“El Estado de Nicaragua es cómplice por negligencia y en ciertos casos actor directo por la imposición de autoridades y criminalización”, señaló una de las personas presente en la presentación del informe.
Por: Redacción Intertextual/contacto@intertextualcr.com
En respuesta a los desafíos e intranquilidades causadas por las graves violaciones de derechos humanos que se viven en la Moskitia Norte, nace El Observatorio de Pueblos Indígenas y Afrodescendientes de Nicaragua (OPIA).
Durante la conferencia de prensa realizada de manera virtual, OPIA se presentó como un espacio para la defensa y promoción de los derechos individuales y colectivos de sus comunidades indígenas y afrodescendientes, desde donde se impulsará un cambio en las relaciones de racismo estructural hacia la Muskitia, para defender la vida y la Madre Tierra.
Como ha sido denunciado por líderes hombres y mujeres de las comunidades en Nicaragua aunque haya leyes y convenios internacionales de protección de los derechos indígenas, las violaciones persisten, generando impactos negativos no solo en las comunidades afectadas, sino también en el medio ambiente y la biodiversidad de la región.
La metodología que está siendo utilizada por OPIA, se basa en un enfoque integral y participativo que se realizó tras un estudio exhaustivo de los casos, buscando establecer un contexto social, cultural, económica e histórica que permita una interpretación profunda y sistémica para revelar los patrones, cuáles son los factores y los impactos que estos han tenido de manera negativa sobre la biodiversidad y la comunidad, con el objetivo de dar salida y brindar alternativas que estén a favor de estos pueblos, trabajando en un sistema de monitoreo y alerta comunitaria que mantendrá una permanente vigilancia comunitaria en más de 100 comunidades en los 23 territorios de la Muskitia.
La violencia como el instrumento para la desposesión de los bienes comunes en Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
En el informe se menciona de manera transparente las violencias que han estado viviendo estas comunidades, se analizaron 1291 hechos de violaciones a derechos humanos registrado entre marzo 2022 y septiembre 2023 en 16 territorios de la Muskitia Norte orientados al despojo de sus tierras, destacando que la presencia armada de colonos, la imposición de autoridades paralelas, ventas y arrendamientos clandestinos, la falta de reconocimiento y validación de las asambleas comunitarias son los factores que contribuyen al debilitamiento de la institucionalidad comunitaria ancestral como estrategias utilizadas para socavar la resistencia comunitaria, llevando a la migración forzada y la pérdida de identidad cultural.
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Refiriéndose a Los perpetradores se nombran los Colonos armados, autoridades de las Alcaldías principalmente la de Waspan, Policía Nacional y Ejercito, Consejos de liderazgos Sandinistas y autoridades comunales impuestas o cooptadas, quienes han ejercido estas violencias. El Panelista manifiesta como manera de denuncia que “el estado de Nicaragua es cómplice por negligencia y en ciertos casos actor directo por la imposición de autoridades y criminalización”.
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Los mayores hechos de violencia se ubican en el Territorio Indigena de Li Lammi seguido muy de cerca por el Territorio Indígena de Wagki Twi Tasba raya, Territorio Indígena Li Aubra y el Territorio Indígena Mayangna Sauni As. Reiterando que la impunidad se convierte en una herramienta deliberada para minar la capacidad de resistencia y perpetuar las violaciones de derechos sistemáticas.
Neo extractivismo ocurrido en Pueblos Indígenas y Afrodescendientes
El informe muestra que en los últimos 15 años Nicaragua ha experimentado uno de los momentos más intensos en el desarrollo de la minería, aumentando en un 74.69% las concesiones mineras de 2006 a 2022, con un aumento de más del 500% en el volumen de oro producido convirtiendo a Nicaragua en el principal extractor de oro en Centroamérica. Esta expansión de la minera es posible gracias a la subvención de la naturaleza y las poblaciones locales, el incumplimiento a la regulación de sobre las áreas restringidas y áreas naturales protegidas como Bosawas. Esto se vincula directamente con el desplazamiento forzado de comunidades indígenas.
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“Hay comunidades donde sus pobladores prefieren irse, ´no vamos a dejar que nos maten por la tierra, tenemos hijos y familia” expresó otro de los panelistas de la sesión virtual en la presentación del informe.
