"De los 158 casos documentados se logró identificar a 156 perpetradores o personas implicadas con nombre en la detención y posterior práctica de tortura", señala Juan Carlos Arce defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca MásPor: Redacción Intertextual/ contacto@intertextualcr.com
Este viernes 28 de abril el Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, quienes trabajan arduamente por la defensoría de derechos humanos de víctimas de la represión en Nicaragua desde el exilio en Costa Rica. En el marco de los cinco años de las protestas sociales en Nicaragua y cuarto aniversario del nacimiento del Colectivo presentaron una sistematización realizada a partir del registro de 158 casos, resultado de un trabajo de más de dos años, llamado “8vo informe del Observatorio Nicaragüense contra la Tortura.”
El Colectivo refiere que el observatorio nació “como respuesta a las graves violaciones a derechos humanos cometidas contra las personas presas políticas desde el inicio de las protestas en abril de 2018; desde ese momento hasta la actualidad se ha instaurado un sistema de terror de Estado y una política de detenciones arbitrarias y tortura contra personas consideradas como “opositoras” y tratadas como enemigas y sin derechos.”
El registro de 158 casos de víctimas de torturas, 130 son hombres, incluyendo 2 menores de edad, y 28 son mujeres, incluyendo una mujer trans. El Informe consta que los casos en mención “cuentan con un expediente interno conformado por diversas piezas como la declaración de las personas excarceladas políticas y/o sus familiares, fotografías y/o videos, denuncias públicas, expedientes de medidas cautelares y provisionales, entre otros elementos necesarios en la documentación de estos crímenes de lesa humanidad.”
Juan Carlos Arce defensor del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más en su intervención sostuvo que aunque la mayoría de casos se cuenta con la autorización expresa de las personas excarceladas políticas o sus familiares, no publicaran nombres para evitar mayores represalias “ la gravedad del contexto en que nos encontramos nos lleva a redoblar medidas de seguridad y prevenir actos de represión a las víctimas o sus familiares, por lo que hemos optado por mantener la confidencialidad en todos los casos, citando únicamente en el texto el número de expediente interno en mención, el cual posee letras y número aleatorios.”
De 158 personas parte de este informe 153 tuvieron una participación en las protestas iniciadas enabril de 2018, ya sea acudiendo a manifestaciones, plantones, realizando pintas o denunciando en redes sociales las graves violaciones a derechos humanos cometidas por el Estado; por ello, del total de casos recibidos 123 personas fueron amenazadas, asediadas u hostigadas previo a su detención, evidenciando un esquema de vigilancia.
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Del total de casos documentados, teniendo como parámetro la intensidad del sufrimiento reportado por cada una de las personas entrevistadas, así como del análisis en conjunto de cada expediente, podemos afirmar que al menos 151 de los 158 sufrieron tortura, y, los 7 restantes fueron víctimas de tratos crueles, inhumanos y degradantes, detalla el informe.
“136 personas, que representan el 86% de los casos, fueron víctimas de detenciones violentas, ya sea por medio de agresiones físicas como golpizas, empujones, arrastramiento, golpes con armas, amenazas con armas, como violencia verbal, tales como amenazas de violación sexual y amenazas de muerte, entre otros; estas amenazas o agresiones también fueron proferidas contra familiares, pero, resulta especialmente grave que en medio de estas detenciones, en siete casos 1 se denunciara que los agentes policiales golpearon o apuntaron con armas de fuego a niños/as (hijos/as o sobrinos/as de las personas detenidas)” describe el colectivo. Además, que identificó actos de tortura en 33 centros policiales en 29 municipios.
