Abogados y defensores de derechos humanos, critican la falta de respeto a la institucionalidad del país. Le recuerdan al régimen, que aunque la Asamblea Nacional apruebe la figura, ambos ejercen un mandato ilegítimo, por tanto, la reforma también será ilegítima
Por: Voces en Libertad/ contacto@intertextualcr.com
Abogados y defensores de derechos humanos califican de “una aberración jurídica más”, “ocurrencia absurda e ilegal” y sin precedentes en la historia de la nación, la propuesta del dictador Daniel Ortega de reformar la Constitución para crear la figura de “Copresidencia” para su esposa, Rosario Murillo.
Murillo es la vicepresidenta de Ortega para este cuarto mandato que los nicaragüenses y la comunidad internacional rechazan, pero que impuso con elecciones amañadas, las armas de las instituciones del Estado y de sus fanáticos. Durante su monólogo del pasado 9 de febrero, en el que aprovechó para tratar de justificar ante sus bases la decisión de desterrar a 222 presos políticos, Ortega presentó a Murillo primero como vicepresidenta, y luego como “copresidenta”.
“Rectifico: copresidenta de la República. ¡No, en verdad! Así es: copresidenta de la República (…) en la Constitución tendremos que hacer algunas reformas”, dijo Ortega al dirigirse al presidente de la Asamblea Nacional, el diputado de su partido Gustavo Porras, que lo acompañaba en el encuentro. “Tendremos que hacer algunas reformas para que quede establecido el principio de la copresidencia”, insistió Ortega.
“Ocurrencia absurda”
Gonzalo Carrión, abogado del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca+, exiliado en Costa Rica, aseguró que la propuesta “es otra ocurrencia que no tiene ningún asidero o sustento legal, desde el punto de vista constitucional, ni de régimen presidencial, que tenemos rato de no tenerlo en Nicaragua”.
El defensor de derechos humanos, agrega que la propuesta de Ortega “no tiene ninguna justificación jurídica en la teoría del derecho”, y precisó que también carece de lógica constitucional.
Otro que critica la propuesta, es el defensor de derechos humanos y director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos, Pablo Cuevas, exiliado también, pero en Miami, Estados Unidos. “Es muy conocido que la fortaleza de un sistema democrático que, aunque sea medianamente funcional, está en la institucionalidad, significa que todas las instituciones del Estado actúan en base a la conveniencia del Estado democrático. En nuestro país, hablar de Estado democrático es una utopía, estamos hablando de que todos los poderes se someten a la voluntad omnímoda del presidente y la vicepresidenta”, criticó.
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Cuevas coincide con Carrión al asegurar que la propuesta “es una ocurrencia”, pero que en la práctica, dice mucho para el tipo de gobierno que hay en Nicaragua. Según Cuevas, Murillo ya no es vicepresidenta “si fue el mismo Ortega el que la eleva al mismo nivel de él con esa copresidencia. Aunque sea un invento, ellos se la creen”, señala Cuevas.
El abogado recuerda si, que los dos carecen de legitimidad, por lo que aunque
voten a favor de la reforma todos los diputados de la Asamblea Nacional, “ni él como presidente, ni ella como su copresidente, son legítimos”.
Asegurar la la dinastía
Ambos defensores y abogados, refieren que aparte de confesar de que “ambos comparten el poder”, se está “asegurando la sucesión” de la dinastía Ortega-Murillo en el país.
Carrión, afirma que con esta propuesta, el binomio presidencial está buscando que en el futuro “no haya rebelión en la granja porque al decir yo también soy copresidenta tengo los mismos poderes, se garantiza la sucesión familiar, eso es político”.
Cuevas agrega que “Daniel Ortega confesó el poder que tiene la vicepresidenta, prácticamente se anuló él mismo, a través de su narrativa”. Recordaron que el régimen padece de una crisis interna por los anticuerpos que genera Murillo dentro del viejo sandinismo.
Cuevas señala que esta ocurrencia, “no sorprendería” de no ser por como funcionan las cosas en el país. “Rosario dispone, según dice Ortega, y la Asamblea Nacional, el Ejército, la Policía, el Poder Judicial, se cuadran se someten a la voluntad de esta señora por lo que podemos afirmar categóricamente que es vergonzoso como se perdió la institucionalidad, el respeto a normas de autonomía de los distintos poderes en nuestro país”.
El director de la Defensoría Nicaragüense de Derechos Humanos lamenta que la propuesta demuestra que en Nicaragua no existe “ni el más mínimo remedo de democracia”, y precisa que “Ortega admite sin turbarse como se deshizo del respeto a las leyes e impuso su feudo familiar”.
