Las Casas Trans impulsadas por las organizaciones de mujeres transexuales en cuatro ciudades de Bolivia son espacios seguros y libres de discriminación, una especie de oasis para esta población ante las persistentes vulneraciones de sus derechos, y un lugar de apoyo ante el abandono estatal.
Santa Cruz, La Paz, Cochabamba y Trinidad cuentan con estas casas que este año incorporaron unos centros comunitarios que ofrecen atención médica y psicológica.
La primera casa que se abrió fue Santa Cruz, en 2021 por iniciativa de las mujeres trans de esa ciudad, explicó la coordinadora nacional del Movimiento Trans Feminista de Bolivia, Chantal Cuéllar,
Esa experiencia fue replicada en las otras tres ciudades con la financiación del Fondo Mundial de lucha contra el VIH-sida, dentro de una iniciativa para mitigar el impacto de la covid-19.
Con el apoyo técnico del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), las organizaciones trans bolivianas accedieron a estos recursos tras presentar ante el Mecanismo de Coordinación País (MCP) una propuesta para abrir más casas y fortalecer la de Santa Cruz, explicó Cuéllar.
El sueño se concretó en 2022 e inicialmente se planificó su funcionamiento por un año, pero al ver los resultados logrados, el Fondo Mundial consideró «oportuno» mantener su apoyo, agregó.
Y no es algo menor, pues hasta el momento unas 600 mujeres trans fueron atendidas en las casas.
Casas, no oficinas
La asistencia es gratuita, por lo que las casas se autogestionan mediante iniciativas como peluquerías y estéticas, servicios de cáterin y restaurantes.
«No son oficinas, las oficinas siempre tienen este tinte más serio, tal vez hasta más frío. El objetivo (de estos espacios) es que sean casas» para que la gente se sienta acogida, sostuvo Cuéllar.
También remarcó que las casas están cumpliendo acciones que el Estado debería realizar «y no lo está haciendo», como apoyar al empoderamiento del sector para que sus derechos sean respetados.
La activista recordó que cuando se buscaron espacios para el funcionamiento de las casas, algunos propietarios se negaron a arrendarles los lugares creyendo falsamente que serían «centros nocturnos».
Pero con el tiempo los espacios se convirtieron en referentes para las mujeres trans y para toda la población.
Eso ocurre en La Paz, donde las puertas están abiertas a la comunidad LGTBI, a víctimas de violencia e incluso alguna vez se dio asistencia legal a un vecino, explicó a EFE la presidenta de la Organización de Travestis, Transgéneros y Transexuales Femeninas de Bolivia (Otraf Bolivia), Luna Humérez.
La casa lleva el nombre de Pamela Valenzuela, la primera persona trans en cambiar su identidad en sus documentos personales en Bolivia, fallecida en 2021 por la covid-19.
El celeste, rosado y blanco que representa el orgullo transgénero se luce en la fachada de la casa, donde quienes acuden por primera vez se encuentran con «una familia» con opiniones y recorridos distintos, pero con la premisa de apoyar a quien lo necesite, resaltó Humérez.
La casa tiene un equipo multidisciplinario para las áreas de trabajo social, psicología, medicina general, endocrinología, asesoría legal y ofrece almuerzos solidarios de lunes a viernes.
También da albergue temporal a mujeres trans «en extrema necesidad» o que son víctimas de violencia.
«Deuda histórica»
Bolivia avanzó en 2016 con la aprobación de la ley de Identidad de Género que permite a las personas cambiar su nombre, fotografía y sexo en sus documentos oficiales.
Pero en 2017, un fallo constitucional promovido por un parlamentario conservador suprimió los derechos del sector al matrimonio, a la adopción y a la participación política usando el recurso de la paridad de género.
Cuéllar remarcó la importancia de que el Estado «trabaje en la restitución de los derechos humanos que han sido suprimidos».
Para Humérez, Bolivia tiene una «deuda histórica» con la población trans, que sigue sin gozar de los mismos derechos que las personas «cisgénero».
También está la indefensión ante la violencia, pues los crímenes de odio no están tipificados en la legislación boliviana.
Por esto no hay estadísticas oficiales de estos casos que las organizaciones LGTBI calculan que son al menos 60 y solo en dos se logró sentenciar a los culpables.
