Indígenas de la etnia misquita protestaron este jueves frente a un batallón militar en Mocorón, departamento de Gracias a Dios, al este de Honduras, en contra de una cárcel de máxima seguridad que el Gobierno pretende construir para reos de alta peligrosidad.
Foto: Brisa Bucardo.
La población misquita, a quienes según sus denuncias los militares del V Batallón de Infantería intentaron impedir su movilización, enfatizaron que no permitirán que se construya una cárcel en sus territorios ancestrales.
El presidente del Consejo Territorial de la Federación de Indígenas Nativos de la Zona Mocorón Segovia, Avilés Murphy, que aglutina a 23 comunidades cercanas de la frontera con Nicaragua, dijo a periodistas que es «lamentable» que pretendan construir una cárcel de máxima seguridad en territorios de los misquitos.
Agregó que el pueblo se organizó y fue a protestar frente al batallón para decir «rotundamente que no», a la prisión que, según el Gobierno, será construida por las Fuerzas Armadas.
El anuncio de que la prisión será construida en Mocorón lo hizo el jefe del Estado Mayor Conjunto de las
Fuerzas Armadas de Honduras, general Roosevelt Hernández, luego de una inspección del terreno, acompañado de la secretaria de Defensa, Rixi Moncada.
El anuncio de Hernández comenzó a generar el descontento de pobladores de La Mosquitia, como se le conoce al departamento de Gracias a Dios, que por años ha vivido casi en el abandono total por muchos de los gobiernos del país centroamericano.
Murphy recalcó que los militares no quieren ver el problema ambiental que estarían llevando a Mocorón con la construcción de una prisión, que en principio sería para 2.000 reos.
Añadió que los militares están acaparando tierras indígenas, cuando su misión es defender la soberanía nacional, y que los indígenas viven en esa zona antes de que Honduras fuera Estado.
El movimiento que lidera Murphy se ha sumado a la Coalición Ambiental de Honduras (COAH), que en un comunicado expresó que construir una cárcel en Mocorón sería «un ecocrimen».
Foto: Brisa Bucardo.
«Este proyecto sería un ecocrimen que pone en riesgo no solo la biodiversidad, sino también los derechos de las comunidades originarias que no han sido consultadas, en contravención del Convenio 169 de la OIT», indicó la organización ambientalista.
Otros líderes misquitos le han expresado al Gobierno que preside Xiomara Castro y a las Fuerzas Armadas que, en vez de construir cárceles, «construyan hospitales y escuelas».
Entre los opositores a la prisión en Mocorón figura la diputada Erika Urtecho, originaria de La Mosquitia, quien el martes expresó que con la cárcel pretenden quitarle la paz a los misquitos.
Agregó que los misquitos no necesitan que les lleven problemas, sino soluciones a los múltiples problemas que sufren, no de ahora.
Según la institución castrense, se trata de un esfuerzo conjunto con la Secretaría de Defensa, cuya titular busca ser la candidata presidencial del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre), cuyo coordinador general es el expresidente Manuel Zelaya, derrocado el 28 de junio de 2009, esposo y asesor de la presidenta hondureña.
En el terreno inspeccionado el martes, «se comenzará la primera fase de construcción del Centro de Reclusión de Emergencia», según las Fuerzas Armadas, que además señalaron que el proyecto responde al «compromiso» de la institución «con la lucha contra el crimen organizado, brindando de esta manera una solución efectiva para albergar a los reos de alta peligrosidad en un entorno aislado y seguro».
En 2023 la presidenta hondureña anunció la construcción de una cárcel de máxima seguridad en las Islas del Cisne, en el Caribe, y otra entre los departamentos de Olancho y Gracias a Dios, para unas 20.000 personas de alta peligrosidad.
La licitación para construir la prisión en las Islas del Cisne, a lo que se han opuesto grupos ambientalistas, entre otros, por el daño que causaría a esa reserva marina nacional, ha sido declarada nula en tres ocasiones, por no haber calificado las dos de las tres empresas que participaron, por no reunir requisitos bancarios. Pese a eso, el proyecto en Islas del Cisne oficialmente no ha sido descartado por el Gobierno.
