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La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) condenó este lunes al Estado de Nicaragua por violar diversos derechos de los pueblos indígenas en el marco de un proyecto de canal interoceánico que sería desarrollado por una empresa china, del cual no realizó una consulta previa a las comunidades ni estudios ambientales.
La CorteIDH determinó que Nicaragua es responsable de violar los derechos a participar de la vida cultural, los derechos políticos, a la propiedad, garantías judiciales, protección judicial, el derecho a un medioambiente sano, y al de una consulta previa, libre e informada, en perjuicio de las comunidades indígenas Rama y Kriol; Monkey Point, y la Comunidad Negra Creole de Bluefields.
El vicepresidente de la CorteIDH, Rodrigo Mudrovitsch, notificó la sentencia a las partes en un acto virtual en el que no hubo representación del Estado de Nicaragua, que desde 2022 fue declarado en desacato por no atender resoluciones del tribunal internacional ni responder comunicaciones.
La sentencia establece que el Estado violó el derecho a la consulta previa, libre e informada acerca del desarrollo de un futuro canal interoceánico y aclaró que la participación en una consulta de ese tipo no se puede limitar a algunos representantes de las comunidades.
La CorteIDH también determinó que el Estado ejerció una «indebida injerencia en la designación de representantes comunales», que aprobaron un convenio para el desarrollo del canal en tierras indígenas y que no presentó un estudio de impacto ambiental del proyecto.
«Nicaragua incumplió el deber de requerir y aprobar un estudio de impacto ambiental y social de manera previa al otorgamiento de las concesiones a empresas privadas para que comiencen con las tareas de desarrollo y construcción del canal», indica el fallo.
La CorteIDH también señaló que el Estado no concluyó procesos de saneamiento territorial ni previno ocupaciones de tierras por parte de personas ajenas al territorio indígena.
El fallo ordena al Estado adoptar las medidas necesarias para sanear los territorios y garantizar la convivencia pacífica, el goce de las tierras y la protección de la propiedad, y estableció en 1,5 millones de dólares la indemnización por daños materiales e inmateriales a las comunidades.
Además, el Gobierno de Nicaragua deberá asegurarse de que cualquier medida que pudiera adoptar en relación con el proyecto del canal interoceánico sea precedido de un proceso de consulta libre, previo e informado que resulte adecuado a los estándares internacionales.
Nicaragua, 2 años en desacato ante la CorteIDH
En noviembre del 2022 la CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato luego de que el Gobierno de Daniel Ortega no respondiera a una serie de resoluciones en las que el tribunal exigía la liberación de presos políticos y la protección de activistas, disidentes y defensores de derechos humanos que han sido detenidos a partir del 2018 cuando comenzaron una serie de protestas contra el Gobierno.
En los últimos años Nicaragua no ha respondido a resoluciones y órdenes de la CorteIDH y se ha ausentado de audiencias a las que le ha convocado el tribunal, incluido el acto de notificación de este lunes.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y los privó de su nacionalidad y de sus derechos políticos tras acusarlos de «golpistas» y «traición a la patria».
