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Por: Redacción / Intertextual/contacto@intertextualcr.com
Tras la cancelación de 20 concesiones mineras de parte del Ministerio de Energía y Minas (MEM) a varias pequeñas empresas de explotación minera, el ambientalista Amaru Ruíz, representante de la Fundación del Río, estima que con la cancelación de las operaciones, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo podría beneficiar a empresarios mineros allegados a la dictadura.
“Lo que creo, es que las empresas más grandes y las que están más vinculadas con el régimen son las que se van a beneficiar con este ordenamiento o esa actualización del estado de las concesiones que tenían esas empresas más pequeñas y que por ende, estas concesiones pueden pasar a manos de otros concesionarios”, expresó Amaru Ruíz a InterTextual al ser consultado al respecto.
Sorpresivamente, la dictadura de Daniel Ortega, canceló 20 concesiones mineras por supuesta “falta de actividad”. Las cancelaciones fueron publicadas este miércoles en La Gaceta, Diario Oficial.
Sanciones al gobierno de Daniel Ortega por concesiones mineras
El Ministerio de Energía y Minas se basó en la Ley N°. 1128, “Ley de Reforma y Adiciones a la Ley N° 387, Ley Especial sobre Exploración y Explotación de Minas”: “El Ministerio de Energía y Minas ejecutará un seguimiento y revisión de las concesiones mineras otorgadas para determinar el cumplimiento de las obligaciones de los titulares mineros”.
“Lo que creo es que hay un ordenamiento del estado de las concesiones para beneficiar a otros concesionarios más grande”, insiste Amaru.
Esta es la primera vez que el régimen cancela las concesiones mineras a pequeños empresarios. Cabe mencionar que el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos bloqueó las exportaciones de oro de Nicaragua, como una medida para frenar las violaciones a los derechos humanos cometidas por el régimen sandinista.
La publicación de La Gaceta detalla que el Ministerio de Energía y Minas tiene la facultad de “cancelar” las “concesiones mineras” en caso de “incumplimientos” o bien, establecer acuerdos de cumplimiento en los casos que amerite con los concesionarios mineros que cometan infracciones.
