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En el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra las Mujeres, el Observatorio Voces contra la Violencia, de la Organización Católicas por el Derecho a Decidir, expone cifras alarmantes sobre la violencia femicida en Nicaragua.
Entre enero y noviembre de 2024, se han documentado 76 crímenes de odio contra mujeres y niñas nicaragüenses, con 57 casos dentro del país y 19 en el extranjero, reflejando una dolorosa realidad para las mujeres tato en su tierra natal como en contextos migratorios.
Hallazgos de la violencia contra mujeres
El informe detalla que las edades de las víctimas oscilan entre los 13 y más de 60 años, con 37 mujeres jóvenes entre 18 y 35 asesinadas, seguidas por 15 casos en el grupo de 36 a 59 años y 12 mujeres mayores de 60.
“Es alarmante cómo la violencia no discrimina edad ni contexto, afectando a mujeres de todas las etapas de su vida”, Señala Católicas por el Derecho a Decidir.
Los datos también revelan que 48 mujeres precedían de áreas rurales, mientras que 28 vivían en zonas urbanas. Entre los departamentos más afectados están Managua, con 13 casos, y la Costa Caribe Norte con 14. Respecto al entorno de los crímenes, 45 ocurrieron en ámbitos privados y 31 en espacios públicos, lo que refleja la omnipresencia de esta violencia.
El vínculo con los agresores sigue siendo una constante en estos crímenes 23 casos fueron cometidos por parejas actuales y 9 por exparejas, seguidos por 17 casos a manos de desconocidos y 12 por conocidos, añade el informe.
Las agresiones reflejan patrones de planificación, con al menos 24 crímenes perpetrados por dos o más agresores. Además, 55 mujeres fueron asesinadas con armas de fuego o blancas, mientras que 16 presentaron signos de violencia sexual.
Obstáculos para alcanzar justicia
El informe subraya que los asesinatos de mujeres migrantes enfrentan mayores obstáculos para alcanzar justicia. “La violencia transversal contra las mujeres migrantes continúa siendo una realidad; la mayoría de estas víctimas no han logrado alcanzar justicia debido a la falta de voluntad de las autoridades extranjeras por el hecho de ser migrantes”.
En el ámbito laboral, el 38% de las víctimas (29 mujeres) se desempeñaban en trabajos informales, mientras que 19 estaban en empleos formales y 8 realizaban trabajos de cuido no remunerados. A su vez, 46 de estas mujeres eran madres, dejando a 107 niños y adolescentes en la orfandad. Una de las victimas estaba embarazada al momento del crimen.
En cuanto al acceso a la justicia, el informe destaca que “8 agresores han recibido cadena perpetua; 12 casos están en proceso judicial y 8 han sido denunciados a la policía, pero más de la mitad de los casos (44) carecen de información pública sobre su estatus legal”. Además, que 12 agresores permanecen prófugos.
El informe de Católicas por el Derecho a Decidir, concluye con un llamado urgente. “¡La vida de todas las mujeres cuenta! Seguiremos alzando la voz por nuestras hermanas que ya no están y exigiendo justicia para todas. La violencia de género debe terminar, y no descansaremos hasta que la vida de cada mujer sea protegida y respetada”.
