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La Asamblea Nacional de Nicaragua aprobó este miércoles en segunda legislatura artículos de una reforma a la Constitución Política, en la que establece que «las y los traidores a la patria pierden la nacionalidad nicaragüense».
La enmienda constitucional, aprobada de manera unánime en segunda y definitiva votación, establece la privación de la nacionalidad a los «traidores a la patria», la que hasta ahora ha sido aplicada -sin que estuviera en vigor en la Carta Magna- a 452 nicaragüienses, entre ellos los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, los obispos Rolando Álvarez y Silvio Báez.
La diputada sandinista Patricia Sánchez Urbina explicó en el pleno que, según la Ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, la soberanía y autodeterminación para la paz, son considerados traidores a la patria aquellos nicaragüenses que encabecen o financien un golpe de Estado.
También los que alteren el orden constitucional, que fomenten o insten a actos terroristas, que realicen actos que menoscaben la independencia, la soberanía, y la autodeterminación, que inciten a la injerencia extranjera en los asuntos internos, pidan intervenciones militares, y se organicen con financiamiento de potencias extranjeras para ejecutar actos de terrorismo y desestabilización.
Además, los que propongan y gestionen bloqueos económicos, comerciales y de operaciones financieras en contra del país y sus instituciones, aquellos que demanden, exalten y aplaudan la imposición de sanciones contra el Estado de Nicaragua y sus ciudadanos, y todos los que lesionen los intereses supremos de la nación contemplados en el ordenamiento jurídico.
Según esa ley, los «traidores a la patria” no podrán optar a cargos de elección popular, sin perjuicio de las acciones penales correspondientes establecidas en el Código Penal.
Modifican Carta Magna de hace un año
La nueva reforma modifica el articulado constitucional ratificado hace un año, que establecía que aquel nicaragüense que sea sentenciado por delitos considerados «traición a la patria» perderá la calidad de «nacional nicaragüense».
También elimina el artículo 20 que establecía que «ningún nacional puede ser privado de su nacionalidad. La calidad de nacional nicaragüense no se pierde por el hecho de adquirir otra nacionalidad».
La anterior reforma constitucional fue aprobada en primera de dos legislaturas el 9 de febrero de 2023, el mismo día en que fueron excarcelados y expulsados hacia Estados Unidos 222 prisioneros nicaragüenses, entre líderes opositores, disidentes sandinistas, sacerdotes y críticos al Gobierno del presidente Daniel Ortega.
El 10 de febrero de 2023 y a pesar de que la reforma constitucional no estaba en vigor, las autoridades de Nicaragua despojaron de la nacionalidad a las 222 personas excarceladas y expulsados a Estados Unidos, sentenciadas como «traidores a la patria», y a las que se privó de su nacionalidad en base a la ‘Ley especial que regula la pérdida de la nacionalidad nicaragüense’, aprobada también un día antes.
Cinco días después, las autoridades de Nicaragua despojaron de su nacionalidad a los escritores Sergio Ramírez y Gioconda Belli, al obispo auxiliar de Managua, Silvio Báez, al excomandante de la revolución Luis Carrión, y a otros 90 nicaragüenses opositores y críticos con Ortega, tras ser acusados por delitos considerados «traición a la patria».
Las autoridades de Nicaragua elevaron a 452 el número de nicaragüenses a los que les han privado de su nacionalidad, al sumar a los 135 presos políticos que fueron excarcelados y expulsados hacia Guatemala el 5 de septiembre de 2024.
