Familias llaman a abogados para consultar cómo proteger sus casas, fincas, terrenos o oficinas de potenciales confiscaciones. Jurista advierte de consecuencias negativas en el mercado de bienes raíces y en la inversión por temor a una nueva piñata sandinista. 
Por: Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
En el despacho jurídico de este veterano abogado las llamadas de sus clientes han aumentado en los últimos días, con una consulta general: “Doctor ¿corren peligro mis propiedades?”. El abogado le responde a quienes les tiene más confianza: “venga a mi oficina y hablamos”.
La reciente medida de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo, de despojar a 316 ciudadanos de su nacionalidad, vino acompañado de otra arbitrariedad: la confiscación de sus bienes y propiedades.
Ya lo vio Nicaragua otra vez: decenas de policías al servicio del régimen llegaron a la residencia de la periodista Sofía Montenegro para tomarla por asalto. Era de esperarse después que fue declarada, junto a 93 ciudadanos más, “traidora a la patria” por los jueces a sueldo de la dictadura.
Lo que no se esperaba es el resultado final: iban por asalto de un apartamento y terminaron confiscando todo el edificio de 16 en el céntrico reparto San Juan de Managua.
Confiscaciones a periodistas críticas
No importó que los propietarios tuviesen documentos al día, que llevaran décadas habitando ahí o que no tuvieran nada que ver con Montenegro: la Procuraduría General de la República, que funge como abogado de Ortega, los obligó a abandonar el edificio o, a modo de extorsión, pagar 500 dólares mensuales en renta al Estado por el derecho a uso de los apartamentos.
No solo ella fue víctima. Las propiedades, bienes y demás valores de cualquiera de los 94 recién declarados “traidores a la patria”, también fueron objeto de confiscación manu militari.
La confiscación de la vivienda de Sofía Montenegro no fue la primera contra una periodista. En agosto de 2021, la periodista independiente Patricia Orozco denunció que el régimen confiscó su vivienda, ubicada en El Carmen, obtenida 36 años atrás.
La periodista, hoy en el exilio y dentro de la lista de desterradas, denunció que la policía obligó a su familia a desalojar de madrugada y firmar bajo amenaza un documento de “entrega voluntaria” al Estado.
Todo comenzó en 2018
En realidad, las confiscaciones no nacieron en 2023 con el despojo de bienes a los hoy expatriados, sino con el asalto a los edificios de 100% Noticias, Confidencial, Cenidh y otras organizaciones en 2018.
Ese año, las protestas sociales contra la dictadura fueron reprimidas brutalmente por la policía, militares, paramilitares y fanáticos del régimen, provocando una masacre de 355 personas, más de 2,000 heridos, decenas de desaparecidos y detenidos y decenas de miles de exiliados.
El atraco de las confiscaciones se endureció con la anulación de la legalidad de más de 3,000 oenegés, universidades privadas, negocios privados y oficinas de la sociedad civil en 2022, cuyos bienes fueron traspasados al Estado.
De la ola de asaltos a propiedades privadas no se escapó ni el edificio donde funcionó la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Managua, confiscado a sus propietarios originales luego que la dictadura decidiera salir del foro democrático en abril de 2022.
Tampoco escapó a la rabia expropiadora sandinista la sede de Taiwán en Managua, país al que Ortega traicionó para aliarse con China comunista. El edificio que la isla había donado a la Iglesia Católica, antes de abandonar intempestivamente el país fue arrebatado por el Estado y donado, servilmente, al nuevo aliado diplomático chino.
Incertidumbre, miedo y carreras ante “garra confiscadora”
“Desde que se dio la noticia de los 94 ciudadanos a quienes se les anuló arbitrariamente la nacionalidad, y corrió la noticia de la confiscación de sus propiedades, han aumentado las llamadas de clientes de todo tipo que me consultan sobre medidas jurídicas para traspasar sus bienes”, dice este jurista radicado en Managua.
Dice que antes de este fenómeno, el trabajo notarial más fuerte era realizar escrituras de venta de vehículos y viviendas y poderes generalísimos asociados a la migración.
“Mucha gente vende sus bienes para pagarse el costo del viaje y dejan poderes a sus familias para otras gestiones administrativas, pero ahora andan corriendo y preguntando qué hacer para proteger sus casas, sus terrenitos o sus oficinas. Me preguntan: doctor ¿Qué hago para asegurar mi casa? No quiero que me roben”, cuenta el abogado.
