El Parlamento de Nicaragua dijo este lunes que recibió del Ejecutivo un proyecto de ley para «integrar en un solo cuerpo legal» las regulaciones que rigen al Banco Central de Nicaragua y a la Superintendencia de Bancos, algo que medios no oficiales ven como una intervención del Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo en la banca y «todo el sistema financiero nacional».
La Asamblea de Nicaragua informó que la iniciativa que fue remitida a la comisión legislativa de Producción, Economía y Presupuesto para su consulta y dictamen, introduce «nuevos instrumentos y regulaciones para facilitar liquidez, atender emergencias y situaciones excepcionales, que aseguren la continuidad de la intermediación financiera y de los pagos».
Agrega que de igual manera el proyecto de ley incorpora líneas de préstamos y facilidades de financiamiento durante situaciones excepcionales y de emergencia a instituciones financieras y al Gobierno.
La diputada Loria Raquel Dixon, primera secretaria de la Junta Directiva de la Asamblea Nacional, destacó que esta iniciativa tiene como objetivo establecer el régimen regulatorio de la administración del sistema monetario y financiero de Nicaragua, publicó por su parte el diario oficialista nicaragüense El 19 Digital.
«Incorporar la supervisión consolidada de grupos financieros extrarregionales, para que los basados en el país sean regulados por la Superintendencia y no en el exterior», indicó la parlamentaria, según el diario oficialista.
Medios no oficiales sin embargo señalan que con la ley el «régimen en Nicaragua interviene bancos, nombrarán a junta directiva, gerentes y personal», además de permitirle «acceder a información financiera de cualquier ciudadano» en el país, como publicó el portal 100 % Noticias.
Según el texto de la iniciativa, las instituciones del sistema monetario y financiero, como el BCN y la Superintendencia, tendrán la facultad de «solicitar a cualquier persona natural o jurídica residente en Nicaragua, sin importar su nacionalidad, información económica, financiera, estadística y regulatoria».
En cuanto al sigilo bancario, el portal asegura que pese a que el artículo 25 del proyecto establece la obligación de los funcionarios del BCN y la Superintendencia de guardar confidencialidad sobre la información obtenida, «esta reserva puede ser levantada por decisión de las mismas instituciones o mediante la intervención de una autoridad legal».
