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El Gobierno de Daniel Ortega junto con su esposa, Rosario Murillo, negó la entrada al país a al menos 290 nicaragüenses. incluidos seis menores de edad, entre enero de 2024 y lo que va de febrero de este año, denunció este sábado la organización Monitoreo Azul y Blanco.
El 64 % de los afectados son hombres y el 36 % mujeres, indicó la organización, que se define como un equipo interdisciplinario que registra y consolida denuncias de violaciones a derechos humanos vinculados al contexto político que vive Nicaragua desde abril de 2018.
«Las prácticas de destierro y desnacionalización implementadas por el régimen de Daniel Ortega constituyen violaciones graves al derecho internacional y reflejan un patrón represivo históricamente utilizado por regímenes autoritarios para castigar la disidencia», señaló ese organismo.
Argumentó que «la apatridia no solo vulnera derechos fundamentales como el derecho a una nacionalidad y a no ser privado de ella de forma arbitraria (artículo 15 de la Declaración Universal de Derechos Humanos), sino que también contraviene tratados internacionales que prohíben la creación deliberada de personas apátridas, como la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas de 1954 y la Convención para la Reducción de los Casos de Apatridia de 1961».
Según el Monitoreo Azul y Blanco, el destierro y la negación de nacionalidad han sido condenados por organismos internacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, que advierte sobre las consecuencias devastadoras de la apatridia, incluyendo la restricción del acceso a derechos básicos como la identidad legal, la educación, la salud y la movilidad.
«Estas medidas, utilizadas como herramientas de persecución política, no solo afectan a las víctimas directas, sino que también generan inestabilidad regional, aumentando los flujos migratorios forzados y colocando a países vecinos ante desafíos humanitarios complejos», advirtió.
Entre enero 2024 y febrero 2025, el Monitoreo Azul y Blanco ha registrado al menos 349 casos relacionados con la represión migratoria, entre ellos los 290 de negar la entrada al país a nacionales.
También reporta ocho casos de negación de ingreso a Nicaragua a extranjeros, y la retención o negación de salida del país a 47 nicaragüenses.
Además, se han registrado dos casos de negación de renovación de pasaporte a nacionales y dos expulsiones de personas extranjeras, de acuerdo con el informe.
Ese organismo recordó que en febrero de 2023, las autoridades nicaragüenses encarcelearon y expulsaron del país a 222 presos políticos, y en septiembre de 2024 a otros 135 nicaragüenses, a los que posteriormente despojó de su nacionalidad y de sus bienes, quedando en condición de apatridia.
De momento, ni el Gobierno de Nicaragua ni el Ministerio del Interior a través de la Dirección General de Migración y Extranjería han ofrecido sus versiones sobre la denuncia de esas prohibiciones de ingresar al país a connacionales, y generalmente no suelen pronunciarse.