En estos 5 años, más de 40 actos o métodos de tortura se evidenciaron en este observatorio contra las personas presas políticas, entre las que destacan del total de los 158 casos documentados por este Colectivo:n1) Condiciones extremas e inhumanas de detención (151 casos),n2) Tratos verbales degradantes (102 casos),n3) Golpizas (130 casos),n4) Amenazas de muerte contra ellos/as y/o sus familiares (84 casos),n5) Desaparición Forzada Temporal (34 casos)n6) Quemaduras (18 casos), choques eléctricos (15) y tortura por suspensión o “colgamiento”(17casos).n7) Desprendimiento de uñas (7 casos)n8) y simulación de ejecución o asesinato (9 casos)
Juan Carlos Arce destaca que la práctica de tortura en el país ha sido extendida, sin embargo, ha ido adquiriendo variaciones; en los primeros dos años (2018-2019). “predominó la práctica de agresiones físicas, lo cual paulatinamente ha ido cambiando a “agresiones psicológicas” orientadas en ir debilitando y destruyendo la personalidad y estabilidad emocional y mental de las personas presas políticas, por lo que se comenzaron a potencializar técnicas como el aislamiento.” Fueron registrados 66 sobre exposición sensorial, tal como mantener la luz encendida todo el tiempo.
Violencia sexual como método de tortura
El informe denuncia la sistemática violencia sexual en sus distintasmanifestaciones como un patrón sistemático del Estado utilizado por las fuerzas encargadas de lasdetenciones arbitrarias “de los 158 casos, de los cuales 113 personas fueron víctimas de alguna forma de violencia sexual, y en el cual se exponen al menos 158 situaciones individuales de violencia sexual cometidas por agentes estatales, y para estatales. La muestra casuística de 113 personas víctimas de violencia sexual incluye a hombres (93/130) y mujeres (20/28).”
En las mujeres se reflejó un número más elevado de víctimas de abuso sexual “siendo la práctica de violencia sexual exponencialmente más grave en perjuicio de las mujeres, en virtud de los tipos de violencia sexual perpetrados, de las circunstancias, intencionalidad y ensañamiento con quefueron usados, y a de las afectaciones provocadas en las víctimas, así como la existencia de un problema multifacético de violencia sexual contra las mujeres en Nicaragua, y la comisión de otras formas específicas de violencia de género como forma de tortura realizadas en su contra” señaló el informe.
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nArce en su explosión señala otras formas de tortura que fueron documentadas por el Observatorio: Amenazas de matar o quitar a los hijos; Privación medicamentos y otros insumos necesarios para la mujer; Trabajo forzoso; Desnudez Forzada; Amenazas de violación; Abuso sexual; y, Violación sexual.nnEl estudio incluyo como tortura, “la toma de fotografías y/o videos a las mujeres bajo desnudez forzada (4casos), la práctica de interrogatorios de investigación estando desnudas (3 casos), y finalmente el abuso sexual (10 casos) y desnudez forzada a los que durante las requisas para ingresar a centros de detención fueron sometidas las familiares mujeres (3 casos) de algunos presos políticos.”
nLas mujeres fueron víctimas de tratos verbales degradantes. “Particularmente se identificó el uso de lenguaje degradante y estigmatizante hacia la mujer, basado en estereotipos de género, tales como “zorra” o “puta”, acompañado de amenazas de violación durante losprocedimientos de captura, interrogatorios y torturas, y también fue el lenguaje utilizado antes y durante los abusos y violaciones sexuales” Para el colectivo esto constituye un hecho más que refleja “la misoginia y violencia de género” con que las autoridades tratan a las mujeres privadas de libertad, lo que califican como “tratos crueles, inhumanos de degradantes.”
La práctica sistemática de violencia sexual en las cárceles de Nicaragua constituye el crimen de tortura en perjuicio de 113 víctimas. “las formas más graves de violencia sexual (tales como el abuso y violación sexuales) utilizadas constituyen también crímenes de lesa humanidad, acciones por las que deberán responder los autores directos e indirectos de estas graves violaciones a derechos humanos que, hasta ahora, el Estado de Nicaragua mantiene en la impunidad.”
Centros de torturas
Tal como se mencionó, el Colectivo identificó diversos centros de torturas. En el departamento de Carazo se lograron identificar 3 centros clandestinos o irregulares de detención por medio de los testimonios de las víctimas, los de Managua eran propiedades o casas “particulares”, en zonas urbanas; en al menos 3 de esos 7 casos se obtuvieron puntos relativamente cercanos; una persona identificó el centro clandestino en una propiedad ubicada en “El Carmen”, sector donde habita la pareja presidencial(…)Tanto los centros clandestinos como “El Chipote viejo” se erigieron como uno de los mayores centros de tortura en el país. “El Colectivo logró recopilar 89 casos de víctimas de torturas y/o tratos crueles, inhumanos y degradantes, siendo el centro con mayor número de casos reportados, teniendo en cuenta su temporalidad, de abril de 2018 a febrero de 2019, de estos casos 14 son de mujeres y 85 de hombres,” dicta en su informe.
