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Un grupo de 27 exjefes de Estado de América Latina y España condenó este viernes la reforma constitucional en Nicaragua aprobada en primera legislatura, la cual «adopta un modelo constitucional abiertamente dictatorial» e implica «un grave retroceso histórico».
Los exmandatarios de Estado integrantes de la Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA) señalaron que la reforma aprobada el pasado 22 de noviembre otorga un poder absoluto al presidente de ese país, Daniel Ortega, y a su esposa y vicepresidenta, Rosario Murillo.
Ambos «ejercerán supremacía sobre la totalidad de los poderes públicos, con inmediata sujeción a esta de la Policía Nacional y la posibilidad de su militarización a discreción del matrimonio presidencial», señalaron los exjefes de Gobierno en una declaración difundida este viernes.
La reforma, manifestaron, supone un «grave retroceso histórico» para todos los nicaragüenses, «al punto que hasta han sido clausuradas las congregaciones religiosas y a sus monjas se les ordenó abandonar el país».
Los firmantes hicieron eco de la doctrina de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos, según la cual «la separación de poderes guarda una estrecha relación, no solo con la consolidación del régimen democrático, sino además busca preservar las libertades y derechos humanos de los ciudadanos», ya que «limita el alcance del poder que ejerce cada órgano estatal».
Agregaron que lo anterior «desaparece cabalmente» en el país centroamericano tras la reciente reforma constitucional, la duodécima que promueve Ortega desde su llegada al poder en 2007.
Por eso, invocaron a los gobiernos democráticos de Occidente de que «en el manejo de sus relaciones exteriores no contribuyan a la normalización de la férrea dictadura Ortega-Murillo, que atenta contra las bases más elementales de la civilización».
El Parlamento de Nicaragua aprobó en primera legislatura enmiendas a la Constitución que transforman el Estado, el cual pasará de ser una República democrática, participativa y representativa a una «revolucionaria» y de «democracia directa» ejercida a través de la Presidencia.
Suscriben el texto los expresidentes Mario Abdo Benítez (Paraguay), Óscar Arias (Costa Rica), José María Aznar y Mariano Rajoy (España), Felipe Calderón y Vicente Fox (México), Laura Chinchilla (Costa Rica), Alfredo Cristiani (El Salvador), Federico Franco (Paraguay), Eduardo Frei (Chile), Osvaldo Hurtado y Guillermo Lasso (Ecuador) y Luis Alberto Lacalle H. (Uruguay).
También firman la declaración Mauricio Macri (Argentina), Jamil Mahuad (Ecuador), Hipólito Mejía (República Dominicana), Carlos Mesa (Bolivia), Lenin Moreno (Ecuador) Iván Duque, Álvaro Uribe y Andrés Pastrana (Colombia), Mireya Moscoso (Panamá), Jorge Tuto Quiroga (Bolivia), Miguel Ángel Rodríguez y Luis Guillermo Solís (Costa Rica) y Juan Carlos Wasmosy (Paraguay).
