Junto a Nicaragua, otros Estados que no permiten el aborto bajo ninguna circunstancia son Andorra, Chile, El Salvador, Filipinas y Malta.
Por: Intertextual
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“La penalización del aborto trae como consecuencia la práctica de procedimientos inseguros y clandestinos.” Así lo manifiesta el movimiento Católicas por el Derecho a Decidir, en varias regiones latinoamericanas.
Las mujeres tienen derecho a decidir sobre su sexualidad y sobre su reproducción.
nCatólica por el Derecho a Decidir, sugiere que el debate sobre aborto debe asumirse como un tema de salud pública y derechos humanos. “La maternidad debe ser producto de una elección libre, amorosa y responsable y no de una imposición social, por ello, debe respetarse el derecho a decidir de las mujeres sobre si asumen o no un embarazo.
En Nicaragua en el año 2006, se penalizó el aborto, sin importar las circunstancias y el riesgo. El artículo del Código Penal de 1837 fue eliminado en medio de una campaña electoral, dejando vulnerables de sus derechos a decidir a mujeres y niñas, víctimas de violación. Sin tomar en cuenta los problemas, por ejemplo: traumas psicológicos.
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Según Nubia Lazo Master en teología latinoamericana y comunicadora, experta en derechos humanos sexuales y reproductivos, en el marco del día por la despenalización del aborto considera que es bueno » se pueda reflexionar de donde surgen estas situaciones, por qué en Centroamérica en especial Nicaragua y El Salvador presentan un retroceso y una negación de derechos humanos en específico de las mujeres… relacionados al cuerpo, a la sexualidad, y se aleja la posibilidad de verse puerta abierta a los derechos humanos de las mujeres.”
La teoría de Nubia Lazo de un reciente estudio de Católica por el Derechos a Decidir, destaca que “la avanzada neoconservadora en América latina se va a encriptar” y va a hacer vínculos muy estrechos con grupos religiosos y con el poder político, como han sido los casos específicos del El Salvador y Nicaragua. Y es precisamente en el 2006 que se logra visualizar lo que menciona Lazo; en esa coyuntura, el Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) de Ortega se alió con sectores de la Iglesia Católica y del segundo mayor partido, el derechista Liberal Constitucionalista, para abolir la figura del aborto terapéutico.
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La penalización del aborto en Nicaragua, fue promovida por un sector muy conservador de la Iglesia Católica, recuerda Marta María Blandón, según una nota de Contracorriente. “Los partidos mayoritarios en la Asamblea Nacional vieron una oportunidad excelente de quedar bien con la Iglesia y con esos sectores, y entonces acogieron la demanda. Ahí tanto el Frente Sandinista, que era una fuerza importante, como todos los demás, jugaron un papel importante”.
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Nubia Lazo señala, para nadie es desconocido la situación bastante fuerte para poder hacer el trabajo de defensoría de los derechos humanos a pesar de que la sociedad civil tenga un poco más de conciencia sobre el conocimiento que tenga que ver de la laicidad del Estado. En Nicaragua en la última encuesta que se hizo la gente reconocida en un 65% que Estado debería de conservar su laicidad y solamente un 32% de las comunidades evangélicas asumieron que no se debe reconocer la laicidad del estado, el 11 % de la iglesia católica estaba reconociendo que no se debía reconocer la laicidad del estado.
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Por otro lado en El Salvador se reconoce solo a cristianos y cristianas, no se reconoce que hay gente que tiene otras prácticas, creencias o religiones como parte de la población salvadoreña que tienen derechos humanos, refiere lazo.
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“Los empleados públicos no deben imponer creencias religiosas,” dice Fray Julián Cruzalta, de origen mexicano, master en teología moral, teología ecofeminista, fundador de Católicas por el Derecho a decidir de México, miembro de iglesias por la paz. Por desgracia cada vez es más común que los funcionarios públicos usen el cargo público para imponer sus creencias religiosas usando al Estado, “ese es trabajo de las iglesias”, aseveró.
nPor su parte Kattia Isabel Castro de Costa Rica con maestría en estudio teológicos, feminista y activista por los derechos sexuales y reproductivos y el Estado laico, consideró que es importante señalar el origen de este Día Internacional por la Despenalización del Aborto Terapéutico, “tiene que ver con la libertad de vientres. Las mujeres brasileñas decretaron hace años que los hijos que nacieran en adelante eran libres, que no se replicaría más la esclavitud «esta lucha es antigua y se debe recuperar la fuerza de estas mujeres que vivieron esclavizadas y la conciencia que ellas transmiten que la elección y la capacidad reproductivas que las mujeres tenemos, es algo a lo que debemos tener acceso plena y absolutamente”, refiere.
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Hay que llamar a la reflexión dice Castro, porque en los países en donde ha habido avances, no se pueden dar por sentados, porque siempre está en constante cuestionamiento, todo lo que se refiere a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres no cala suficiente en la cultura. Si a nivel jurídico hay tantas trabas para despenalizar el aborto terapéutico que más que una cuestión de orden de leyes; entonces hablar de la despenalización de la conciencia pareciera más fácil porque no intervienen elementos jurídicos.
“la criminalización del aborto es un problema de salud pública y de justicia social, que se traduce en discriminación e injusticia contra las mujeres más vulneradas, con menos oportunidades de acceder a servicios seguros de salud y con más posibilidades de ser encarceladas, extorsionadas, chantajeadas y manipuladas”. Así lo dice IPAS Centroamérica y México.
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Yanira Balladares, de la Red de Mujeres contra la Violencia en Madriz, comentó a un medio nacional que han sabido de casos de mujeres que se han practicado abortos inseguros a quienes se les ha abierto un proceso investigativo cuando llegan a los hospitales a recibir atención especializada. Las investigaciones no han concluido en la judicialización de los casos, pero “sí ha habido una condena social.” Sin embargo, no se conocen de casos de mujeres ni de médicos que en Nicaragua hayan sido acusados penalmente por realizar un aborto.