La tortura en los centros penitenciarios ha sido una constante, principalmente en los establecimientos penitenciarios “Jorge Navarro”, Máxima Seguridad y “La Esperanza”, aunque también se reportaron actos de tortura en los centros penitenciarios de Chinandega, Cuisalá, Granada y Estelí.
Perpetradores de torturas
De los 158 casos documentados se logró identificar a 156 perpetradores o personas con nombres implicadas en la detención y posterior práctica de tortura. “La cadena de mando identificada en la Policía Nacional es muy amplia y completa, oficiales desde el rango menor hasta el rango mayor dentro de la institución, siendo este el Primer Comisionado Francisco Díaz, quien fuera denunciado en una ocasión por ejercer amenazas contra un preso político, (…) seguido por 9 comisionados generales, siendo estos:nComisionado General Fidel Domínguez (León), Comisionado General Luis Barrantes (Masaya), Comisionado General Pedro Argueta(Carazo), Comisionado General Luis Alberto Pérez Olivas (DAJ-Chipote), Comisionado General Marvin Castro (Jinotega), Comisionado General AdolfoMarenco , Comisionado General Juan Valle Valle,Comisionado general Vladimir Cerda Moraga y Comisionado General Ramón Avellán.
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“Tanto el Comisionado General Ramón Avellán como Fidel Domínguez son quienes han sido denunciados en mayor cantidad, doce y seis denuncias respectivamente, el primero fue denunciado por actos de tortura perpetrados, dirigidos y detenciones realizadas, mientras que el segundo tanto por ordenar y dirigir detenciones por realizar amenazas de muerte constantemente, así como por asediar y hostigar a las personas excarceladas políticas y sus familiares,” destaca Arce.
De la misma forma actuaron como perpetradores los dos jefes de Sistema Penitenciario Nacional el Prefecto Julio Orozco, quien fuera identificado realizando amenazas de muerte a presos políticos, incluso de desaparecerlos, y, el Sub-Prefecto Venancio Alanís,ligado a requisas abusivas y a los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2018, enero, febrero y marzo de 2019 y la ejecución de don Eddy Montes, eventos ya abordados anteriormente, así como hechos individualizados como golpizas o amenazas de muerte.
Seis alcaldes son protagonistas como perpetradores contra la ciudadanía de sus municipios, quienes realizaron actos de vigilancia, amenazas e incluso ordenaron la detención de ciertas personas; entre ellos se encuentran: Alcalde de Nagarote Juan Gabriel Hernández Rocha, Alcalde de Matagalpa, Zaadrach Zeledón; Ebert López, Alcalde de El Rosario; Alcalde de San Carlos Johnny Gutiérrez; Alcaldesa de Ticuantepe, Ligia Ramírez; Alcalde de Tipitapa César Vásquez Valle.
El Colectivo de Derechos Humanos sostiene que se puede categóricamente afirmar que la “responsabilidad máxima” del establecimiento de una política de terror estatal basada en la tortura recae sobre la pareja presidencial, Daniel Ortega Saavedra y Rosario Murillo Zambrana.
También resalta que este 8vo informe está planteado como una herramienta para alcanzar justicia y reparación para las víctimas en un futuro. “contribuye no solo a las demandas de justicia de las víctimas de este crimen sino también a la construcción de memoria histórica para preservar la verdad de las atrocidades cometidas contra personas presas políticas y sus familiares, así como, una herramienta de incidencia internacional que interceda ante organismos de protección de derechos humanos y multilaterales con el propósito de lograr la implementación de legítimas y urgentes medidas contra estos crímenes de lesa humanidad, el juzgamiento a las personas perpetradoras y la reparación integral a las víctimas.”
