"La impunidad se ha apoderado en estos territorios, debido a la falta de políticas públicas dirigidas a frenar la violencia, la actividad delictiva e impunidad", dicen jueces de los pueblos indígenas, Mayangna y Miskito, consultados por Intertextual. 
Por: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Dos años de haber sido asesinadas con arma de fuego, van a cumplir este mes, Olga María Rocha Martínez de 48 años y su hija Ingrid Sánchez Rocha, de 18. A la fecha la policía no logra dar con el paradero de los autores del doble femicidio que se registró la noche del 29 de junio del 2021 en la comunidad San Isidro de Silby del municipio de Siuna de la Región Autónoma de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Estos dos femicidios de madre e hija, es parte de una extensa lista de episodios de violencia e impunidad que crece día a día y refleja la inseguridad y el temor con el que duermen y amanecen los habitantes de las comunidades indígenas de la Costa Caribe Norte de Nicaragua.
Según jueces de los pueblos indígenas, Mayangna y Miskito, consultados por Intertextual, la impunidad se ha apoderado en estos territorios, debido a la falta de políticas públicas dirigidas a frenar la violencia, la actividad delictiva e impunidad.
«En estas comunidades asentadas a lo largo de los ríos Coco y Waspuk, Amaka, Prinzapolka entre otros, no hay presencia policial y ese es uno de los problemas», comentó un líder indígena que por seguridad prefirió omitir su identidad.
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Explicó que, a lo largo del Río Coco, que sirve como frontera natural entre Honduras y Nicaragua los que existen son puestos militares que no muestran interés por ayudar a los habitantes a detener a delincuentes que cometen femicidios, asesinatos, abigeatos, violaciones, robo y otros delitos.
«Aquí en estas comunidades es difícil acceder a la justicia, porque carecemos de apoyo de instituciones como: policía, ejército, Ministerio Público y Poder Judicial», comentó.
Otro líder indígena, manifestó que los soldados del ejército más bien han llegado a dejar embarazadas a menores de edad entre los 14 años, y aunque estos casos son tipificados como violación por la corta edad de las víctimas, nadie presta atención a las denuncias.
«Prácticamente aquí vivimos sálvese quien pueda, cuando se registra un crimen en determinada comunidad, la policía aparece hasta el día siguiente y si el territorio está más alejado del casco urbano de Waspám, tardan hasta dos días, por lo que el agresor huye en completa tranquilidad en dirección a Honduras u otras zonas montañosas sin que nadie le de persecución» afirmó.
Refiere que algunas personas optan por hacer justicia con sus propias manos tal y como sucedió a mediados de abril del presente año en la comarca Kuku Mein del municipio de Waspám, donde los miembros de una familia asesinaron al joven Nando Muller Aguilar de 22 años, en venganza, ya que les había asesinado a un familiar.
Uno de los jueces indígenas, comentó que ellos se encargan de administrar la justicia cuando se trata de faltas o delitos cuyas penas son inferiores a los 5 años, tales como amenazas, daño a la propiedad privada, robos, injurias y calumnias entre otros.
«Los delitos graves como asesinato, femicidio, tráfico de drogas son remitidos a los juzgados del Poder Judicial y nosotros únicamente recopilamos los datos» afirmó.
Sin embargo, asegura que entre ellos y el Poder Judicial no existe una buena coordinación y que ni siquiera tienen asignado un presupuesto para trasladarse a las comunidades a ventilar los procesos.
«Las víctimas tienen que apoyarnos con los gastos de transporte y alimentación para poder llegar a las comunidades a resolver los conflictos que nos competen, ya que también actuamos como facilitadores judiciales y hacemos mediaciones entre las partes», informó.
Los líderes indígenas a la vez señalan que la inseguridad se ha apoderado de los territorios indígenas porque no están respetando la Ley 28, relativa a la Autonomía de la Regiones de la Costa Caribe Norte y Sur de Nicaragua.
«Esta ley nos brinda el derecho de escoger en una asamblea a los líderes de cada comunidad indígena, pero ahora si no es fiel al partido de gobierno no lo reconocen y eso es un derecho ancestral que están cercenando y eso también es injusticia» comentó un dirigente Mayangna.
Señaló que tampoco se está cumpliendo con la Ley 260, Ley orgánica del Poder Judicial, ni con la Ley 445, Ley del Régimen de Propiedad Comunal de Pueblos Indígenas y comunidades Étnicas de las Regiones de la Costa Atlántica de Nicaragua y de los ríos Bocay, Coco, Indio y Maíz.
«Con la Ley 445, se esperaba frenar los episodios de violencia causados por la invasión de colonos a territorios indígenas, pero las invasiones y asesinatos por los problemas de propiedad se han agudizado «explicó.
Femicidios en comunidades indígenas
Los dirigentes indígenas señalan que entre los crímenes que han quedado en la impunidad, se encuentran asesinatos y femicidios.
Entre los crímenes registrados en lo que va del presente año, figuran asesinatos de madre e hija, como el acontecido el 29 de junio del 2021 en San Isidro de Silby del municipio de Siuna.
El más reciente caso fue el de Reyna López Pérez, de 37 años y su hija menor de 13 años de iniciales M.L.P., quienes fueron asesinadas el pasado 26 de marzo en la comunidad de Kwuiwi Tingni del municipio de Waspám.
Noel Antonio Rostrán, quien era el cónyuge d Reyna, fue identificado como el presunto autor del doble femicidio, pero continúa prófugo de la justicia como la mayoría de los casos que se han registrado en estas comunidades.
En otros casos ni siquiera se conoce la identidad de los presuntos autores tal como sucedió con el crimen de Aurora Castrillo Conrado, quien fue asesinada de múltiples heridas con arma cortopunzante, el 24 de enero del presente año en su casa de habitación ubicada en una comunidad del municipio de Prinzapolka.
