Los hijos de José Ramón Silva Reyes, un coronel retirado de la Guardia Nacional de Nicaragua, solicitaron este lunes en una audiencia ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) justicia por la desaparición forzada y torturas sufridas por su padre a manos de agentes estatales nicaragüenses.
«Venimos a pedir que se haga justicia, porque un hombre no merecía ser tratado así. Junto con mi padre tres más desaparecieron. Nunca se encontró su cuerpo, nunca se supo qué se hizo. Aún siendo grandes, personas maduras, de 60 años, seguimos sintiendo dolor (…)
Pedimos justicia para que se reconozca su muerte y el daño que hicieron. Queremos darle nuestro último adiós», expresó ante los jueces José Ramón Silva, hijo de la víctima.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) explica que el caso se remonta a 1979 cuando José Ramón Silva Reyes era coronel en retiro de la Guardia Nacional de Nicaragua y como resultado del triunfo de la Revolución Sandinista el 18 de julio de ese año, habría acudido junto con otros familiares a la embajada de Guatemala en solicitud de asilo político.
Durante ese periodo de asilo, hasta el 30 de octubre de 1983, Silva Reyes habría solicitado en varias ocasiones salvoconducto, pero este no le habría sido otorgado.
«Según investigaciones de sus hijos, su padre fue sacado de dicha embajada por medio de engaños de una persona que se hizo pasar por asilada. Los familiares afirman que Silva fue capturado y luego sometido a interrogatorios y torturas en la cárcel Modelo (de Tipitapa) por haber pertenecido a la Guardia Nacional», explicó el segundo vicepresidente de la CIDH, José Luis Caballero, en la audiencia ante la CorteIDH.
La CIDH indicó que se investiga la responsabilidad del Estado de Nicaragua por la violación de los derechos a la personalidad jurídica, a la vida, a la integridad personal, a la libertad personal, a las garantías judiciales y a la protección judicial de José Ramón Silva Reyes, así como la presunta imposibilidad de acceder a la justicia y las amenazas sufridas por su hijo,
Denis Silva, vinculadas con las acciones emprendidas en búsqueda de la verdad.
Tras la audiencia de este lunes, en la que no participaron representantes del Estado de Nicaragua, las partes tendrán un mes para presentar sus alegatos finales por escrito ante la CorteIDH y luego los jueces dictarán un fallo en los siguientes meses.
La CorteIDH declaró a Nicaragua en desacato desde 2022, cuando los jueces comenzaron a emitir una serie de resoluciones de medidas provisionales que exigían al Estado liberar y garantizar la vida y la salud de más de un centenar de personas opositoras al Gobierno del presidente, Daniel Ortega, que fueron encarceladas.
Desde entonces Nicaragua no responde a órdenes de la CorteIDH ni acredita representantes para las audiencias del tribunal.
