El país suramericano señala “que si realmente se quieren producir cambios en Nicaragua se necesita bajar el tono de la confrontación y permitir tender puentes de diálogo”, aunque Ortega no solo incumplió dos diálogos, se burló de ellos.
Por: Intertextual/ Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
El secretario general de la Organización de Estados Americanos, (OEA), Luis Almagro, calificó como “positivo” el texto de resolución que la delegación de Brasil presentó como alternativa a una resolución de condena contra la dictadura de Nicaragua que dirige Daniel Ortega y Rosario Murillo.
En conferencia de prensa junto a su secretario general adjunto, Néstor Méndez, Almagro respondió la pregunta de un periodista sobre el tema de la violación de los derechos humanos en Nicaragua, los ataques a la Iglesia Católica y el proyecto de resolución de condena que Brasil ha propuesto modificar.
“Tenemos el más profundo respeto por el posicionamiento de Brasil en todos los temas de la agenda multilateral y la agenda de la organización de los Estados Americanos y consideramos que ese posicionamiento de Brasil siempre es positivo y aporta dentro del sistema”, dijo Almagro.
“La resolución sobre la mesa, es un esfuerzo más de la organización en condenar la falta de democracia en Nicaragua, así como las violaciones sistemáticas de los derechos humanos por parte del régimen”, agregó Almagro. “Y en ese sentido todos los países están contribuyendo y haciendo el mejor esfuerzo para que esa resolución sea positiva y para que sirva y de los resultados que la gente necesita y en ese sentido creemos que todos los países están haciendo lo mejor para alcanzar esos resultados”, cerró el secretario general de la OEA.
Brasil pide diálogo, pero Ortega asfixió dos
Las delegaciones de cinco Estados redactaron una propuesta de declaración que buscan consensuar entre todos los países para que los cancilleres la aprueben esta semana.
Sin embargo, el gobierno de Brasil, bajo la dirección del izquierdista Lula Da Silva, envió un texto alternativo que elimina algunas críticas y señalamientos directos a la dictadura de Ortega y le agrega condicionales a algunos de los graves hechos que ocurren en el país centroamericano.
El proyecto de declaración presentado por Chile, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica y Antigua y Barbuda habla de una “profunda alarma” por la “represión, el cierre del espacio cívico, las violaciones a los derechos humanos, incluida la denegación de derechos civiles y políticos básicos de la ciudadanía nicaragüense, así como la violación del derecho a la propiedad y seguridad social, por medio de la confiscación de bienes y activos y la denegación de pensiones para aquellas personas privadas de la nacionalidad”.
Brasil condiciona el uso de los términos directos y los sustituye por condicionantes, bajo el argumento “que si realmente se quieren producir cambios en Nicaragua se necesita bajar el tono de la confrontación y permitir tender puentes de diálogo”.
La Organización de Estados Americanos, OEA, celebra esta semana el Quincuagésimo tercer período ordinario de sesiones de su Asamblea General en su sede de Washington.
Al encuentro han confirmado su asistencia 27 delegaciones de sus países miembros. El régimen de Nicaragua renunció a ser parte de la OEA en 2021, tomó por la fuerza su sede en Managua en abril del año pasado y expulsó a su personal, sin embargo, su salida del organismo multilateral, sólo sería oficial hasta noviembre de este año, cuando se cumplan dos años de la denuncia a la Carta de la OEA, tal y como lo establecen sus estatutos.
Régimen con condena multilateral
Representantes de la oposición nicaragüense en el exilio, excarcelados políticos, organizaciones de mujeres y de derechos humanos han confirmado su asistencia y aprovecharán los foros paralelos para denunciar la constante represión, las violaciones a los derechos humanos y la ausencia de democracia en Nicaragua.
El régimen de Daniel Ortega es objeto de condenas y sanciones desde 2018, cuando inició una jornada de represión contra protestas sociales que han dejado a la fecha más de 355 muertes, más de 2,000 heridos, miles de detenidos y torturados, cientos de miles de exiliados, confiscaciones y la violación sistemática de los derechos humanos en general en Nicaragua.
