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El presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó un decreto con el fin de reforzar los requisitos necesarios para el registro de votantes para el proceso de elecciones.
Es una medida impulsada desde hace tiempo por la bancada republicana en el congreso y que finalmente Donald Trump hizo realidad por medio del decreto que promueve la verificación de documentos como ciudadanía como pasaportes o certificados de nacimiento.
De manera que el decreto de Trump pretende que la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. solicitar requisitos de validación de ciudadanía para realizar el proceso de inscripción de votantes y que si no se da de esa manera retendrán fondos electorales a los estados que no cumplan con la directriz.
Es un proyecto que los legisladores republicanos incentivaban, sin embargo, se habían topado con el obstáculo de que existe un fallo de la Corte Suprema que forzaba a aceptar un formulario de registro de votantes genérico ofrecido por la Comisión de Asistencia Electoral de EE.UU. que no requería documentos de comprobación de ciudadanía muy especializados.
Por otra parte, un acuerdo posible entre el Servicio de Impuestos Internos (IRS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), podría hacer posible la localización de millones indocumentados que viven en Estados Unidos, debido a si los datos confidenciales de información fiscal son puestos a disposición de autoridades migratorias podría llevar a las autoridades a millones de personas que realizan su pago de impuestos pero que poseen ciudadanía.
El Servicio de Impuestos Internos (IRS), es una institución estatal que lleva registro en temas fiscales, dicha institución le da la oportunidad a las personas migrantes indocumentadas de realizar el pago correcto de sus impuestos y a cambio les asigna un numero registrado en una carta llamado número de Identificación Personal del contribuyente en sus siglas en ingles ITIN, el cual es para muchos el primer paso para convertirse en ciudadanos legales ya que les da un respaldo documental estatal.
Todo lo anterior sucede mientras el Departamento de Justicia de los Estados Unidos se rehúsa a dar más información acerca de los vuelos de migrantes enviados a El Salvador, que aparentemente eran parte de una pandilla llamada “Tren de Aragua”. El departamento de Estado se protege de facilitar la información al juez federal que investiga el caso de deportación, fundamentándose en el “secreto de estado”, medida que impediría al juez hacer uso de esa evidencia en tribunal.
