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En el foro virtual: “Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión” se abordó el caso de la Fundación Violeta Chamorro, la situación de los presos políticos, la represión y caos que viven los nicaragüenses
¿Cómo se puede ejercer la defensa de las personas acusadas cuando los mismos abogados corren el riesgo de ir presos o han tenido que exiliarse?, la represión que viven los nicaragüenses bajo el régimen dictatorial… fueron algunos de los puntos que se abordaron la tarde de este jueves durante el foro virtual “Juicios, arbitrariedades y nulidades como arma de represión”.
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En este evento participaron juristas y académicos internacionales, estuvo moderado por Dagmar Thiel, CEO de Fundamedios U.S.A. y coordinado por Voces del Sur (VdS) una red regional de organizaciones que trabajan en 14 países por la libertad de expresión.
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Thiel dio apertura al foro refiriéndose al hecho ocurrido el 21 de marzo, cuando el juez Luden Martín Quiroz García, del Juzgado Noveno Distrito Penal de Juicio de Managua, declaró culpable y sentenció a ocho años de prisión a la periodista y precandidata presidencial Cristiana Chamorro, en su calidad de presidenta de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) por los supuestos delitos de lavado de dinero, bienes de activos, gestión abusiva, falsedad ideológica, además de una multa de 3 millones de dólares, equivalente al supuesto monto de lavado de dinero.
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Se abordó el caso de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro por ser emblemático de represión de la sociedad civil, una sentencia en la que fueron condenados tres colaboradores de la fundación como son Marcos Fletes, contador general; Walter Gómez, financiero; sentenciados a 13 años y el conductor Pedro Vásquez, condenado a siete años de prisión, así mismo fue condenado Pedro Joaquín Chamorro, de 70 años, miembro de la fundación, a nueve años de cárcel.
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“Son juicios como todos los que se llevan a cabo, como todos los presos políticos que han sido detenidos desde mediados del año pasado y que se llevaron a cabo desde El Chipote, donde han permanecido detenidos y han sido sometidos a tratos crueles, inhumanos, degradantes, de tortura…”, refirió la moderadora.
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Thomas Burt, de Voces del Sur, mencionó que la red siempre busca acompañar a los colegas en la primera línea de la batalla para preservar los derechos fundamentales que sostienen a la democracia a lo largo de América Latina. “El pronunciamiento de la red Voces del Sur a favor de los periodistas nicaragüenses en contra del régimen Ortega-Murillo es contundente y claro, consideramos que la política del actual gobierno es una permanente ofensiva contra los derechos y las libertades básicas y que han resultado en un deterioro absoluto de la democracia en este país…”.
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,Laura Chinchilla, expresidenta de Costa Rica panelista del foro, refirió que es más que evidente que estamos ante un régimen dictatorial, dinástico y cruel, “que ha venido no solamente lastimando de manera consistente ya por varios años la situación de los derechos humanos, sino que esto ha generado otras implicaciones…”.
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Así mismo expresó que “Daniel no ha ocultado nada, nunca ocultó sus intenciones, todo lo que ha sido en Nicaragua ha sido hecho a plena luz del día y algo que tenemos que señalar con la complicidad de otros sectores a lo interno del país”.
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Chinchilla señaló que Ortega ha pasado de usar mecanismos nacionales hasta usar el tema de normas para prevenir el lavado de dinero a nivel internacional.
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Por Nicaragua participó Orietta Benavides, abogada especialista en derecho penal y defensora titular del caso FVBCH, quien refirió que este caso no es más que un manual de violaciones reiteradas al debido proceso, “en el cual se han violentado absolutamente todos los derechos y garantías constituciones de cada una de las personas que han sido sometidas a este ilegal y arbitrario proceso, estamos hablando de la tragedia de Cristiana Chamorro Barrios, de Marcos Fletes, Walter Gómez, Pedro Vásquez y Pedro Joaquín Chamorro Barrios, un caso que inició a partir de una citación que hizo la dirección de asociaciones del Ministerio de Gobernación a Cristiana Chamorro para que respondiera por supuestas inconsistencias que ese ente regulador encontró en los estados financieros de la fundación, lo cual es totalmente falso…”.
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Así mismo añadió que jamás el Ministerio Público presentó una investigación complementaria que justificara esa detención ilegal, “luego cuando entramos a la parte judicial y luego de meses nuestros representados, jamás tuvieron contacto con nosotros. En el caso de Cristiana, por ejemplo, podría decirles que nunca tuvimos acceso a una entrevista con ella, sino hasta el 8 de junio por espacio de 30 minutos, pero días antes ya se había celebrado una audiencia improvisada por la juez noveno Karen Chavarría que procedió al allanamiento del domicilio de Cristiana, a su detención y ocupación de los bienes, de ella y su hija Cristiana Lacayo…”.
“Dictadura cleptocrática”
Durante el evento los especialistas expusieron que lo que hay en el país es un “terrorismo de Estado” y una “dictadura cleptocrática (establecimiento y desarrollo del poder basado en el robo de capital)”.
El peruano José Ugaz Sánchez-Moreno, abogado y especialista en derechos humanos calificó como régimen cleptocrático el gobierno de Ortega, “quien viene tentando el poder de manera ininterrumpida desde hace 15 años y eso ha traído como característica fundamental el hecho de que él y su familia hayan concentrado el acceso a los medios de comunicación, sobretodo la televisión, la radio…y sus hijos son piezas claves de los negocios y operadores políticos como es el caso de Laureano… es decir nepotismo por donde se le mire”.
A este especialista le continúo ,Paulo Abrão de Brasil, doctor en Derecho y ex secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), quien hizo un diagnóstico sobre las violaciones que se han venido dando en los juicios y en el trato a la sociedad civil, así mismo se solidarizó con Violeta Chamorro y sus familiares; y los funcionarios de la fundación.
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“Efectivamente lo que hemos estado observando en Nicaragua desde abril del 2018, cuando ingresamos en el país con la primera misión de observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (,CIDH) para sistematizar las graves violaciones y todo lo que estaba pasando en el país, llegamos a la conclusión que cuando se dan actuaciones arbitrarias a los poderes públicos, mediante el uso de métodos represivos ilegales, ilegítimos en contra de toda la ciudadanía, de grupos sociales específicos, como es el caso de la prensa libre y de las organizaciones…es que existe un uso ilegítimo de la fuerza y se violentaron los derechos Derechos Humanos (CIDH)”.
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“Estamos ante un caso concreto de terrorismo de Estado que busca atemorizar a la población para favorecer a sus fines”, añadió Abrão, quien mencionó que bajo la legalidad autoritaria se va dando un ambiente de persecución y de ahí las detenciones ilegales y el cierre de organizaciones.
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