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Por: Redacción Intertextual / San José/ contacto@intertextualcr.com
El consejo municipal del municipio de Rivas, conformado en su mayoría por concejales sandinistas, aprobó el pasado fin de año un código de ética con el que pretenden imponer el bozal a los funcionarios públicos para que no filtren información de la alcaldía del casco urbano del departamento.
El artículo número siete de ese código, que está relacionado con la confidencialidad y la precisión de la información, señala que los funcionarios deben de guardar secreto sobre los asuntos municipales y no revelar información, contraviniendo así, a la Ley 621 de Acceso a la Información Pública y a la propia Constitución de la República.
El código sostiene: “El servidor público de la alcaldía debe de mantener confidencialidad y no revelar información propia de la comunidad, de la que tenga conocimiento por el ejercicio de sus funciones y que no esté destinada al público en general. Tampoco utiliza en su beneficio o de terceros, información cuyo conocimiento otorgue ventaja indebida, genere discriminación de cualquier naturaleza o conduzca a una violación al ordenamiento jurídico.
Mientras que en el artículo número once de ese mismo código se establece que los servidores públicos deben de poner en conocimiento de su superior inmediato o de la autoridad que corresponda, aquellos actos o actuaciones de las que tuviera pleno conocimientos que puedan causar perjuicio a la institución, intentando justificar de esta manera, el trabajo sucio de aquellos funcionarios “chivatos u orejas”, cuyo misión principal es indagar a sus otros compañeros.
El documento revela que un incumplimiento al código será sancionado de acuerdo a la gravedad de la falta cometida, conforme a los reglamentos internos de la institución, a las leyes de carácter administrativas, y a la Ley orgánica de la Contraloría General de la República, la que puede presumir responsabilidad penal en cualquiera de los casos.
A Josué Vázquez, ex concejal de la alcaldía de Rivas, y quien se encuentra exiliado en los Estados Unidos, le preocupa principalmente el artículo que restringe a los funcionarios facilitar información pública, pues con ello se demuestra que hay una información que la dictadura quiere ocultar a los ciudadanos, y que de ninguna manera pretende que se conozca públicamente.
Aunque el ex concejal, tiene dudas de que este código se vaya a aplicar, pues por el contrario, ahí se recoge todo lo que ha venido haciendo mal el partido de la dictadura, que no solo ha irrespetado la autonomía municipal, si no que le ha dado funciones a un organismo público como es el INIFOM, de intervenir en asuntos que son competencia exclusiva de las alcaldías.
Durante varios años, tanto Vázquez como el resto de ciudadanos, denunciaban los constantes actos de corrupción registrados en la época del ex alcalde Wilfredo López Hernández sobre todo en la adjudicación de los proyectos de inversión donde siempre se beneficiaba a los mismos, y donde la Contraloría General de la República nunca vio nada. Ahora con este código los funcionarios no podrán hablar del tema como el caso del ex alcalde.
Tras la caída en desgracia del ex alcalde Wilfredo López y de todo su equipo de dirección, debido a una conspiración orquestada desde el mismo Frente Sandinista, la Contraloría encontró presunción de responsabilidad penal en contra de varios funcionarios, incluyendo al ex alcalde por una malversación de más de un millón de córdobas.
Para el ex concejal no es casual que este código se apruebe en este momento, pues la dictadura no puede permitirse que la gente siga viendo los actos de corrupción a todos los niveles, sobre todo cuando tiene que aplicar algunas medidas recaudatorias que no son del agrado de la población e incluso de su propia militancia.
Un analista político, que por motivos de seguridad no quiso revelar su nombre aseguró que ese código no es realmente lo que debería de ser, pues un documento de ese tipo recoges aspectos de convivencias laborales, de tratos personales, pero no asuntos que ya están regulados en nuestra legislación.
“Lo que yo veo es que es documento estrictamente diseñado para evitar que se filtre la información de la alcaldía, y para censurar a los trabajadores municipales.” justifica el analista, quien cree que lo que está haciendo la dictadura es adelantándose a los acontecimientos y evitar que se sepa todo lo que se supo del caso del ex alcalde Wilfredo López y de su entramado de corrupción del que ellos eran conocedores.
Otro de los artículos más polémicos que recoge el código se refiere a las contribuciones a campañas políticas partidarias y a las donaciones, a sabiendas de que las alcaldías de todo el país han sido, y siguen siendo, las principales caja chicas del partido de gobierno.
“Ningún servidor público puede otorgar dinero, ni activos de la institución, en apoyo a campañas políticas- partidarias, como tampoco a candidatos determinados de procesos electorales de carácter gremial o institucional, efectuadas en las diversas sedes de la misma” señala el documento que entró en vigencia el pasado tres de enero.
El código de ética a la cual tuvo acceso Intertextual, aplicable en la alcaldía de Rivas, consta de cuatro capítulos y de quince artículos, se desconoce si el resto de alcaldías del departamento o el país apliquen la misma medida.
