El secuestro de opositor Yasser Morazán por parte de la policía orteguista es una muestra más de que en Nicaragua nadie está a salvó de la represión del régimen de Daniel Ortega.
Morazán, quien había intentado pasar desapercibido cerrando sus redes sociales y evitando cualquier activismo político, pero fue arrestado, demostrando que, en un país donde reina el miedo y la persecución, ni siquiera el silencio garantiza la seguridad.
Este episodio no es un hecho aislado. Desde el estallido de las protestas cívicas en 2018, el régimen ha perseguido, encarcelado y desterrado a cientos de opositores, violando sistemáticamente los derechos humanos.
En la actualidad según el último informe del Mecanismo de Reconocimiento de Personas Presas Políticas en Nicaragua publicado en noviembre de 2024, “al menos 45 personas permanecen detenidas por razones políticas, de las cuales 39 son hombres y 6 mujeres.”
La detención de Morazán se suma a la lista de opositores capturados arbitrariamente, reforzando la idea de que la justicia en Nicaragua no responde a principios democráticos, sino a caprichos de una dictadura que se aferra al poder mediante el terror y la represión.
Una advertencia a la oposición en Nicaragua: quedarse o huir
Morazán había retornado a Nicaragua en 2021, tras haber vivido en el exilio en Costa Rica y estados Unidos. Su detención no es más que una advertencia a quienes, pese al temor, intentan rehacer su vida en el país que los vio nacer. Su situación es el reflejo de lo que muchos nicaragüenses enfrentan día a día; con el dilema de permanecer en su patria bajo amenazas constante o huir en busca de libertad, aunque ello signifique a pérdida de todo lo que construyeron.
La represión en Nicaragua no distingue. No importa si un ciudadano ha decidido alejarse del activismo o si trata de llevar una vida privada, sin confrontaciones públicas con el régimen. La simple sospecha de ser un opositor basta para ser víctima de persecución.
En el caso de Morazán, su linaje familiar y su pasado critico contra el sandinismo fueron suficientes para que la dictadura lo pusiera en la mira. Su hermano, Yader Morazán
Es un opositor reconocido y desnacionalizado por el régimen. Y su padre Alfonso José Morazán Castillo un militar retirado, quien fue preso político en 2018 y liberado en 2019 por alzarse en manifestaciones contra la dictadura, lo que hace evidente que el castigo no es solo para los que se alzan en contra de Ortega, sino también para sus familias.
Mientras tanto, la comunidad internacional sigue denunciando las arbitrariedades de la dictadura nicaragüenses; las sanciones y los llamados a la presión diplomática parecen no ser suficientes para frenar el autoritarismo de los Ortega Murillo.
La reciente ola de detenciones y la persecución de opositores en el exilio ponen en evidencia que la dictadura no tiene intención de ceder y que la única respuesta que ofrece a la disidencia es la cárcel, el exilio o el silencio forzado.
En Nicaragua, nadie está seguro. El régimen se ha convertido en un aparato de terror que se ensaña, con su pueblo, destruyendo familias y aplastando cualquier vestigio de oposición. Casos como el de Yasser Morazán nos recuerda que la dictadura sigue operando con total impunidad, mientras la resistencia y la lucha por la democracia se mantienen vivas, aunque bajo la sombra del miedo.
