El Gobierno de Polonia ha aprobado ampliar las leyes sobre delitos de odio para castigar a partir de ahora las agresiones por motivos de orientación sexual, género, edad o discapacidades.
Según declaró este viernes el ministro de Justicia polaco, Adam Bodnar, la ley actual, que penaliza el «insulto público basado en la afiliación nacional, étnica, racial o religiosa» con hasta tres años de prisión, «no brinda protección suficiente a todos los grupos minoritarios que son particularmente vulnerables a la discriminación, los prejuicios y la violencia».
El ministro añadió que las nuevas regulaciones tienen como objetivo «implementar más plenamente la prohibición constitucional sobre discriminación y cumplir con las recomendaciones internacionales sobre estándares de protección contra el discurso y los crímenes de odio».
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU había expresado anteriormente su preocupación por la falta de protección legal específica para estos grupos en Polonia, y la iniciativa que se ha puesto en marcha era reclamada hace tiempo por grupos polacos de defensa de los derechos cívicos.
La inclusión de la orientación sexual y el género en las leyes sobre delitos de odio fue uno de los compromisos del acuerdo de coalición que llevó al poder al nuevo Gobierno, poniendo fin a ocho años de gobierno del partido nacional conservador Ley y Justicia (PiS).
Durante este período, el PiS lideró una campaña contra lo que denominó «ideología LGBT» e «ideología de género», lo que contribuyó a que Polonia fuera clasificada como el peor país de la Unión Europea para las personas LBGT+ durante cinco años consecutivos en las clasificaciones de organizaciones independientes.
Sin embargo, la decisión del Ministerio de Justicia de eliminar la expresión «identidad de género» de la versión final de la legislación ha generado críticas.
Lambda, un grupo polaco de defensa de los derechos LGBT+, calificó la decisión de «inquietante», y Trans-Fuzja, un grupo que defiende los derechos de las personas trans, advirtió que el cambio podría dejar «desprotegido» a uno de los grupos «más excluidos y vulnerables».
Según el periódico Gazeta Wyborcza, la eliminación de las palabras «identidad de género» se debió a «dudas de interpretación» sobre el concepto, después de que el ministerio de Justicia consultase a la Comisión de Codificación del Derecho Penal, que emitirá un dictamen final al respecto en noviembre.
A pesar de la controversia, el proyecto de ley ha sido aprobado por el Ejecutivo y ahora pasará al Parlamento, donde el Gobierno tiene mayoría. Si es aprobado, el presidente Andrzej Duda tendrá la opción de promulgarlo, vetarlo o pasarlo al Tribunal Constitucional.
