Setenta y nueve países, entre ellos numerosos latinoamericanos, firmaron este viernes una declaración conjunta de apoyo a la Corte Penal Internacional (CPI), menos de Argentina, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Paraguay o El Salvador, en un momento en que esta se encuentra atacada por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
“Hoy en día, la Corte se enfrenta a desafíos sin precedentes: se han adoptado medidas de sanción a la corte y sus funcionarios, así como los que cooperen con ella, en respuesta a que la Corte lleva a cabo su mandato de acuerdo con el Estatuto de Roma”, reza la declaración.
Sin embargo, no se menciona por su nombre al Gobierno estadounidense ni a su presidente Donald Trump, que el jueves firmó la orden ejecutiva para anunciar restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos (donde está la sede central de la ONU) a individuos de la CPI, así como su familia inmediata (pareja e hijos), que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
“Esas medidas -dice la declaración conjunta- acrecientan los riesgos de impunidad para los crímenes más graves y amenazan con erosionar el imperio de la ley internacional; más incluso, las sanciones pueden ponen en peligro la confidencialidad de informaciones delicadas y la seguridad de los afectados, incluyendo víctimas, testigos y miembros de la Corte”, indica el texto.
“Lamentamos todo intento de socavar la independencia de la Corte, su integridad y su imparcialidad (y) subrayamos su papel insustituible para acabar con la impunidad, promover el imperio de la ley fomentar el derecho duradero por los derechos humanos”.
Entre los firmantes de la declaración también hay varios países europeos como España, Alemania, Francia, Reino Unido, Polonia u Holanda, pero no así Italia ni Hungría; también están aliados de EE.UU. como Canadá, pero no Australia. Faltan numerosos países africanos o asiáticos cercanos a Rusia.
Al firmar su orden ejecutiva el jueves, Trump subrayó que la CPI ha emprendido “acciones ilegítimas e infundadas contra Estados Unidos” e Israel, definido como un “aliado estrecho”, y ha “abusado aún más de su poder al emitir órdenes de arresto infundadas” contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su exministro de Defensa Yoav Galant.
Estados Unidos no ha reconocido nunca la jurisdicción de la CPI, como tampoco Israel, China ni Rusia. En total, hay 124 países que reconocen a la CPI, pero no todos han firmado la declaración conjunta.
