Cadena de errores en la toma de la Universidad Centroamericana, que ha expuesto públicamente al régimen, desde su falta de escrúpulos y control sobre su misma ola de confiscaciones, hasta torpezas que dejan claro que no sabe qué hacer con lo robado. 
Por: Intertextual/ Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
La barbarie confiscatoria que ha cometido la dictadura de Nicaragua que encabezan Daniel Ortega y Rosario Murillo, ha expuesto públicamente una serie de errores que evidencian que las decisiones del régimen, se toman al margen de toda racionalidad y al impulso del temperamento de los dos adultos mayores autoritarios.
El caso de la Universidad Centroamericana, UCA, es el más evidente y su asalto irracional, no solamente ha causado horror y espanto en Nicaragua y el mundo, sino también burla y asombro por lo errático del proceso y discurso en torno a la confiscación de la universidad y su manejo bajo la figura estatal, desprovista de todo prestigio o credibilidad.
Del oficio penal a la anulación
El vergonzoso asalto a la UCA, ocurrió el 16 de agosto pasado, mediante un oficio insólito en que una juez de la corte de verdugos de Ortega-Murillo, Gloria María Saavedra Corrales, sin juicio previo, sin derecho a defensa, sin evidencias y al margen del mínimo proceso legal, acusó a la universidad y sus directivos de “terrorismo”, por los hechos del 2018, cuando la dictadura aplastó a sangre y fuego las protestas sociales.
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El oficio de la juez al servicio de la dictadura, rápidamente fue analizado por expertos en derechos que destrozaron en la forma y el fondo los argumentos usados por Saavedra Corrales para ordenar la confiscación de la UCA.
Conscientes de la barbaridad judicial cometido por la citada funcionaria judicial, al servicio de la dictadura, el régimen se vio obligado a recurrir al Ministerio de Gobernación, el brazo represivo del régimen contra las organizaciones civiles en Nicaragua encabezado por María Amelia Coronel Kinloch y el expolicía Luis Roberto Cañas Novoa, para decretar este 23 de agosto, la anulación de la Asociación Compañía de Jesús de Nicaragua y confiscar los bienes.
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Ello le permitió al dictador asegurar el asalto policial a la residencia de los jesuitas en Managua, que no pertenecía a la UCA, sino a la Compañía de Jesús. Al anularlos también les negaba, según él para siempre, el derecho a la defensa.
De “universidad para los pobres” a “universidad autofinanciada”
El robo de las instalaciones de la UCA y de sus cuentas bancarias y bienes, se disfrazó bajo el argumento falaz de convertir a la universidad privada en una universidad pública de acceso gratuito a estudiantes pobres.
La vocera gubernamental y vicepresidenta Rosario Murillo, señalada de crímenes de lesa humanidad y sancionada por corrupción y violación masiva de derechos humanos, anunció el 18 de agosto en su discurso habitual de mediodía, que estaban analizando los costos de los estudios, pero que no serían elevados como los que se pagaban en la UCA.
Sin embargo, esa misma tarde, mientras izaban la bandera de la organización político militar Frente Sandinista en la universidad robada, Ramona Rodríguez, presidenta del Consejo Nacional de Universidades (CNU), anunció que las clases serían gratuitas.
“Les anunciamos que esta universidad del pueblo es gratuita para garantizar la formación y el futuro de los jóvenes, hombres y mujeres, hijas e hijos de la familia de escasos recursos económicos de esta Nicaragua bendita y siempre libre, no habrá ningún arancel o pago en esta universidad”, dijo Rodríguez, arrancando aplausos de miembros de la Juventud Sandinista (JS) a las que les cambiaron las camisetas que diseña Murillo y que suelen usar para las apariciones de Ortega, por unas de la
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Unión Nacionales de Estudiantes, UNEN.
La propaganda de la funcionaria sandinista no duró mucho: este jueves 24 de agosto, en el Diario Oficial La Gaceta, el CNU publicó una certificación en la que comunica que la universidad UCA, hoy rebautizada como Universidad “Casimiro Sotelo”, será autofinanciada, es decir, cobrará aranceles.
El régimen contradijo a Rodríguez y la ridiculizó.
En La Gaceta, se lee que con fundamento en el artículo 58, numeral 4 de la ley número 1114, Ley de reforma la ley número 582, Ley general de educación y de reforma y adición a la ley número 89, acuerda aprobar “la creación, autorización y funcionamiento de la universidad… que operará de forma autofinanciada”.
“No pueden arrancar” y suspenden clases
En su ridículo intento por aparentar control de la situación y normalidad tras el asalto a la UCA, la dictadura y sus funcionarios títeres en la universidad, proclamaron que la universidad volvería a la normalidad a las aulas este 28 de agosto.
Para ello, nombraron autoridades sandinistas, convocaron a los estudiantes a matricularse y llamaron a algunos profesores del sindicato sandinista y otros de las universidades públicas bajo control del régimen.
No les funcionó. Cientos de estudiantes buscaron matrículas en otras universidades, muchos docentes renunciaron a dar clases y los llamados de otras universidades no reúnen las capacidades para continuar los planes de estudios de la UCA.
En un intento por obligar a los estudiantes a regresar a las clases y vender la idea de normalidad, la dictadura ordenó a la universidad de los militares de Ortega, Universidad Americana, UAM, a anular las matrículas de 600 exestudiantes de la UCA que buscaban estudiar en ese negocio del Ejército.
A la dictadura no les quedó de otra que anunciar un retraso de más de un mes para convocar a clases hasta el 25 de septiembre, supuestamente para revisar los expedientes académicos. Pero fuentes dentro del mismo régimen inconformes con todo lo actuado, dicen que las nuevas autoridades están desconcertadas por la complejidad del manejo de la UCA, de sus planes de estudios y del sistema de enseñanza y evaluación avanzado que no se implementa en las universidades públicas.
La información extraoficial es que no tienen docentes para cubrir las clases, ni dominio de los pensum, ni manejo de los sistemas, ni suficiente cantidad de estudiantes para hacer rentable la institución robada.
El colmo, acusaron a jesuitas de extraer dinero de cuentas congeladas
En un desesperado intento por llamar a los estudiantes a clases, siempre con la idea de vender normalidad, un nuevo funcionario de la universidad confiscada quiso echar lodo a los jesuitas y terminó siendo objeto de burlas y memes.
Ignorante del sistema de matrícula y sin capacidad de dar explicaciones coherentes, el hombre trataba de calmar las inquietudes de unos cuantos muchachos que preguntaban por las matrículas, y les dijo que todo regresaría a la normalidad en la fecha de retorno a clases, que las inscripciones en línea estaban listas pero que debían volver a pagar porque los jesuitas se habían llevado el dinero.
“Dice el rector que los que están matriculados están matriculados, que vengan el lunes a horario normal”, expresó el funcionario nervioso. “Si están a las ocho, a las ocho comienza”, añadió, agregando que las inscripciones serían realizadas en línea y el 22 de agosto se activaría el campus virtual que no siquiera supo mencionar.
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Luego el chiste: “el dinero que pagaron de manera anticipada dice (el rector) que lamentablemente no se va a regresar porque dice que se lo llevaron los jesuitas”. Los estudiantes estallaron en risas, pues es público que la dictadura ordenó el congelamiento de las cuentas de la universidad y porque tras años de estudiar y relacionarse con los jesuitas, los estudiantes saben que no son capaces de robar, como sí lo hace descaradamente el régimen y sus funcionarios.
