El robo se ha consumado: la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo finalmente han ordenado la confiscación completa de la mayor y principal universidad privada de Nicaragua, la Universidad Centroamericana (UCA) y ha acusado a sus directivos de “terrorismo”. 
Por: Intertextual/ Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
Reuniones a primera hora de hoy en los diferentes departamentos de la Universidad Centroamericana, UCA, de Managua, solo retratan la grave situación que atraviesa: su robo parece consumado.
La dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo finalmente han ordenaron la confiscación de la mayor y principal universidad privada de Nicaragua, la Universidad Centroamericana (UCA) y ha acusado a sus directivos de “terrorismo”.
La noticia ha sido divulgada por diversos medios nicaragüenses en el exilio: una jueza al servicio del régimen giró una acusación penal contra la universidad jesuita este 15 de agosto, luego de haber ordenado la congelación de sus cuentas y la inmovilización de sus bienes.
Según el medio digital Divergentes, y más tarde Despacho 505, la jueza acusa a la UCA de “terrorismo”, al mismo tiempo que ordenó incautar todos los bienes materiales y económicos del alma mater y procesar a sus directivos jesuitas. Esta mañana, fuentes internas, dijeron para este reporte que se convocaron a reuniones informativas para dar a conocer lo que acontece. Hasta este momento no hay una comunicación oficial de parte de las autoridades universitarias.
“Zarpazo es cosa de tiempo”
De acuerdo a fuentes de los medios digitales nicaraguenses, el asalto físico de la UCA se podría realizar en el transcurso del día de hoy tras la formulación de la acusación por terrorismo, informó una fuente de esa casa de estudios. “El zarpazo es un asunto de tiempo”, dijo el informante.
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Según el medio, la dictadura de Ortega y Murillo ha ordenado a sus operadores que ejecuten el plan, lo cual llevó a que varios jesuitas salieran de emergencia y algunos en clandestino del país en las últimas horas.
“La acusación se hizo contra al menos cinco o seis funcionarios de la UCA, algunos de los cuales salieron esta semana. Se ordena la confiscación de sus bienes, que es el patrimonio que se usó, según el régimen, para actividades terroristas”, indicaron las fuentes extraoficiales.
Los directivos eran parte de las firmas libradoras y financieros con capacidad de autorizar desembolsos y transferencia de cuentas en la institución. Extraoficialmente se conoció que les congelaron no solo el acceso a las firmas del banco, sino sus cuentas personales y un posible embargo contra sus bienes familiares.
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Según al menos dos fuentes que piden anonimato por la gravedad del caso, las autoridades jesuitas están sosteniendo reuniones con el personal de la UCA y comunicando a la Compañía de Jesús la gravedad de la situación, por la que atraviesan.
Dictadura no cedió en su venganza
Según otras fuentes de la universidad, las autoridades jesuitas agotaron hasta el último momento el intento de diálogo con el objetivo de evitar la confiscación, pero la dictadura no los escuchó.
Por ello, decidieron informar oficialmente la decisión a sus miembros y aconsejar a los administrativos a entregar todo en orden para evitar mayores problemas judiciales.
De igual modo se maneja extraoficialmente que la Fiscalía, a cargo de los funcionarios y expolicías sandinistas sancionados Ana Julia Guido y Julio González, preparan la acusación de terrorismo con el anexo de los delitos de lavado de dinero, traición a la patria y menoscabo a la soberanía.
La arremetida del régimen contra la UCA ha sido considerada una venganza política, pues su recinto fue usado por estudiantes para protegerse de la represión desatada por Ortega en abril de 2018.
En sus instalaciones también las Madres de Abril presentaron un museo que rindió homenaje a los asesinados por la dictadura y en varias ocasiones los jóvenes protestaron desde dentro de sus instalaciones.
Navarro lo anunció
La acusación ya se veía venir luego que desde 2021, la dictadura iniciara la confiscación de 26 universidades privadas y después que en febrero de 2022, el diputado oficialista Wilfredo Navarro, señalara a la UCA de “terrorista” y de no estar “al día” con el Ministerio de Gobernación (Migob).
“La UCA que es un centro de terrorismo, aún actual, de desinformación y de promoción de violencia; no está al día con el Ministerio de Gobernación. No tiene sus requisitos, aunque se les ha dado cuatro veces prórroga”, había advertido el tránsfuga político, sancionado por corrupción y violación de derechos humanos.
La comunidad universitaria de la UCA está integrada por más de 5.000 estudiantes y 546 docentes, según datos actualizados hasta 2021 en el Consejo Nacional de Universidades (CNU). Se espera que la mayoría de su comunidad quede en el desempleo y migre por falta de seguridad o condiciones de trabajo.
La amenaza contra las universidades no termina aquí. Existen 13 universidades más que están a la espera de la acreditación por parte del Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación (CNEA) entre ellas, la misma Universidad Centroamericana (UCA), la Universidad American College (UAC); la American University (LAU); la Universidad Central de Nicaragua (UCN); y la Universidad de Administración, Comercio y Aduana (UNACAD), entre otras.
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El control en las universidades es uno de los últimos blancos del Frente Sandinista contra la empresa privada y los centros de pensamiento.
Las primeras medidas fueron expulsar a cientos de estudiantes y eliminar sus registros académicos, luego aumentó la vigilancia y espionaje en los recintos públicos, a través de la Unión Nacional de Estudiantes (UNEN), el brazo sandinista en las universidades públicas, integrada y reforzada ahora con policías y paramilitares dentro de los campus.
La toma de la UCA se da en medio de voces internacionales de condenas contra el más reciente abuso de la dictadura.
