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Dos niñas nicaragüenses que quedaron embarazadas con 12 y 13 años tras ser violadas se vieron obligadas a llevar a término esos embarazos dado que en su país el aborto está prohibido en cualquier circunstancia, «vulnerando su derecho a vivir con dignidad», dictaminó el Comité de Derechos Humanos de la ONU.
El grupo de 18 juristas publicó este lunes una decisión (no vinculante) sobre estos casos y otro similar ocurrido en Ecuador, también fallado en favor de la menor, y señaló que obligar a niñas víctimas de violación a sufrir embarazos «es un acto que equivale a tortura», en palabras de la miembro del comité Hélène Tigroudja.
El comité investigó a petición de la defensa de las víctimas los casos de Susana y Lucía (seudónimos para proteger la identidad de las menores), después de que no fueran investigados en Nicaragua.
Susana, abandonada por su madre cuando tenía un año de edad y enviada a vivir con sus abuelos, comenzó desde los seis años a sufrir abusos por parte de su abuelo, miembro de un grupo armado local, y quedó embarazada a los 12, viéndose obligada a tener el niño.
Por su parte, Lucía tenía 13 años cuando el sacerdote de su comunidad comenzó a abusar sexualmente de ella, fue amenazada cuando intentó denunciar las violaciones y también se vio forzada a llevar su embarazo a término, siendo además sometida a abusos psicológicos y físicos por parte del personal médico durante el parto.
El hecho de que los perpetradores de estos abusos no hayan tenido que responder ante la justicia es «una omisión del Estado Parte en relación con su obligación de protección en el caso de niñas víctimas de violencia», indicó la decisión del comité, también extensiva al caso ecuatoriano.
El comité que preside la experta paraguaya Tania María Abdo concluyó que tanto Nicaragua como Ecuador han violado el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ratificado por ambos gobiernos, que prohíbe la tortura y los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.
«Las tres niñas sufrieron un alto nivel de angustia causado por el abuso sexual, el embarazo no deseado, el estigma dentro de la comunidad y la carga emocional y financiera de criar a un niño nacido de una violación en una situación de pobreza», subrayó Tigroudja.
El Comité destacó la absoluta necesidad de combatir la violencia sexual, proporcionar a las niñas educación de salud sexual y reproductiva necesaria para identificar la violencia relacionada y los embarazos, y garantizar que todas las menores víctimas de estos abusos tengan acceso efectivo a los servicios de aborto.
