La multa impuesta tendrá un monto de 462 mil colones, un salario básico de no desear colocarse la vacuna.
Por: Andres Chacón
n
A partir del 15 de octubre, los trabajadores públicos de Costa Rica que rechacen la vacuna anti COVID-19 serán multados con un monto de 462 mil colones y denunciados ante el Ministerio Público de Costa Rica. Esta medida complementa el decreto obligatorio de la vacunación en todo funcionario del sector público y del sector privado en empresas que quieran acatar el decreto.
Si se presenta el caso de algún funcionario que se niegue a la vacuna, se impondrá un taller de sensibilización institucional para que dichos empleados puedan despejar dudas sobre la vacunación y decidir aplicarse la dosis anti COVID-19, para así evitar el paso posterior que sería la multa económica y la denuncia ante el Ministerio Público.
En los casos en el que el taller no funcione para la persona funcionaria pública, los patronos deberán dar un plazo entre 5 y 10 días hábiles para que los empleados cumplan la orden de vacunación; si no hay respuesta al proceso obligatorio, se procederá con las medidas correspondientes.
El Gobierno de Costa Rica también impuso un plazo para que las instituciones de carácter público puedan presentar un informe con el detalle de la planilla que esté vacunada contra el COVID-19; en este informe se verán únicamente datos generales, sin entrar en detalles sensibles o de índole privada.
Este documento tendrá tiempo de ser presentado a más tardar el 5 de noviembre, incluyendo la cantidad de empleados con el programa completo de vacunación, la cantidad de funcionarios con una dosis aplicada, los empleados que posean una certificación médica para la no aplicación de la vacuna y la cantidad de personal que no estén vacunadas.
10 días después del primer informe, se deberá entregar el segundo reporte con la misma información ya actualizada. Este segundo informe será presentado el 26 de noviembre.
Este tema ya acarreó dos recursos ante la Sala Constitucional; el primero, un hábeas corpus de una funcionaria pública, la cual prefirió el anonimato, contra la obligatoriedad de la vacunación anti COVID-19. La empleada alegó ser alérgica a varios medicamentos y si se llegase a aplicar la vacuna, podría significar un riesgo para ella.
El recurso se encuentra en estudio de admisión y es el único caso de este tipo que se ha presentado de forma oficial. Por ello, el informe que se debe presentar de parte de las empresas públicas y ministerios, deberá incluir un apartado con una certificación médica para no aplicar la vacuna.
El segundo es un recurso de amparo presentado esta mañana por un funcionario público, el cual aboga que “no se conocen los efectos a largo plazo de la vacuna”. Este recurso se encuentra también en estudio de admisibilidad por parte de la Sala Constitucional.
Desde la implantación del decreto, el pasado 28 de setiembre, solo se han tenido estas dos contrapartes oficiales en contra de la vacunación obligatoria que, a día de publicación de esta noticia, no ha comenzado a regir.
