“Esta sistematización sirve como una herramienta de lucha para la defensa de los Derechos Humanos y también para la construcción de la memoria histórica”, asegura Mónica López Baltodano de Fundación Popol Na
Este lunes 21 de febrero tres organizaciones de la Sociedad Civil de Nicaragua, La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na y Fundación del Río, presentaron dos informes de sistematización “sobre la demolición de la Libertad de Asociación en Nicaragua”, Dichos documentos según indican los panelistas fueron presentados y entregados formalmente a personas delegadas por el Cuerpo Diplomático acreditado en Costa Rica y organizaciones aliadas.
“En 2019 eran nueve las personerías jurídicas canceladas y bienes arrebatados a las organizaciones sin fines de lucro en Nicaragua, incluyendo Fundación del Río y Popol Na. En este mes de febrero de 2022 a casi tres años “el Estado de Nicaragua no sólo no atendió a las recomendaciones del EPU para garantizar la Libertad de Asociación, sino que canceló 96 personerías jurídicas de ONG nacionales e internacionales, asociaciones médicas, asociaciones culturales, universidades, organizaciones gremiales y empresariales”, dicen las organizaciones en un comunicado.
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Con estas cancelación de personalidad jurídica y las confiscaciones de bienes e inmuebles, de estas organizaciones en todos los sectores ya mencionados, dejó en el desamparo y vulnerabilidad a quienes eran beneficiados con los proyectos que ejecutaban las organizaciones “En muchos de estos casos se confiscó de facto sus bienes y dejó desatendidas a miles de nicaragüenses que eran personas beneficiarias de sus proyectos de desarrollo; envió al desempleo y al exilio a decenas de profesionales y personas trabajadoras” apuntan los activistas.
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El gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo a través del Ministerio de Gobernación, Migob y la Asamblea Nacional ha legislado y establecido un control financiero que “asfixia la libertad de asociación en el país, para sustituirla por un control político absoluto de la ciudadanía”, se lee en el comunicado.
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Los dos informes presentados por La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na y Fundación del Río, explica el poder absoluto que quiere tener el gobierno de los Ortega Murillo, a través de leyes represivas, aseveran las organizaciones firmantes “documentan la instrumentalización del poder judicial que deniega justicia a las organizaciones, y la instrumentalización del poder legislativo que ha creado un cuerpo normativo (agentes extranjeros, seguridad soberana y ciberdelitos) que criminaliza la libertad de asociación, lo que inclusive está poniendo en riesgo la cooperación al desarrollo”.
La represión contra toda forma de organización, crítica o protesta, ha sido documentada por múltiples organismos a nivel nacional e internacional. Por tal razón, en diciembre de 2021 el Civicus Monitor dio la escala de espacio cívico “CERRADO” en Nicaragua.
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El ambientalista Amaru Ruiz, director de Fundación de Río, expuso que cada cuatro años el CDH, hace una revisión del cumplimiento de los Derechos Humanos de los países y cada dos años existe una revisión intermedia, en el tercer ciclo de revisión en “el año 2019 Nicaragua recibió 259 recomendaciones, las cuales según el gobierno de Ortega recibió 135 recomendaciones y anotó 124 “carecen de fundamento y distorsionan la realidad.” Según el Ambientalista actualmente se está en el cuarto período de revisión.
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Las recomendaciones dadas al Estado de Nicaragua fueron: las libertades fundamentales, el acceso a la justicia, estas vinculados a las política y detenciones arbitrarias al acceso a organizamos de derechos humanos, a la vez al desarrollo y desigualdad, esas fueron el énfasis de las recomendaciones elaboradas por los Estados de 27 países en la revisión del examen periódico Universal, 29 de esas recomendaciones de vinculan a la libertad y asociación de Nicaragua. De la cuales el Estado de Nicaragua “acepto 12 recomendaciones, 5 fueron anotada y 7 recibidas por Nicaragua, expone Ruiz.
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El Estado de Nicaragua ha incumplido con las recomendaciones entre ellas, restaurar la personalidad Jurídica, bienes e inmuebles a de Asociaciones defensoras de derechos Humanos y a los medios de comunicación, al contrario, más organizaciones fueron canceladas su personalidad jurídica e incautados sus bienes, entre ellas partidos políticos, asociaciones gremiales, universidades, organizaciones internacionales, organizaciones sin fines de lucro y medios de comunicación.
Por su parte Mónica López Baltodano activista de la Fundación Popol Na, apunta que el compromiso con estos documentos es mantener vigente la situación de Nicaragua, en el 2020 entregaron el primer informe a embajadas y organismos Internacionales como un aporte a distintas campañas, como un acto de resistencia “hemos logrado hacer esta sistematización considerando que la sistematización sirve como una herramienta de lucha para la defensa de los DDHH y también para la construcción de la memoria histórica”, argumenta la activista.
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La entrega de estos dos informes al Cuerpo Diplomático de 16 países, representa un esfuerzo por aportar a la documentación detallada de los crímenes del régimen Ortega-Murillo en contra de las libertades ciudadanas y los Derechos Humanos del pueblo de Nicaragua, para abonar a conseguir que, “en el futuro todos los crímenes serán juzgados y que conquistaremos la justicia”, señalan las organizaciones.
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Añade que este informe, contribuye a la demanda sentida de la población nicaragüense que exige la liberación de mas de 170 personas presas políticas y lograr la memoria y preparación y justicia para todas las víctimas de los crímenes”.
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Datos importantes que aparecen en estos textos es la recopilación documentada de “115 agresiones a diferentes formas asociativas en el país, durante el período 2007-2022. Tenemos la certeza que existe un número mayor de organizaciones sin fines de lucro que han tenido que cerrar en Nicaragua.” resaltan las organizaciones firmantes.
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La Plataforma Nicaragüense de Redes de ONG, Popol Na y Fundación del Río se comprometieron públicamente a seguir defendiendo derechos y aseguran que no requieren una personalidad jurídica para cumplir sus objetivos. “no se requiere de personería jurídica para luchar por una mejor Nicaragua. Afirmamos con absoluta convicción que la confiscación de bienes y personerías jurídicas, no impedirá que sigamos ejerciendo nuestro derecho a defender derechos”.
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