![](https://static.wixstatic.com/media/c2bf80_bdba9d7d9200491cb89c818c90dbd6b4~mv2.jpg/v1/fit/w_927,h_552,al_c,q_80/file.png)
Durante el fin de semana, El Ejército de Nicaragua informó que para las elecciones generales del 7 de noviembre dispondrá de 15 mil efectivos militares, medios de transporte, aéreos y navales, para el traslado de material electoral, equipos y funcionarios a los lugares más remotos del país.
n
El sancionado general y jefe de las fuerzas castrenses, Julio César Avilés, dijo que garantizar la seguridad también será parte de su misión en ese proceso electoral, que ha sido calificado como “fraudulento” por parte de la oposición nicaragüense.
n
“Nosotros hacemos un llamado a todo nuestro pueblo, de que debemos de saber identificar plenamente qué es lo que más nos conviene como nación. La inseguridad, la alteración del orden público o la seguridad, la tranquilidad, la estabilidad y la paz”, expresó a medios oficiales.
Manifestó que para garantizar la seguridad de las personas que acudan a votar el 7 de noviembre trabajarán en coordinación con la Policía Nacional.
Ejército no permitirá desorden aseveran
n
El máximo representante del cuerpo castrense, también declaró que durante el proceso electoral no van a permitir alteraciones, ni violencia para garantizar lo que llaman ̈tranquilidad ̈.
n
“Aquí no va haber desarrollo de este país con desórdenes de ninguna naturaleza, aquí no va haber desarrollo de este país con la alteración de la vida normal de los nicaragüenses, aquí no va haber desarrollo y avance y bienestar para todos los nicaragüenses en la medida que existan gente que apuntan a escenarios de violencia”, sentenció.
n
De acuerdo con Cid Galluo en Nicaragua, impera una gran decepción por parte de la gran mayoría de los nicaragüenses, que prefieren abstenerse de votar y mantener su rechazo al gobierno sandinista con más del 69%, señala la encuesta presentada a inicios de octubre.
n
Por su parte grupos opositores ya han llamado a la población de abstenerse de salir a votar pues consideran que el proceso es «ilegítimo porque inhibió a los candidatos presidenciales opositores, para asegurar el triunfo del FSLN», y reclaman la cancelación de las personerías jurídicas de 3 partidos políticos opositores.