de Alvarado representó el cierre de un foco de corrupción históricamente exprimido por políticos que reciben sobornos de constructoras en el país centroamericano.
El allanamiento de este domingo se suma a más de una docena de procedimientos judiciales que el Ministerio Público ha iniciado desde 2023 en contra del partido Movimiento Semilla y sus miembros tras ganar las elecciones de dicho año.
Dichos procedimientos han sido catalogados por el partido y la comunidad internacional como ataques a la democracia e incluyen la detención de la exdiputada Ligia Hernández, quien estuvo más de 90 días en prisión este año.
La cúpula de la Fiscalía, bajo el mando de la jefa del Ministerio Público, Consuelo Porras Argueta, ha sido sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea en los últimos años bajo acusaciones de corrupción y de atacar a la democracia por intentar revertir los resultados electorales de 2023.
