En Honduras, a nivel nacional, el reconocimiento y protección de los derechos de las personas LGBTIQA+ es altamente limitado.
Esta exclusión y discriminación también se refleja en el ámbito penitenciario, donde el derecho a las visitas íntimas para las personas privadas de libertad está prohibido por norma.
El reglamento general de la Ley del Sistema Penitenciario en su artículo 269 establece que las visitas conyugales están limitadas exclusivamente a “personas de diferente sexo”.
Para la abogada Ana Larissa Velásquez de la Red Lésbica Cattrachas, la prohibición del derecho a las visitas íntimas estipulado en el reglamento es parte de la discriminación al nivel normativo que impera en dicha institución.
Por lo que desde Cattrachas están impulsando una reforma al reglamento de la ley del sistema penitenciario que, a su consideración, no “requiere mayores complejidades, es más fácil que reformar una ley”.
Los Principios de Yogyakarta guían la aplicación de la legislación internacional de derechos humanos en relación con la orientación sexual y la identidad de género, señalan en su principio número 9 el derecho de toda persona privada de libertad a ser tratada humanamente.
Además, exhortan a los Estados a garantizar que ninguna persona detenida, independientemente de su orientación sexual o identidad de género, sea expuesta a violencia, malos tratos o abusos físicos, mentales o sexuales.
Discriminación en los recintos
En su informe nación del 2022, el Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura, Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes (MNP-CONAPREV) identificó que “en los centros penitenciarios de Honduras no se respetan los derechos de las personas LGBTIQ+ tienen múltiples condiciones de vulnerabilidad”.
Así lo sostuvo también Rihanna Ferrera, directora de la Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans, que expresó a Intertextual que las personas LGBTI dentro de los recintos carcelarios no solamente son discriminadas por las autoridades, sino que también por sus compañeros heterosexuales.
Por lo tanto, manifestó que se suma a la exigencia de que se reforme el reglamento “porque sí es necesario”, sin embargo, bajo su criterio es imperativo que incluya el término de la no discriminación dentro de todos los reglamentos y la ley del sistema penitenciario.
“Los privados de libertad son los que generan estigmatización y discriminación cuando una persona LGBT recibe visitas conyugales o tiene su pareja dentro del centro de reclusión”, explicitó Ferrera.
401 privadas de libertad LGBTIQ+
La falta de políticas públicas inclusivas que garanticen los derechos de las personas privadas de libertad LGTBI en los centros penales de Honduras las convierte en blanco de estigma, discriminación y esclavitud sexual.
Somos CDC en el 2022 en conjunto con el MNP-CONAPREV realizaron una gira por 24 de los 25 centros penitenciarios en el país centroamericano.
De los 24 centros penitenciarios que Somos CDC visitó, únicamente en el de Támara, Francisco Morazán identificaron que la población está segregada, pero esto no en módulo, sino en un pasillo denominado “el pasillo rosa”.
En esa gira, identificaron 401 personas privadas de libertad LGBTI con las que pudieron dialogar y escuchar sus quejas y denuncias.
Sin enfoque inclusivo
En ese momento, cuando los centros penales del país estaban bajo la dirección de los Consejos Técnicos Interdisciplinarios de la Policía Nacional de Honduras “no se sabía cómo realizar un abordaje a una persona privada de libertad LGBTIQ+”.
Ese fue una de las primeras molestias que manifestaron los privados, debido que les relataban que, aunque su apariencia fuese femenina, a ella le continuaban llamando como él.
A consecuencia de ese enfoque incorrecto hacia las personas de la diversidad, Somos CDC desarrolló una jornada de formación en temas de género, derechos humanos y diversidad sexual para sensibilizar al personal de cómo realizar un abordaje adecuado a una persona LGTBI.
Sin embargo, al tomar el control de los centros penitenciarios la Policía Militar del Orden Público (PMOP) el 26 de junio del 2023, debido a una emergencia suscitada en el sistema penitenciario, las organizaciones observantes de derechos humanos han perdido la pista de los reclusos debido al inexistente acceso al interior de los recintos.
Obligadas al trabajo sexual dentro de cárceles
Daniela Mondragón, asesora legal para Somos CDC reveló en entrevista con Intertextual que en los centros penitenciarios de máxima seguridad como los de Morocelí (El Paraíso) e Ilama (Santa Bárbara) no hay personas LGBTI que abiertamente expresen su orientación sexual o identidad de género.
Lo anterior, debido a que, según lo que le explicaron, si manifestaban su orientación o identidad, se enfrentaban a dos riesgos, ser víctimas de abuso sexual o incluso ser asesinadas, dependiendo de las dinámicas de las estructuras criminales predominantes en esos recintos.
Según el testimonio, una de las estructuras era “más tolerable, pero implicaba tener relaciones con personas que no queremos, ser sus empleadas -en caso de que sea una mujer trans-”.
“Y en caso de otra estructura criminal que es como más machista era como que más violenta era tomar la decisión entre vivir o morir”, añadió.
En ese contexto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en su informe del 2024 sobre la situación de Derechos Humanos en Honduras registró estas violaciones y recordó al Estado que los estándares internacionales en materia de prevención y protección contra la violencia requieren que estos actos sean investigados con la debida diligencia.
Barreras legislativas
Son muchas las barreras legislativas que obstaculizan que las personas LGBTI puedan gozar adecuadamente de sus derechos en el país. La falta de la Ley de Identidad de Género, y del derecho al matrimonio igualitario son los que inhiben a los presos privados LGBTI a acceder a su derecho a visitas conyugales.
“A nivel emocional ha de ser súper desgastante estar en ese proceso, no obtener respuestas o respuestas tardías o a realizar todo este proceso para al final nunca tener un documento que avale que las personas LGBT puedan visitar a sus parejas” expresó Velásquez.
Por lo pronto, desde Cattrachas esperan que el sistema penitenciario pueda implementar el conjunto de estándares internacionales de derechos humanos como pauta para incorporarlas en el borrador al reglamento que se está haciendo.