“A mis amigos y clientes de confianza yo les soy sinceros: ni la propia embajada americana está segura con Ortega y Murillo en el poder, pero hay medidas legales que pueden protegernos de futuro en una potencial demanda contra el Estado”, dice.
“Mejor mal vendida que confiscada”
A su criterio, la percepción de la inseguridad jurídica en Nicaragua se ha elevado a niveles “de terror” con las noticias de las confiscaciones.
“Es una locura señor, y va tener repercusiones en el valor de las propiedades, en el mercado de bienes raíces y en las inversiones ¿Quién va querer invertir en una vivienda para negocios si no hay seguridad en que no te van a quitar la casa? Ahora mucha gente me dice: ‘doctor mejor voy a vender la casa’, ‘doctor voy a traspasar la casa a mis hijos’, doctor ¿Cómo evito que me confisquen’”.
Según el jurista, muchos propietarios empiezan a valorar la venta de sus propiedades a un precio más bajo del verdadero valor de mercado, pero más rápido, bajo la lógica “mejor casa mal vendida que casa confiscada”.
Este abogado vivió y sufrió las confiscaciones de la primera dictadura sandinista entre 1979 y 1990, cuando se le denominó La Piñata. “Nosotros vivimos la confiscación de una finca de mi abuelo en Matagalpa en 1981. Lo acusaron de ser de la Contra y se la dieron a una cooperativa y terminó en mano de unos empresarios sandinistas con La Piñata de 1990”, rememora.
Origen y efecto de La Piñata
La Piñata fue la culminación de una década de confiscaciones y robos de bienes y propiedades privadas. Al perder Daniel Ortega las elecciones del 25 de febrero de 1990, ordenó legalizar todas las propiedades confiscadas y traspasarlas a militares, funcionarios, cooperativas y empresarios sandinistas.
Aquella acción de Ortega le costó a Nicaragua una deuda de más de 2,000 millones de dólares para resarcir los daños a los ciudadanos afectados, cuando estos demandaron al Estado por los abusos sandinistas de los años 80.
A raíz de aquella atrocidad jurídica, los nuevos gobiernos democráticos respetaron el artículo 44 de la Constitución Política reformada en 1995, donde textualmente se “prohíbe la confiscación de bienes” y se garantiza el “derecho de propiedad de bienes muebles e inmuebles”.
El país trataba, con esa reforma, erradicar para siempre las legislaciones sandinistas que dieron origen a las confiscaciones.
El 20 de julio de 1979 la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional aprobó el Decreto No.3 para confiscar todos los bienes de la familia Somoza, militares de la Guardia Nacional, funcionarios públicos y familiares de ellos que abandonaron el país tras la salida del dictador Anastasio Somoza Debayle.
Luego, el 19 de julio de 1981, Ortega emitió el decreto 760 conocido como “Ley de los ausentes”. Este decreto permitía la apropiación por parte del Estado de los bienes muebles o inmuebles, títulos, valores y acciones, de cualquier naturaleza de aquellos propietarios nicaragüenses, que se habían exiliado al menos seis meses antes.
El Waiver y el regreso de las confiscaciones
Finalmente llegó el derrumbe de la dictadura, la cual promulgó entre febrero y abril de 1990 tres leyes (Ley 85, Ley 86 y Ley 87) para legalizar y traspasar las propiedades confiscadas, urbanas y rurales, a manos de militantes, militares, policías, funcionarios y hasta extranjeros.
Gran parte de los miles de nicaragüenses exiliados se nacionalizaron estadounidenses y tras la derrota sandinista regresaron a reclamar sus bienes y demandar al Estado.
El gobierno de Estados Unidos, en defensa de sus ciudadanos sometió a Nicaragua desde el año fiscal 1994-1995 a una dispensa diplomática, bautizada como “waiver de la propiedad”, aprobada con base en la Sección 527 de la Ley de Autorización de las Relaciones Internacionales de los años fiscales 1994 y 1995.
Esa norma prohibía asistencia y apoyo de Estados Unidos a los países que no brinden a los ciudadanos estadounidenses un mecanismo adecuado para resolver sus reclamos de propiedades confiscadas. Ese mecanismo de presión finalizó en 2015, pero no frenó las confiscaciones sandinistas que en pleno 2023, siguen privando de sus bienes a sus ciudadanos.
