Fotos: IntertextualPor: Victor Manuel Pérez
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Dos organizaciones de Sociedad Civil despojadas de sus personerías jurídicas Fundación Popol Na y Fundación del Rio elevan su caso contra el Estado de Nicaragua, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
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La denuncia es acompañada del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más.
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«Hemos agotado todo los recursos legales en Nicaragua, sin tener respuesta alguna de la Corte Suprema de Justicia», resaltó Amaru Ruíz presidente de Fundación del Rio, al consultarle el por qué de la denuncia.
Por su parte Monica López de Fundación Popol Na de manera virtual, indicó «esto lo hacemos por la defensa de la libertad de asociación y por los muchas personas que se quedaron sin empleo y por los robos a nuestras instalaciones, sabemos que es un proceso largo pero estamos dispuestos a seguirlo», sostenía López.
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El defensor de derechos Humanos Gonzalo Carrión y Wendy Flores del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más dando acompañamiento legal a las dos organizaciones mencionaba que la Corte Suprema de Justicia esta tomada y cumple ordenes de el régimen de Daniel Ortega.
Despojo de personería
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El 13 de diciembre de 2018, la Asamblea Nacional controlada por el FSLN, aprobó de manera arbitraria el Decreto 8514-2018 cancelando la personería jurídica de la Fundación Popol Na para la Promociona y Desarrollo Municipal, este mismo día mediante el Decreto 8512-2018 también fue cancelada la personería jurídica de Fundación para la Conservación y el Desarrollo del Sureste de Nicaragua (Fundación del Río). Estas organizaciones y otras 7 organizaciones de sociedad civil han sido víctimas del despojo de sus bienes, allanamiento, expropiación y robo por parte de aparatos Estatales.
nAmbas organizaciones han venido dando la batalla legal en Nicaragua, introduciendo recursos de amparos, recursos por inconstitucionalidad y escritos por retardación de justicia, sin que haya respuesta de la Corte Suprema de Justicia a sus solicitudes. Frente a este escenario de agotamiento de las instancias legales nacionales, las organizaciones deciden elevar el caso a las instancias internacionales ante la CIDH, en la defensa de los derechos humanos que les han sido violado, como la libertad de asociación, el derecho al trabajo, los derechos a las garantías judiciales, los derechos de libertad de reunión, de circulación, de pensamiento, de expresión y los derechos a la integridad personal y la vida privada, entre otros.
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«Nos han robado nuestros bienes, con esto queremos sembrar un precedente pues no esperamos nada del régimen de Ortega», sostenía el presidente de Fundación del Rio.
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