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Las reformas constitucionales promovidas por Daniel Ortega y Rosario Murillo han generado una profunda polémica dentro y fuera de Nicaragua. Estas modificaciones, conocidas popularmente como “Reforma Chamuca” impactan más de 100 artículos de la Constitución Política y han sido calificadas como una consolidación del modelo autoritario y representativo del régimen.
La Asamblea Nacional, dominada por el oficialismo, aprobó las reformas que concentran aún más el poder en la presidencia, eliminan principios democráticos y garantizan la perpetuidad de la pareja presidencial en el poder.
Cambios de las reformas Constitucionales en Nicaragua
Entre las principales modificaciones destacan:
- Extensión del periodo presidencial: se amplía de 5 a 6 años, consolidando el control del Ejecutivo.
- Creación de cargos públicos vitalicios: asegura la permanencia de funcionarios afines al régimen.
- Movilización militar: permite al Ejecutivo utilizar al ejército para proteger su poder frente a cualquier amenaza.
- Subordinación total de los poderes del Estado: Elimina la división de poderes, concentrándolos en la Presidencia.
- Imposición de símbolos partidarios: La Bandera Sandinista se convierte en un símbolo patrio obligatorio.
- Policía Voluntaria: Se crea un cuerpo auxiliar integrado por ciudadanos que responderán directamente al Ejecutivo.
- Legalización de la apatridia: Otorga al régimen la capacidad de despojar de su nacionalidad a quienes considere “traidores”.
- Eliminación de garantías fundamentales: Se deroga la prohibición de la tortura y el recurso de habeas corpus, erosionando derechos básicos.
Opiniones expertas: Entre represión y el control total
Una experta en seguridad que habló con Intertextual bajo condición de anonimato, aclara que “cuerpo armado” bajo el mando directo de Ortega implica la desaparición de su naturaleza preventiva y comunitaria. “La policía Nacional depende de la autoridad ejercida por el presidente de la República en su carácter de jefe supremo” se lee en la reforma. La experta también subrayó que las nuevas sanciones a efectivos policiales que deserten o incumplan órdenes buscan frenar el creciente descontento dentro de la institución.
El politólogo Félix Maradiaga afirmó que, estas reformas formalizan jurídicamente un control político absoluto sobre la policía. “Esto refleja el temor de Ortega Murillo ante una posible insubordinación dentro de las fuerzas armadas” señaló.
Violaciones a los derechos humanos y respuestas opositoras
Organismos como el Colectivo Nicaragua Nunca Más, han denunciado que estas reformas son contrarias a los tratadas internacionales de derechos humanos. “Nos hemos quedado sin derechos” afirmó Juan Carlos Arce, advirtiendo sobre la intensificación de la represión, el destierro y la tortura como políticas de Estados. Según Arce, “la arbitrariedad y los crimines de lesa humanidad han sido elevados a Políticas de Estado”.
Por su parte, la Concertación Democrática Nicaragüense (CDN) conocida como Monteverde, propuso una Asamblea Constituyente para redactar una nueva Constitución que sea resultado de un proceso democrático genuino. “Lo que queremos es una Constitución hecha en paz y democracia que responda a las necesidades de todos los sectores de la sociedad”, expreso Eliseo Núñez.
Críticas a la libertad de prensa y debido proceso
Las nuevas reformas también contemplan la vigilancia estatal sobre los medios de comunicación para evitar la difusión de noticias falsas y sujeción a “intereses extranjeros”. Gremios periodísticos consideran que esta disposición atenta la libertad de prensa, siendo utilizada como herramienta de “censura.”
Finalmente, la supuesta garantía del debido proceso queda desmentida por las constantes denuncias de detenciones arbitraras y juicios injustos contra opositores.
Estas reformas, aprobadas de manera apresurada, no solo consolidan un modelo dinástico y represivo, sino que también eliminan cualquier posibilidad de oposición dentro del marco legal. El régimen Ortega Murillo, al controlar todos los poderes del Estado, refuerzan su posición como una dictadura que desafía las normas internacionales de derechos humanos y democracia.
