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La decisión del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender la ayuda que ha venido brindando a muchos países la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), afectará a instituciones gubernamentales y no gubernamentales de Honduras.
«Un proyecto que teníamos previsto iniciar en marzo de este año, ha quedado suspendido porque sería ejecutado con fondos de la USAID», dijo a EFE una fuente del Instituto de Conservación Forestal (ICF).
Agregó que el proyecto, del que no quiso precisar detalles, porque no está autorizado, «de momento queda en suspenso» y que quizá sea desarrollado «con ayuda que pueda brindar otro organismo de cooperación como la Unión Europea».
La semana pasada, el canciller hondureño, Eduardo Enrique Reina, indicó que la suspensión de la ayuda de la USAID no es preocupación para el Gobierno que preside Xiomara Castro, porque la mayor parte de los recursos los reciben organizaciones no gubernamentales (ONG) y del sector privado.
Reina subrayó que algunas ONG que reciben ayuda de la USAID son críticas del Gobierno de Xiomara Castro y serán las más afectadas con la decisión anunciada por Trump.
La coordinadora de la Defensoría de Movilidad Humana del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras (CONADEH), Elsy Reyes, señaló en un comunicado que uno de los sectores afectados con la cancelación de la ayuda de la USAID es el de «las víctimas de desplazamiento forzado interno».
La cancelación de los programas y proyectos financiados por la USAID «traerá una serie de repercusiones a los sectores más vulnerables en Honduras, al no continuar recibiendo la asistencia humanitaria derivada de los mismos», subrayó Reyes.
Según Reyes, entre los sectores en condición de vulnerabilidad afectados estarían los niños, las mujeres, personas migrantes retornadas y grupos de la comunidad LGTBIQ+.
Además, hay algunos programas de la USAID que, a través de algunas organizaciones, estaban apoyando a personas víctimas de violencia o en riesgo, que habían salido huyendo por temas de desplazamiento forzado.
Reyes también señaló que las repercusiones serían altas, porque en el país hay muy pocos programas que apoyan directamente a las comunidades, en particular a las personas en condición de vulnerabilidad.
En 2023 la ayuda de la USAID a Honduras fue de unos 144 millones de dólares, cifra que en 2024 al parecer se redujo a menos de 100 millones.
Otro organismo hondureño que será afectado con las nuevas disposiciones de Washington, es el Consejo Nacional Electoral (CNE), cuya presidenta, Cosette López, dijo el martes a periodistas que hace diez días recibieron la notificación de la suspensión de la ayuda que se venía recibiendo de la USAID.
Parte de la ayuda al CNE, según López, era para la contratación de «un consultor tecnológico que nos ayudaría para hacer una contraparte eficiente en las empresas que están prestando servicios acá adentro», en el proceso de las elecciones primarias que el 9 de marzo celebrarán los tres partidos políticos mayoritarios de Honduras, previas a las generales del 30 de noviembre.
También se ha suspendido una ayuda para el registro de custodios electorales y otros, añadió López.
Otras organizaciones, como el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) y la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ), que con frecuencia denuncian presuntos actos de corruptela en instituciones del Gobierno, han sido receptores de fondos de la USAID.
Según la ASJ, el aporte que han venido recibiendo de la USAID ha sido «mínimo», equivalente al 4 % de su presupuesto, por lo que consideran que sus proyectos no serían interrumpidos.
La USAID también ha financiado en Honduras proyectos en materia de educación, salud, infraestructura, organizaciones de grupos minoritarios, pequeños emprendedores y asistencia a migrantes, entre otros.
