Las autoridades de Nicaragua informaron este jueves de que han comenzado a juramentar a miles de policías voluntarios, una figura creada en una reforma a la Constitución Política que aún no está en vigor y que son tildados como «paramilitares» por opositores.
Los primeros 2.504 policías voluntarios, que aparecieron con el rostro cubierto con pasamontañas, juraron promesa de ley ante un ejemplar de la Carta Magna en los departamentos (provincias) de Estelí y Madriz, fronterizos con Honduras, ante la presencia del jefe de la Policía de Nicaragua, Francisco Díaz.
Los policías voluntarios, formados en bloques, aparecieron vestidos con camiseta blanca, pantalón negro, zapatos negros y una capucha negra de poliéster o pasamontaña para ocultar su rostro, y en algunos casos gafas de sol, según imágenes publicadas por los medios oficiales y la Policía Nacional.
En noviembre pasado, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, propuso crear, en una iniciativa de reforma parcial a la Constitución Política, la Policía Voluntaria como un cuerpo auxiliar y de apoyo a la Policía Nacional que, según los opositores, se trataría de fuerzas parapoliciales y paramilitares.
La reforma constitucional está siendo discutida en segunda y definitiva lectura en el Parlamento, dominado por el oficialismo.
Pese a que la figura de Policía Voluntaria no existía en la Constitución, Ortega afirmó en septiembre de 2022 que el Ejército, la Policía y la «policía voluntaria» ayudaron a restaurar «la paz» en Nicaragua tras la revuelta popular que estalló en abril de 2018 por unas controvertidas reformas a la seguridad social y que dejaron cientos de muertos.
Según organismos humanitarios y opositores, esos civiles armados son «grupos parapoliciales y paramilitares» que actuaron con la aquiescencia de la Policía Nacional en la denominada ‘Operación Limpieza’ con la que el Gobierno neutralizó las manifestaciones en su contra.
Nicaragua atraviesa una crisis política y social desde abril de 2018, que se acentuó tras las controvertidas elecciones generales del 7 de noviembre de 2021, en las que Ortega, en el poder desde 2007, fue reelegido para un quinto mandato y cuarto consecutivo, con sus principales contendientes en prisión y a los que luego expulsó del país, y les privó de su nacionalidad y sus derechos políticos tras acusarlos de «traición a la patria».
